Dora Guadalupe Sanchez Loyola
Expediente 649/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Dora Guadalupe Sanchez Loyola
Actuaciones
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte: La quejosa omitió recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO (quedó firme). Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Al expediente el oficio de cuenta, signado por el Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación "A" de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Puebla. En él rinde su informe justificado y como apoyo al mismo remite copia certificada del acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del duplicado de la carpeta de investigación **. Ahora, la recepción de dicho informe y constancias permite visualizar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo . Lo anterior porque cambió el escenario planteado desde el inicio por la quejosa -en su demanda de amparo-. En un principio, la quejosa reclamó la falta de acuerdo y notificación a la promoción consistente en el escrito de denuncia presentado por la quejosa contra diversos servidores públicos del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Sin embargo, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al diverso 217 de la ley de la materia, pues del informe justificado y las constancias remitidas por la autoridad responsable es evidente el siguiente escenario: el quince de julio de dos mil diecinueve, el referido fiscal dio contestación al escrito de denuncia de veintiuno de mayo del presente año, suscrito por la quejosa De tal suerte, se advierte que durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido el goce de sus derechos de petición y acceso a la justicia. Lo anterior porque, del informe justificado del fiscal responsable y de la constancia remitida en apoyo al mismo, se advierte que dicho escrito fue acordado el quince de julio del año en curso, y notificado vía correo electrónico en la misma data. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2 . En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión de la autoridad responsable, al grado de haber restituido a la quejosa en su derechos fundamentales violados, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, pues el Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación "A" de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Puebla, dio contestación y trámite al escrito de veintiuno de mayo del presente año, presentado por la quejosa, por tanto se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma ley. Funda lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Asimismo, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las diez horas con treinta y cuatro minutos del seis de agosto del presente año. Cabe precisar que resulta inconducente dar vista al quejoso con el acuerdo emitido por la responsable en torno a su escrito de veintiuno de mayo del año actual, pues se acordó lo conducente y se le notificó el mismo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe **, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Puebla. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se apertura el incidente de suspensión. No se tramita incidente de suspensión porque la quejosa omitió solicitar la medida cautelar, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Notificación del fiscal adscrito. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y de la demanda de protección. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la autoridad responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a la responsable: de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, le será impuesta, multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Pero si a la fecha cuando reciba la notificación de este acuerdo, ya hubiera acordado los escritos que motivan la demanda de protección, hago saber al agente responsable que sólo deberá remitir copias certificadas de ese acuerdo y de la notificación efectuada a la quejosa, en la averiguación previa de origen, para apoyar el informe justificado que rinda en este juicio. Incluso conviene indicarle que la emisión del acuerdo relacionado con los escritos presentados por la quejosa -mencionado en la demanda de protección- puede evitar que se declare en la sentencia de este juicio, una violación al derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal. Solicitud de antecedentes. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, ha sido tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal fue radicado el mismo. Se requiere a la responsable el nombre y domicilio de los terceros interesados. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias de donde sea desprendida tal información. Con el apercibimiento de que si omite cumplir lo ordenado en el párrafo anterior en el plazo señalado, sin causa justificada, le será impuesta una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) conforme a los artículos 260, fracción IV, y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar el hecho notorio consistente en la carga de trabajo de la autoridad responsable, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento le generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Notificación de la autoridad responsable. También se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio respectivo, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y se tendrá por hecha la notificación. Además, le será impuesta una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación. En términos de la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace saber a las responsables, con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito. Apercibimiento a la parte quejosa. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se le apercibe que en caso de que la autoridad que designó como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Instrucciones para el secretario encargado de este expediente. Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con treinta y cuatro minutos del seis de agosto de dos mil diecinueve, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Por otra parte, como lo solicita la quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla, Puebla); y queda autorizada para los mismos efectos ** al no estar registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. En cambio, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **, por si estar registrados ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Autorización para toma de fotografías. Ahora, desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a la quejosa o las personas autorizadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les informa que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y la quejosa) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual debe realizarse previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), se procederá en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Por último, se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) realizar las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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