Donaciana Pérez Cano

Expediente 1068/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1068/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Donaciana Pérez Cano

Actuaciones

  1. Principal

    MESA En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1068/2020-3, promovido por Donaciana Pérez Cano, a través de su asesora jurídico particular Karina Jazmín Aparicio Gallegos. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la presuncional legal y humana que ofreció la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo (foja 5) y la instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado en el cuadernillo 278/2020 del índice del juzgado responsable; asimismo, con las constancias que anexó el Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en esta ciudad, a su informe justificado, consistente en copia certificada de audio y video en formato DVD, que contiene la audiencia de control judicial de cuatro de noviembre de dos mil veinte relativa al cuadernillo 278/2020 de su índice, el cual obra por cuerda separada, y copia certificada del acta mínima de la referida audiencia y del acuerdo dictado el nueve de noviembre de dos mil veinte, en el cuadernillo antes referido (fojas 19 a 21). Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1068/2020-7, promovido por Donaciana Pérez Cano a través de su asesora jurídico particular Karina Jazmín Aparicio Gallegos, contra actos del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el siete de diciembre siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Donaciana Pérez Cano a través de su asesora jurídico particular Karina Jazmín Aparicio Gallegos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad ACTO RECLAMADO "El auto emitido el nueve de noviembre de dos mil veinte en el cuadernillo 278/2020 del índice de la juez responsable, en el cual no admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la asesora jurídico particular de la víctima ahora quejosa en contra de lo determinado en la audiencia de cuatro de noviembre del citado año, en el cual se declaró sin materia la impugnación de la víctima en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte (fojas 6 a 12), se registró la demanda bajo el expediente 1068/2020-3, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte (fojas 22 a 24), con fundamento en el artículo 5, fracción III, en con concordancia con el diverso numeral 26 fracción II, inciso e) de la Ley de Amparo, se ordenó emplazar a la licenciada Mayra Méndez Aguirre, en su calidad de Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco; por lo cual se envió el oficio 23755/2020, el cuál fue recepcionado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto emitido el nueve de noviembre de dos mil veinte en el cuadernillo 278/2020 del índice de la juez responsable, en el cual no admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la asesora jurídico particular de la víctima ahora quejosa en contra de lo determinado en la audiencia de cuatro de noviembre del citado año, en el cual se declaró sin materia la impugnación de la víctima en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado consistente en el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte emitido en el cuadernillo 278/2020, del índice del Juez responsable, en el cual no admitió a trámite el recurso de revocación hecho valer por la asesora jurídico particular de la ahora quejosa en contra de la audiencia de cuatro del mismo mes y año celebrada en el referido cuadernillo. Lo que se corrobora con la copia de las constancias que anexó a su informe el juez responsable, consistentes en copia certificada de audio y video en formato DVD, que contiene la audiencia de control judicial de cuatro de noviembre de dos mil veinte relativa al cuadernillo 278/2020 de su índice, el cual obra por cuerda separada, y copia certificada del acta mínima de la referida audiencia y del acuerdo dictado el nueve de noviembre de dos mil veinte, en el cuadernillo antes referido (fojas 19 a 21). Documentales a las cuáles se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Así también, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En principio, debe tenerse presente que el acto reclamado en el presente juicio consiste en el auto dictado el nueve de noviembre de dos mil veinte en el cuadernillo 278/2020, del índice de la Juez responsable, en el cual no admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la asesora jurídico particular de la víctima ahora quejosa en contra de lo determinado en la audiencia de cuatro de noviembre del citado año, en el cual se declaró sin materia la impugnación de la víctima en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación. La parte quejosa alega en esencia que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se encuentra fundada ni motivada. Refiere que no es aplicable lo establecido en la parte final del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que tal porción normativa es referente al análisis de fondo que en su momento emita el Juez de control respecto a la impugnación de la víctima en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación, dado que el motivo por el que se declaró sin materia la audiencia solicitada fue debido a inasistencia de la quejosa a la referida audiencia, la cual refiere fue justificada al día siguiente, por lo que resulta procedente al admision del recurso intentado. Son infundados los conceptos de violación, mismos que se analizan en conjunto, por su estrecha vinculación, sin que se advierta motivo alguno que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. Ahora bien, para corroborar la anterior postura -a priori- resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tal disposición constitucional se infiere el derecho de legalidad que obliga a las autoridades -entre otras cosas- a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar; y 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, las autoridades, sea cual fuere su naturaleza, pero principalmente las jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundadas y motivadas; es decir, deben precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, ya que sin la formalidad descrita resultan ilegales. