Donaji López Diaz
Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Donaji López Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo, asimismo, que se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelven los autos del juicio de amparo indirecto 618/2021, promovido por Donaji López Díaz, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. R E S U L T A N D O: PRIMERO. ANTECEDENTES. De lo narrado por la quejosa en su demanda de amparo, bajo formal protesta de decir verdad, se evidencia que con el nombramiento de actuaria judicial 10 de confianza eventual, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, promovió juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad y puerto de Salina Cruz, con motivo de la pandemia generada por el virus COVID 19, en el que afirma que, ante su situación de vulnerabilidad, se le concedió la suspensión de plano para que no se presentara a laborar de manera presencial. Sin embargo, refiere que a pesar de ello, el director de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, revocó el nombramiento que venía ostentando y que por ello, con su actuar las autoridades responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Razón por la cual, acudió a ampliar su demanda en defensa de los derechos fundamentales que estima violados. SEGUNDO. DEMANDA DE AMPARO. La ampliación de la demanda de amparo fue presentada ante el Juez Sexto de distrito en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca y al estimar que se trataba de actos desvinculados de la demanda inicial, la remitió por incompetencia legal al Juzgado de Distrito en turno con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Dicha demanda fue recibida en este Juzgado por razón de turno, donde quedó registrada con el consecutivo 618/2021 y el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, fue admitida; en ese propio auto, se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados; además, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite del juicio, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Secretario Ejecutivo. Director de administración. Jefe de recurso humanos. Encargado del departamento de supervisión de personal de la unidad de recursos humanos. Todas pertenecientes al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. La resolución dictada el once de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente de investigación 3/2021 por la dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, los actos que dieron origen al mismo consistentes en el oficio número PJEO/CJ/DA/URH/0442/2021 de ocho de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el que se le adscribió al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, las actas administrativas levantadas por éste y la reintegración de su nombramiento de base como ejecutora 10 C. además, como consecuencia de la resolución dictada el once de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente de investigación 3/2021, el oficio PJEO/CJ/DA/URH/0669/2021 de once de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por el que se ordenó la revocación de su nombramiento como actuario judicial 10 de confianza eventual, la reintegración de sus sueldos y demás prestaciones que ha dejado de percibir desde la primera quincena de mayo, en que le fue cancelado su pago y los subsecuentes que deje de perseguir. Tal precisión se realiza de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así también, conforme a la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Número 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las Autoridades responsables jefe de recursos humanos y encargado del departamento de supervisión de personal de la unidad de recursos humanos, adscritos al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, negaron la existencia de los actos reclamados, argumentando que dentro de sus atribuciones no destaca la emisión de los actos reclamados por la quejosa. En ese sentido, como la parte quejosa no exhibió medio de prueba para desvirtuar tales negativas, ni del sumario se evidencia que las citadas autoridades hayan emitido los actos que se les reclama, es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo que impone sobreseer en el juicio en relación a los actos y autoridades a que este considerando se refiere. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al director de Administración y Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pues así lo manifestaron en su respectivo informe justifocado. Lo que además se corrobora con las documentales que anexó la quejosa a su demanda de amparo, las que cuentan con valor probatorio pleno al tenor de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie, como lo hacen valer las autoridades responsables, el presente juicio es improcedente en relación a los actos reclamados al director de Administración y Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Cierto, la quejosa reclama de las citadas autoridades responsables la resolución dictada el once de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente de investigación 3/2021 por la dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, los actos que dieron origen al mismo consistentes en el oficio número PJEO/CJ/DA/URH/0442/2021 de ocho de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el que se le adscribió al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, las actas administrativas levantadas por éste y la reintegración de su nombramiento de base como ejecutora 10 C.; además, como consecuencia de la resolución dictada el once de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente de investigación 3/2021, el oficio PJEO/CJ/DA/URH/0669/2021 de once de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por el que se ordenó la revocación de su nombramiento como actuario judicial 10 de confianza eventual, la reintegración de sus sueldos y demás prestaciones que ha dejado de percibir desde la primera quincena de mayo, en que le fue cancelado su pago y los subsecuentes que deje de perseguir. En la especie, se advierte que el presente juicio es improcedente en relación a tales actos, por actualizarse la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: . El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Es así, porque no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El criterio en cita es consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por otro lado, conviene recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas, a saber: a) Coordinación, b) Supra-subordinación y, c) Supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra-subordinación, son las entabladas entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público establecidos también en los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y algunos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las establecidas entre los órganos del propio estado. Ante esta circunstancia, se tiene que, en lo que al caso interesa, el estado tiene una doble personalidad, la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el estado contrata a una persona para desempeñar cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate y de los diversos funcionarios, que de acuerdo a sus atribuciones figuren en cualquier ámbito, en auxilio de la parte patronal frente a la persona contratada, su actuación no será investida de imperio, sino en una relación laboral peculiar (sui generis) surgida en un plano de igualdad entre el propio estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. En esa tesitura, debe señalarse que los actos reclamados por la promovente, no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino uno entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón, puesto que la quejosa laboraba para el Poder Judicial del Estado, como actuaria judicial 10 de confianza eventual y lo que reclama sustancialmente, es el procedimiento que concluyó con la terminación anticipada de su nombramiento, los actos que le dieron origen y su ejecución material. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página mil novecientos cincuenta y tres, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Laboral, Décima Época, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Sin que pase inadvertido para quien esto resuelve que las determinaciones reclamadas se emitieron unilateralmente, pues las mismas tienen su base en la relación laboral que unía a la quejosa con las referidas autoridades, es decir, las mismas no actuaron en un plano de supra a subordinación. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 2a./J. 127/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, registro digital: 168970, página 218, de rubro y texto siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRAMIENTOS. Las garantías individuales tienen siempre como sujeto pasivo a las autoridades, es decir, a los entes que pueden afectar unilateralmente la esfera jurídica de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, siempre que se encuentren en un plano de supra a subordinación. Por otra parte, la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho subjetivo de los individuos de ser oídos en su defensa previo al acto de privación; por tanto, su violación no puede actualizarse cuando tal acto proviene de otro particular, pues para solucionar este tipo de conflictos existen diversos procedimientos (civiles, penales, laborales y mercantiles, entre otros). Ahora bien, cuando el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco decide no renovar el nombramiento a sus trabajadores de confianza actúa como patrón, ya que si bien emite tal determinación unilateralmente, sin necesidad de escuchar al trabajador, sin embargo, lleva a cabo esa actuación con base en la relación laboral que lo une con éste, es decir, no actúa en un plano de supra a subordinación; por tanto, en ese supuesto se está en presencia de un conflicto laboral en el c al no existe la obligación de que la patronal otorgue la garantía de audiencia al afectado." De igual manera es aplicable por las razones que expone la tesis II.3o.A.207 A (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5141, registro digital: 2020173, de rubro y texto siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. CONTRA EL ACUERDO POR EL CUAL DETERMINA LA CONCLUSIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, EN SU CARÁCTER DE PATRÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 63, fracción IV y 64, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, así como 11 fracción I, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de esa entidad federativa, este organismo tiene reconocido un doble carácter, a saber: 1) Como órgano de gobierno, que realiza funciones autónomas de administración, control y vigilancia dentro del Poder Judicial local; y, 2) Como ente particular, que actúa con el carácter de patrón a través de un vínculo laboral con los trabajadores de aquél. Sobre esa base, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o. y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo del referido Consejo de la Judicatura, por el cual determina la conclusión del nombramiento de algún servidor público del Poder Judicial, aun cuando no se haya tramitado procedimiento administrativo disciplinario alguno, ya que en la emisión de esa determinación dicho órgano no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino en su carácter de patrón que da por concluida una relación laboral, quedando expeditos los derechos de aquél para acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en defensa de sus derechos." Es decir, si la quejosa reclama diversas determinaciones que le afectan como empleada en del Poder Judicial del Estado, esto tiene origen en una relación de coordinación entre particulares en un plano de igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir tales diferencias deberá acudir al procedimiento laboral necesario creado para resolverlas ante la autoridad de esa misma naturaleza. Sin que lo anterior implique soslayar el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, aspecto que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, porque cuando en un juicio laboral existen señalamientos o indicios de un acto discriminatorio por parte del patrón hacia el trabajador, el tribunal competente tiene la obligación constitucional de observar lo expuesto en la demanda, contestación, pruebas y demás constancias que existan en autos, con la finalidad de establecer si el acto impugnado se realiza con motivo de algún factor de discriminación, toda vez que tiene la obligación de atender cualquier indicio o manifestación que involucre actos de discriminación que pudieran acontecer en el ámbito laboral. En mérito de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en relación a los actos y autoridades a que este considerando se refiere, lo que impone sobreseer en el presente juicio de garantías en términos de la fracción V del numeral 63 de la invocada ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos que reclamó del Secretario Ejecutivo, Director de Administración, Jefe de Recurso Humanos y Encargado del departamento de supervisión de personal de la unidad de recursos humanos; todas pertenecientes al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vistas las constancias procesales de las que se advierte que al rendir su informe justificado, el director de administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, omitió anexar las documentales necesarias para sostener la constitucionalidad del acto que se le reclama. En consecuencia, a fin de dictar una resolución apegada a derecho, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento citado en primer orden, requiérase al director de administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación de este proveído, remita copia certificada de todas y cada una de las documentales que tengan relación directa con los actos reclamados, o en su caso manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello. Con apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le hará efectivo el medio de apremio con que se le conminó en auto inicial. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." No obsta que en su informe justificado solicitara que se tomaran en consideración las documentales que anexó a su informe previo (en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo), pues de conformidad con los artículos 2, 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, las reglas para el ofrecimiento de pruebas en el cuaderno principal del juicio de garantías difieren de las relativas al incidente de suspensión, lo cual, implica que las ofrecidas y desahogadas en un cuaderno no pueden ser tomadas en consideración en el otro, salvo por dos condiciones: que se pida la compulsa respectiva o, que se solicite la expedición de copias certificadas, y obtenidas éstas se exhiban en el expediente en el que deban surtir sus efectos. Regla que trae como consecuencia la improcedencia del ofrecimiento con la pretensión de que en un cuaderno "se tengan a la vista al momento de resolver", las existentes en el otro, porque, de actuar así, ello puede repercutir en la debida marcha del proceso, sea del juicio principal o en el incidente de suspensión, pues la circunstancia de que uno y otro se tramiten por cuerda separada, les incorpora autonomía e independencia por cuanto hace a sus elementos probatorios. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las diecisiete horas con diez minutos del treinta de julio dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
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