Donaldo Barrales Ayon

Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
706/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Donaldo Barrales Ayon

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 96, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no se inconformó contra el auto de doce de julio del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 706/2021-VI. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1 presentada por el quejoso , por derecho propio, contra actos del Fiscal General Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece esencialmente que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a los Agentes del Ministerio Público o titulares de las fiscalías o fiscales, todos señalados como autoridades responsables, porque (como se explicó en párrafos precedentes) carecen de facultades legales y constitucionales para librar una orden de aprehensión o comparecencia o de presentación de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1414 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Empero, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el quejoso sólo menciona que, agentes ministeriales se presentaron en su domicilio particular al parecer ubicado en el Estado de Puebla, mencionando a sus familiares que tienen una orden de aprehensión, presentación o comparecencia en su contra, sin demostrarlo. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, por propio derecho, contra las órdenes de aprehensión, presentación o comparecencia, reclamados a los agentes ministeriales señaladas con el carácter de ordenadoras, y la ejecución de esas órdenes, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las órdenes privativas de libertad (jueces). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio físico del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas Darío Ramírez Saucedo y Leopoldo García Caltenco, porque aquél decidió otorgarles facultades amplias y fueron encontradas las cédulas de los profesionistas, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación, y los restantes solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo señalado el quejoso en su demanda de amparo. Además, se tiene únicamente como medio de contacto los números telefónicos y correos electrónicos que señaló en la demanda, pues la Ley de Amparo no prevé ese medio para realizar notificaciones. Notifíquese; de forma personal al quejoso y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 706/2021-VI. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1 presentada por el quejoso , por derecho propio, contra actos del Fiscal General Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece esencialmente que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a los Agentes del Ministerio Público o titulares de las fiscalías o fiscales, todos señalados como autoridades responsables, porque (como se explicó en párrafos precedentes) carecen de facultades legales y constitucionales para librar una orden de aprehensión o comparecencia o de presentación de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1414 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Empero, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el quejoso sólo menciona que, agentes ministeriales se presentaron en su domicilio particular al parecer ubicado en el Estado de Puebla, mencionando a sus familiares que tienen una orden de aprehensión, presentación o comparecencia en su contra, sin demostrarlo. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, por propio derecho, contra las órdenes de aprehensión, presentación o comparecencia, reclamados a los agentes ministeriales señaladas con el carácter de ordenadoras, y la ejecución de esas órdenes, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las órdenes privativas de libertad (jueces). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio físico del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas Darío Ramírez Saucedo y Leopoldo García Caltenco, porque aquél decidió otorgarles facultades amplias y fueron encontradas las cédulas de los profesionistas, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación, y los restantes solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo señalado el quejoso en su demanda de amparo. Además, se tiene únicamente como medio de contacto los números telefónicos y correos electrónicos que señaló en la demanda, pues la Ley de Amparo no prevé ese medio para realizar notificaciones. Notifíquese; de forma personal al quejoso y cúmplase.

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