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En el caso, la juez responsable en el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte dictado en el cuadernillo 278/2020, de su índice, determinó no admitir a trámite el recurso de revocación interpuesto por la asesora jurídico particular de la víctima ahora quejosa en contra de lo determinado en la audiencia de cuatro de noviembre del citado año, en el cual se declaró sin materia la impugnación de la víctima en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación, en razón de que la referida audiencia conforme a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es irrecurrible. Se afirma lo anterior, porque de las constancias remitidas por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, se aprecia el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, en los siguientes términos: [.] "CUADERNILLO 278/2020 En la ciudad de Villahermosa, Tabasco; a nueve de noviembre de dos mil veinte, el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento en la Región Nueve; licenciada Thelma Elena Lastra Osorio, emite el siguiente: DECRETO Primero. Por recibido a las once horas con veinte minutos, del día de hoy, con el escrito signado por la Licenciada Karina Jazmín Aparicio Gallegos, Asesora Jurídica particular de la ofendida Donaciana Pérez Cano, con el cual promueve recurso de revocación en contra del proveído de cuatro de noviembre del presente año, en la cual se declaró sin materia la impugnación en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por la Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación. Segundo. Atento a lo anterior y estando dentro del término establecido en el artículo 466, último Párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede al análisis de la admisión del recurso de revocación que hace valer la Asesora jurídica particular, quien se encuentra legitimada por ser sujeto en el procedimiento penal tal y como lo establece el numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además que se encuentra designada por la propia víctima Donaciana Pérez Cano. Tercero. Sin embargo, atendiendo que el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, señala que respecto a la audiencias de control judicial, relativo a las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, respecto a las determinaciones del ministerio público, y en caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados; el juez de control declarará sin materia la impugnación; resolución que no admitirá recurso alguno. Por lo anterior, y al advertirse que esta autoridad, en audiencia del cuatro de noviembre del presente año, declaró sin materia la impugnación, y al no admitir recurso alguno dicha resolución, por tanto, en base a ello, no se admite el recurso que interpone la Asesora jurídica particular. Cuarto. Notifíquese únicamente a la promovente por cualquiera de los medios permitidos por la fracción I del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Cúmplase Así lo resolvió la Jueza de Control de la Región Nueve, Licenciada Thelma Elena Lastra Osorio, firmando al calce."[.] De las consideraciones vertidas por la Juez responsable se advierte que determinó no admitir el recurso de revocación interpuesto por la asesora jurídico particular de la víctima ahora quejosa en contra de lo determinado en la audiencia de cuatro de noviembre del citado año, en el cual se declaró sin materia la impugnación de la víctima en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación, con base en lo siguiente: Que el cuatro de noviembre del citado año, se celebró la audiencia de control judicial en el cual se declaró sin materia la impugnación de la víctima en contra del acuerdo de no ejercicio de la acción penal emitido por el Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación. Que conforme a lo establecido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la referida resolución no admite recurso alguno. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Arti´culo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Pu´blico sobre la abstencio´n de investigar, el archivo temporal, la aplicacio´n de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la accio´n penal debera´n ser notificadas a la vi´ctima u ofendido quienes las podra´n impugnar ante el Juez de control dentro de los diez di´as posteriores a que sean notificadas de dicha resolucio´n. En estos casos, el Juez de control convocara´ a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la vi´ctima u ofendido, al Ministerio Pu´blico y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la vi´ctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarara´ sin materia la impugnacio´n. La resolucio´n que el Juez de control dicte en estos casos no admitira´ recurso alguno". Al respecto, debe decirse que el numeral antes transcrito, u´ltimo pa´rrafo, dispone que la resolucio´n que el juez de control dicte en estos casos no admitira´ recurso alguno, sin que contemple algu´n caso de excepcio´n, como lo es que la determinacio´n sea de mero tra´mite o se pronuncien sobre el fondo de la cuestio´n