Domitila López Frías
Expediente 1466/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1466/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Domitila López Frías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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mesa 2.-Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con evidencia criptográfica, en el cual transcribió el proveído de diecisiete de noviembre del año actual, dictado en el amparo en revisión en materia penal 324/2022, en el que se admite a trámite el citado medio de impugnación hecho valer por la quejosa **********, por conducto de su asesor particular ***********, en contra de la sentencia de diecinueve de octubre último, emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta secretarial, se acuerda: AVISO DESIGNACIÓN DE NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. SE ORDENA ENVIAR ESCRITO A TRIBUNAL DE ALZADA Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Wilberth Lara Montejo, mediante el cual formula alegatos en relación al recurso de revisión hecho valer en el presente asunto. Ahora, como de la revisión al presente cuaderno de antecedentes, se advierte que mediante oficio 102/2022 de quince de noviembre del año actual (foja 123), se remitió el original del juicio de amparo +++++++, promovido por +++++++ por conducto de su asesor particular licenciado +++++++++++, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, a efecto de sustanciar el recurso de revisión hecho valer por la quejosa de mérito, contra la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, remítase de inmediato al Tribunal de Alzada a que se alude, el escrito original y copias presentadas, dejándose copia certificada del mismo en autos, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el licenciado Raúl Alonso Jiménez Moscoso, en su carácter de asesor particular de la quejosa Domitila López Frías, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con evidencia criptográfica, a través del cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de tres días a que alude el precepto citado en último término, adjuntándose el original del escrito de expresión de agravios. En ese contexto, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese; y personalmente al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado, así como al tercero interesado Wilberth Lara Montejo.
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VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1466/2022-2, promovido por ***********, contra el acto que reclama del Magistrado de la Cuarta Sala de Oralidad del Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el uno de septiembre de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, recepcionado en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dos posterior, Domitila López Frías solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO el AUTO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDO por la Segunda Instancia de los MAGISTRADOS DE LA CUARTA SALA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, que resolvió el Toca Penal número 27/2022-IV-C (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Magistrado de la Cuarta Sala de Oralidad del Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 2 Juez de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1466/2022-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se reconoció carácter de tercero interesado a Wilbert Lara Montejo, por lo que se instruyó su emplazamiento por medio de despacho; se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El veinte de septiembre de dos mil veintidós, se recibió diligenciado el despacho 218/2022-2 orden 732/2022, por parte del Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco; del cual se advierte que, mediante diligencia de notificación personal desahogada el nueve de septiembre de dos mil veintidós, se emplazó a juicio a Wilbert Lara Montejo en su calidad de tercero interesado. [Foja 45] CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictado en el toca penal 27/2022-IV-C, por el que se dejó sin materia el recurso de apelación planteado. TERCERO. INEXISTENCIA. No es cierto el acto reclamado, en lo concerniente al Juez de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco, dado que así se advierte del análisis de las constancias que acompañó a su informe con justificación, puesto que si bien, dicha responsable tramitó la carpeta administrativa 101/2022 de la cual derivó el toca penal 27/2022-IV-C, ello no implica que el auto reclamado lo haya emitido esa jurisdicción. Documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Suma a lo anterior, este órgano de amparo advierte que el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós -génesis de la controversia constitucional- fue emitido por autoridad distinta de la que se reclama el impetrante. Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En consecuencia, ante la inexistencia del acto mencionado se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que hace al Juez de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco. CUARTO. CERTEZA. El magistrado de la Cuarta Sala de Oralidad en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco al rendir su informe con justificación, admitió la existencia del acto reclamado. [Foja 65] Es aplicable al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Afirmación que guarda sustento con copia certificada del toca 27/2022-IV-C, del registro de la Sala responsable donde se dictó el proveído que constituye la génesis de la presente controversia, sumario relacionado en el apartado de pruebas de la audiencia constitucional Documental a la cual se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias que la responsable acompañó al rendir su informe respectivo. Visto lo anterior, resulta necesario referir únicamente los antecedentes relevantes para la materia de la presente controversia constitucional: Causa 101/2021 En audiencia de diez de febrero de dos mil veintidós, el Juez de Control responsable aprobó la suspensión condicional del proceso en favor del imputado Wilbert Lara Montejo -aquí tercero interesado- [audio y video de la audiencia respectiva que obra en el DVD] Toca penal 27/2022-IV-C Inconforme con tal determinación, el asesor particular de la víctima -aquí quejosa-, interpuso recurso de apelación [Foja 19 a 25 del Tomo I]. Medio de defensa del que tocó conocer a la Cuarta Sala de Oralidad en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco, quien mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós lo registro bajo el expediente 27/2022-IV-C y admitió a trámite. [Foja 81 a 85 del Tomo II] Causa 101/2021 Luego, mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, tras analizar el informe final de cumplimiento de la suspensión condicional del proceso que allegó el Titular de las Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones Adultos R-6, el Juez de Control responsable declaró la extinción de la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento de la causa 101/2021, con efectos de sentencia absolutoria, seguida a Wilbert Lara Montejo -aquí tercero interesado-, por el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, en agravio de Domitila López Frías -aquí tercero quejosa-. [Foja 63 del Tomo I] Inconforme con esa resolución, el asesor particular de la víctima -aquí quejosa-, interpuso apelación. [Foja 65 a 67 del Tomo I] Recurso que se admitió a trámite por parte del Juez de Control responsable mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós. [Foja 71 del Tomo I]. Toca penal 27/2022-IV-C Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Sala responsable tuvo por recibido el oficio del Juez responsable, mediante el cual informe que la causa de origen se declaró el sobreseimiento, dado que se cumplió la suspensión condicional del proceso, en virtud de lo cual estimó dejar sin materia el recurso de apelación. [Foja 185 del Tomo II] Ahora, el citado proveído constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, se estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 en relación con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado a contrario sensu, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." -A contrario sensu, no procede el amparo contra actos que no causen una ejecución imposible reparación- Conforme a los anteriores preceptos, el amparo sólo prospera contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Dichos actos, los constituyen solamente aquellos que afectan en forma directa e inmediata los derechos fundamentales de los impetrantes, reconocidos en el marco de regularidad constitucional -Constitución Federal y Tratados Internacionales-, tales como la vida, la libertad en todas sus modalidades, integridad personal, propiedad entre otros. La afectación que producen los actos de que se trata o sus efectos, no pueden destruirse aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el contenido de la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si el acto reclamado se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Siguiendo los lineamientos de los conceptos, se concluye que el acto reclamado en la demanda de amparo no tiene una ejecución cuyo efecto sea de imposible reparación, puesto que por su naturaleza sólo incide en la posición procesal que las partes van tomando en el curso del procedimiento. Por su parte, la jurisprudencia ha establecido esencialmente, que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de una manera directa e inmediata un derecho sustantivo tutelado en las garantías individuales. De modo que un acto es de ejecución irreparable si produce una lesión directa e inmediata en los derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos como sería por ejemplo la privación de la libertad, el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa o el decreto de alimentos provisionales o definitivos. Ello, debido a que los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos no se les podrán resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación o afectación a esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En efecto, visto el estado procesal que guarda la causa penal de la cual derivó el toca penal que se declaró sin materia por medio del auto reclamado, es que se afirma que tal determinación por sí, no tienen consecuencias de perjuicio irreparable en la esfera jurídica de la quejosa, puesto que en efecto la determinación que en su caso pudiese trastocar los derechos de aquella que declaró la extinción de la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento de la causa 101/2021, con efectos de sentencia absolutoria, seguida a Wilbert Lara Montejo -aquí tercero interesado-. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 24/92, publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992, que textualmente establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 3°.29/89, publicada en la página 291, del Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra se reproduce: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto, por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "contra actos en juicio cuya ejecución se ha de imposible reparación .". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Ahora, la génesis de la controversia lo constituye el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós que declaró sin materia el recurso de apelación tramitado bajo el toca penal 27/2022-IV-C, del registro de la Sala responsable. [Foja 185 y 186] Sentado lo precedente, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto aquí reclamado no es de imposible reparación, puesto que como ya se dijo el hecho que la Sala responsable haya dejado sin materia el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que determinó la procedencia de la suspensión condicional del proceso penal natural no genera, en el estadio procesal de dicha causa, consecuencias directas e inmediatas que afecten los derechos fundamentales de la parte impetrante, ya que en todo caso la afectación que pudiese sufrir la causaría la nueva determinación que estimó cumplidos los requisitos establecidos por el Juez de Control y con los que declaró el sobreseimiento de la causa. Es aplicable en lo conducente la interpretación judicial P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, novena época, materia común, registro digital 180415, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Acto que, como se advierte del considerando de antecedentes, la parte quejosa ya recurrió mediante el medio de defensa ordinario que para tal efecto prevé el Condigo Nacional de Procedimientos Penales. Más aún cuando el parámetro de regularidad constitucional le permite a la víctima u ofendida acudir al escrutinio federal en contra de lo que se resuelva en medio de impugnación ordinario, dado que el supuesto en el cual se determina la procedencia del sobreseimiento por causa de la extinción de la acción penal, desde luego que, en el momento procesal oportuno, puede ser materia del juicio biinstancial de amparo. Robuste tal argumento, la interpretación judicial que contiene la tesis I.2o.P.2 P (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1679, décima época, materia común, registro digital 2000497, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO POR CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE CUANDO SE PROMUEVE POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. La tendencia de reconocimiento de los derechos de las víctimas y ofendidos, particularmente por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite ampliar los supuestos de procedencia del amparo intentado por aquéllos cuando se afecten o hagan nugatorios sus derechos establecidos constitucionalmente. Por otro lado, las resoluciones judiciales que analizan cuestiones de fondo, esto es, sobre delito y responsabilidad penal son diferentes de aquellas que sólo determinan la no continuidad del proceso penal por actualizarse alguna causa de extinción de la acción penal, es decir, no resuelven el fondo del asunto sino que imposibilitan que se siga con el efecto que produce el ejercicio de dicha acción penal, lo que trae como consecuencia que el análisis de fondo ya no se realice. De lo anterior se concluye que el sobreseimiento decretado por causa de extinción de la acción penal genera un supuesto de legitimación para la víctima u ofendido del delito para acudir al juicio de amparo, pues al igual que el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, produce, en sede judicial, la imposibilidad de continuar con la vigencia de la acción penal, que constituye el presupuesto de expectativa legal a una reparación del daño. Así por ejemplo, la incorrección en un cómputo que conduzca a la ilegal prescripción de la acción penal; el indebido reconocimiento de validez a un acto de desistimiento por la fiscalía, o bien del perdón que se dice otorgado por la víctima u ofendido, cuando éste discute su autenticidad o veracidad, o la injustificada declaración de muerte del imputado, cuando no esté legalmente probada, son sin duda supuestos de pretendida actualización de causas de extinción de la acción penal que no resuelven sobre el delito o la responsabilidad, sino que impiden ese preciso análisis de fondo, mediante la declaración de un obstáculo formalmente legal para continuar con el procedimiento; por ello se estima que en tales hipótesis, por hacer nugatoria la expectativa de derechos de la víctima u ofendido, debe proceder el amparo por ser la única vía legal para salvaguardar sus derechos constitucionales en un contexto de racionalidad y no de manera arbitraria o indiscriminada." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Por tanto, en consideración a lo antes plasmado, surte la causal de improcedencia invocada y procede sobreseer en el juicio conforme a la fracción V del numeral 63 de la misma Ley. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Finalmente, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte tercera interesada, dado que si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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