Donaciano Hernández Ruiz

Expediente 1018/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1018/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
07/08/2015

Partes del expediente

  • Donaciano Hernández Ruiz
  • Donaciano Hernández Ruiz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de agosto de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Donaciano Hernández Ruiz, Judith Hernández Martínez, Tereza de Jesús Hernández Martínez o Teresa Hernández Martínez, Zelma Idalia Sosa Jiménez o Selma Sosa Jiménez, interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciséis de julio de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del veinticuatro de julio al seis de agosto del actual, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado estado dicho auto. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, en los relativos a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentran comprendidos, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil quince. Vista la boleta de returno de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito y la copia certificada de diversas constancias que obran en autos del juicio de amparo 850/2015 del índice de este juzgado, promovido por Donaciano Hernández Ruiz y otros, contra actos del juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro y otra autoridad, lo anterior en cumplimiento al proveído de seis de julio de este año, dictado en el citado expediente (850/2015), mediante la cual se decretó la separación de juicios, ordenando formar el presente expediente para conocer únicamente respecto a los quejosos Donaciano Hernández Ruiz, Judith Hernández Martínez, Tereza de Jesús Hernández Martínez o Teresa Hernández Martínez, Zelma Idalia Sosa Jiménez o Selma Sosa Jiménez. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal reformada; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo únicamente respecto a Donaciano Hernández Ruiz, Judith Hernández Martínez, Tereza de Jesús Hernández Martínez o Teresa Hernández Martínez, Zelma Idalia Sosa Jiménez o Selma Sosa Jiménez, quienes reclaman del juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, la orden de aprehensión que libró el seis de abril de dos mil quince, como probables responsables en la comisión del delito de lesiones en riña, en la causa penal 52/2015, cometido en agravio de Ana Lilia Luis Jiménez, Edgar Iván Luis Jiménez y Paulino Guadalupe Luis Martínez, y su ejecución material atribuida al coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca; en consecuencia, radíquese bajo el número 1018/2015 que le corresponde. Sin que sea necesario solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, toda vez que ya obran en autos. Como la agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, es parte en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, por esta ocasión, con fundamento en los artículos 26, inciso K), y 27 fracción I, del mismo ordenamiento legal, notifíquesele el presente auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del presente auto, autorizada por el secretario encargado del trámite de este asunto. Por otra parte, vistas las constancias que obran en autos, se aprecia el oficio 2937, firmado por el juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución que dictó el veintiocho de junio del año en curso, en autos de la causa penal 52/2015, en la que se aprecia que la citada autoridad decretó auto formal prisión contra los quejosos Donaciano Hernández Ruiz, Judith Hernández Martínez, Tereza de Jesús Hernández Martínez o Teresa Hernández Martínez, Zelma Idalia Sosa Jiménez o Selma Sosa Jiménez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, en la causa penal 52/2015, cometido en agravio de Ana Lilia Luis Jiménez, Edgar Iván Luis Jiménez y Paulino Guadalupe Luis Martínez. En esa tesitura, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". En efecto, de la lectura de las constancias de autos a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, se advierte que el seis de abril de este año, la autoridad judicial ordenadora juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, libró orden de aprehensión contra los quejosos Donaciano Hernández Ruiz, Judith Hernández Martínez, Tereza de Jesús Hernández Martínez o Teresa Hernández Martínez, Zelma Idalia Sosa Jiménez o Selma Sosa Jiménez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, en la causa penal 52/2015, cometido en agravio de Ana Lilia Luis Jiménez, Edgar Iván Luis Jiménez y Paulino Guadalupe Luis Martínez. Ahora bien, del diverso oficio número 2937, firmado por el juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, remitió copia certificada de la resolución que dictó el veintiocho de junio del año en curso, en autos de la causa penal 52/2015, en la que se aprecia que la citada autoridad decretó auto formal prisión contra los quejosos Donaciano Hernández Ruiz, Judith Hernández Martínez, Tereza de Jesús Hernández Martínez o Teresa Hernández Martínez, Zelma Idalia Sosa Jiménez o Selma Sosa Jiménez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, en la causa penal 52/2015, cometido en agravio de Ana Lilia Luis Jiménez, Edgar Iván Luis Jiménez y Paulino Guadalupe Luis Martínez. Así las cosas, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud que la orden de aprehensión de seis de abril de este año, reclamada en esta vía no puede ser analizada, toda vez que quedó procesalmente sustituida por el auto de formal prisión emitido el veintiocho de junio del año en curso, la cual afecta la libertad de los impetrantes de amparo, sin que sea dable jurídicamente estudiar la inconstitucionalidad de un acto que no fue reclamado en el escrito inicial de demanda, como tampoco es posible analizar aquélla (orden de aprehensión), sin afectar la nueva situación jurídica de los inculpados. No es óbice a lo anterior, que en los puntos resolutivos de la resolución de veintiocho de junio del año en curso, emitida en la causa penal 52/2015, el juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, dictara auto de formal prisión en contra de Donaciano Ruiz Hernández, siendo el nombre correcto del quejoso Donaciano Hernández Ruiz, pues se advierte que por un error mecanográfico, se asentó el nombre del quejoso de forma invertida, ello en atención a que de las constancias que remitió anexas a su informe justificado las cuales obran en cuaderno de pruebas por separado, se aprecia que en su declaración de tres de octubre de dos mil trece su nombre correcto, aunado a que dicho error es materia del medio de defensa que en su caso se interponga contra la mencionada resolución. En esas condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, de treinta de enero de dos mil ocho, que es de rubro: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Tal criterio es aplicable, pues la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, que se interpreta es de similar contenido a la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende también el acto de ejecución reclamado a la autoridad señalada como ejecutora, en virtud que el acto de ejecución que se le reclama, no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Se invoca en apoyo por su contenido, la jurisprudencia siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página seiscientos noventa, del Tomo II, Segunda Parte-2, octava época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por los quejosos, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que el hecho de que en este caso se sobresea fuera de audiencia constitucional, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aún celebrándose ésta, la parte impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al caso, dado, no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable la tesis XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". En otro orden, no impide resolver en el sentido apuntado, la circunstancia que no se haya llamado a esta instancia constitucional a Ana Lilia Luis Jiménez, Edgar Iván Luis Jiménez y Paulino Guadalupe Luis Martínez, a quienes les resulta el carácter de terceros interesados, por ser la parte ofendida en la causa penal de la que emana el acto reclamado, en virtud que el sentido de esta determinación, no le produce alguna afectación a sus derechos, antes bien, es en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Domicilio. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Téngase por autorizadas para los efectos que señalan, a las personas que mencionan. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de la parte que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx La parte que desee realizar el registro, una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Ley de transparencia. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido del licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario que autoriza y firma. MESA AMPARO III-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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