planteada, por lo que en esas condiciones, u´nicamente procede el juicio de amparo indirecto. Por tanto, como se anticipo´, resulta infundado el concepto de violacio´n, pues contrario a lo argumentado por la parte quejosa, el juez sen~alado como responsable emitio´ el provei´do que constituye el acto reclamado en apego a derecho, esto en razo´n de que el numeral 258 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales, de manera estricta establece que en contra de la resolucio´n prevista en el arti´culo del citado numeral no procedera´ recurso alguno; y por ello, no admitió el recurso de revocacio´n intentado por la quejosa. En ese orden de ideas, debe decirse que el recurso de revocacio´n previsto en el arti´culo 465 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales, se ocupa de manera general del recurso ordinario contemplado para el nuevo sistema penal acusatorio y en el presente caso como se argumento´ en el pa´rrafo que antecede, hay disposicio´n expresa que en contra de la resolucio´n que emitan los jueces de control conforme al numeral 258 de dicho cuerpo normativo, no procede recurso ordinario alguno, en consecuencia la u´nica manera de atacar el acto de autoridad en comento, es mediante el procedimiento constitucional auto´nomo; ma´xime que de estimar que procede alguno de los recursos establecidos en el Codigo Nacional de Procedimientos Penales, seri´a en perjuicio de la pronta imparticio´n de justicia a que se refiere el arti´culo 17 Constitucional y de uno de los propo´sitos del nuevo sistema penal acusatorio. Apoya lo aqui´ determinado por analogi´a, por los argumentos que la integran, la tesis I.10o.P.33P (10a.), sustentada por el De´cimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, De´cima E´poca, visible en la pa´gina 2663, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, registro digital 2021434, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n cuyo rubro y texto siguiente: "RESOLUCIO´N EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL EN EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTI´CULO 258 DEL CO´DIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN SU CONTRA ES INNECESARIO AGOTAR MEDIO DE DEFENSA ALGUNO, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del arti´culo mencionado se advierte que la resolucio´n que emita el Juez de control en sus te´rminos, no admite recurso alguno, lo que significa que en su contra son improcedentes tanto la apelacio´n como la revocacio´n, con independencia de que el juzgador haya dado tra´mite al recurso y analizado el fondo de la controversia, o bien, resuelto sin mayor tra´mite. De ahi´ que contra la resolucio´n emitida por el Juez de control en el recurso innominado previsto en el citado numeral procederi´a, en su caso, el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar algu´n otro recurso o medio de defensa que conceda la ley ordinaria, pues de estimar lo contrario no so´lo se estari´a introduciendo un recurso no previsto por la ley, sino tambie´n se actuari´a en perjuicio de la pronta imparticio´n de justicia, a que se refieren los arti´culos 17 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos y 16 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales". No pasa inadvertido que la parte quejosa apoya sus conceptos de violación en la Jurisprudencia Séptima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 57, Volumen 30, Tercera Parte, Materia(s) Constitucional, registro digital 238924, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.". Sin embargo, la misma resulta inaplicable en los términos que la quejosa lo pretende por las consideraciones anteriormente establecidas; además que se considera que es compatible su aplicación con lo determinado en el presente asunto, en virtud de que se verificó que la autoridad responsable se haya ajustado al principio de legalidad al determinar la improcedencia del recurso hecho valer por la asesora particular de la quejosa. En ese contexto, al no haber diverso motivo de disenso que analizar, al haberse respetado en su emisio´n los derechos fundamentales de debido proceso de la parte quejosa, lo que lleva a negar el amparo y proteccio´n de la Justicia Federal. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Donaciana Pérez Cano, contra el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable por los motivos referidos en el considerando quinto de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por las anteriores consideraciones, se reanuda el trámite del presente expediente. Y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Mayra Méndez Aguirre, Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, a través del oficio 23755 el cual se considera en vías de notificación. Por lo que, a fin de dar tiempo a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se señala como fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, por lo que con el contenido, dése vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene a la referida autoridad responsable, remitiendo un disco versátil digital del audio y video que dice contiene la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte, efectuada en el cuadernillo 278/2020, así como la transcripción del índice cronológico de la audiencia de control judicial; lo anterior para los efectos legales conducentes. Ahora, a fin de brindar certeza jurídica a las partes, con la transcripción de las constancias antes citadas y con el contenido del disco de audio y video, que anexa la autoridad responsable a su informe de cuenta, dése vista a las partes a efecto de que, de estimarlo necesario, puedan consultar la información contenida y manifestar lo que a su derecho convenga. Resguárdese el disco compacto en la secretaría de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente; quedando a disposición de las partes para su consulta, en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éstos, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental publica de actuaciones al tratarse de una simple fijación o registro, por los medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y publica contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental publica lato sensu, tendiente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embrago, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que se, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del informe de mérito, se advierte que la Licenciada Mayra Méndez Aguirre, en su calidad de Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, con domicilio en avenida 16 de Septiembre sin número esquina Periférico Carlos Pellicer Cámara, colonia Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco, fue quien formuló la imputación en el cuadernillo 278/2020. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, por medio de oficio notifíquese al Fiscal del Ministerio Público antes mencionado, el presente acuerdo, así como el proveído de ocho de diciembre del año en curso, con inserción del mismo, como parte tercero interesada en el presente juicio de amparo, adjuntando copia simple de la demanda de mérito; lo anterior, para los efectos que señala el citado numeral. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Karina Jazmín Aparicio Gallegos, en su carácter de asesora jurídico particular de Donaciana Pérez Cano, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en la ciudad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1068/2020-3. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita; apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de diez de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos con cuarenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de diez de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informe, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Tomando en consideración que la parte quejosa en el capítulo respectivo de la demanda de amparo, manifestó que existen terceros interesados; al respecto resérvese acordar lo conducente hasta en tanto la responsable remita las constancias generadoras del acto reclamado para poder constatar a quien o quienes les reviste dicho carácter. CERTIFICACIÓN DE LA ASESORA JURÍDICA. En otro aspecto, toda vez que la promovente se ostenta como asesora jurídica particular de la víctima Donaciana Pérez Cano, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 11 y 14 de la ley de la materia, solicítese al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en la ciudad, señalado como autoridad responsable, para que remita la certificación correspondiente, en la que se advierta si a la promovente en el juicio natural le recae el carácter con que se ostenta en el presente asunto. Sirve de apoyo la tesis I.4o.P.27 P (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a fojas 3467, del Libro 71, Octubre de 2019 Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA, POR QUIEN SE OSTENTA CON ESE CARÁCTER, BASTA QUE AFIRME QUE LO TIENE RECONOCIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO PRIMERO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales refleja que el asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito funge como un representante. Bajo esta premisa, se considera que cuando la víctima comparece al juicio de amparo a través de quien se ostenta como su asesor jurídico, se actualiza la excepción prevista en el artículo 11, párrafo primero, última parte, de la Ley de Amparo, esto es, por tratarse de la materia penal, basta con su sola afirmación en ese sentido para que el Juez de Distrito admita la demanda y constriña a la autoridad responsable a remitir la constancia donde conste ese carácter bajo apercibimiento de imponer multa. Con la aclaración de que la referencia contenida en la porción normativa del artículo 11 citado, que establece "salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido", no debe entenderse desligada del artículo 14 de la Ley de Amparo, sino como complemento de él; postura que, bajo las directrices contenidas en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contribuye a la protección de los derechos fundamentales de los justiciables e impide que se genere una limitación a la tutela judicial efectiva del quejoso." PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, ofreciendo como prueba en el presente asunto la presuncional en su doble aspecto legal y humana, probanza que se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, la cual será valorada en el momento de dictarse la sentencia respectiva. Respecto a la instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado en el cuadernillo 278/2020, del índice de la autoridad responsable; este juzgado se reserva proveer al respecto, hasta en tanto la autoridad haga lo propio. Por otro lado, en cuanto a las pruebas supervenientes, resérvese de acordar lo conducente, hasta en tanto sean exhibidas en el presente juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a los licenciados José Feliciano Silván Rojas, Joan Carlos Rosalino Aparicio Gallegos, Virginia Silván Rojas y Anaí Pérez Pérez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y al pasante de derecho que menciona conforme a la parte final del precepto legal antes invocado. Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx al usuario: "JC_APARICIO" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano