Domingo Ramos Chávez
Expediente 184/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- DOMINGO RAMOS CHÁVEZ y Otros.
- Domingo Ramos Chávez
- Héctor Ramos Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de julio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio número 1418, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, en atención a su contenido, téngase acusando recibo del comunicado 12769/2022, por el que se le remitieron dos tomos de pruebas, de su índice, mismo que fue devuelto por este Juzgado Federal en el proveído citado con anterioridad, por lo anterior, únicamente agréguese como corresponda, en virtud de que en fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, se archivó el asunto como concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
de la Oficina de Telégrafos de esta ciudad, a través de los cuales informa que el telegrama con número de oficio 5183/2019 fue recibido en dicha institución el catorce de noviembre del año en curso; asimismo, que la sucursal de telégrafos de la ciudad de Apatzingán comunicó que no fue posible la entrega del citado telegrama, en virtud de que no existe la autoridad destinataria, sino que solo existe el Juez de Primera Instancia en Apatzingán, Michoacán, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de diecinueve de noviembre pasado, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos. Mediante escrito recibido en la oficialía de este Juzgado el dieciocho de junio de la presente anualidad, los quejosos Domingo, Héctor y Godofredo, todos de apellidos Ramos Chávez, interpusieron recurso de revisión en contra de dicho fallo; mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la Superioridad revocó la sentencia recurrida, y concedió el amparo y protección de la justicia federal a los citados quejosos; por lo que, mediante proveído de siete de noviembre pasado, se requirió a la autoridad responsable, a fin de que diera cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por la responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA. ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE. Dejara insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de octubre de dos mil cinco, en la causa penal 269/2005, únicamente por lo que hace a los aquí quejosos. En su lugar, emitiera otra resolución en que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente lo atinente a la acreditación de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, hecho lo cual, resuelva lo atinente a la probable responsabilidad de los encausados quejosos en su comisión, y. Al momento de decidir sobre la solicitud de aprehensión del Agente del Ministerio Público, aplique en beneficio de los quejosos las disposiciones del Código Penal del Estado de Michoacán vigente, para los delitos de que se trata en cuanto que no contempla a la premeditación como circunstancia agravante de los mencionados ilícitos; tampoco prevé pena privativa de libertad para las lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, no incapacitan para las actividades diarias ni dejan secuelas permanentes orgánicas o funcionales, ni cicatriz. 1.-Mediante proveído de once de noviembre de la presente anualidad, el Juez responsable ordenó dejar insubsistente y sin ningún efecto la orden de aprehensión de treinta y uno de octubre de dos mil cinco, que fuera emitida en la causa penal 269/2005, registrada actualmente en ese juzgado con el número 102/2018, únicamente por lo que ve a los encausados Domingo, Héctor y Godofredo, todos de apellidos Ramos Chávez. 2. Así, en resolución de catorce de noviembre del año en curso, se advierte que la responsable determinó que no existía ningún dato que demostrara que las lesiones descritas por el órgano investigador y por el perito médico forense, que presentó la pasivo Ana Gabriela Cárdenas Medina, hayan sido producidas por una causa externa, atribuible a una conducta humana, así como que no existía un nexo causal entre la conducta desarrollada por una persona y el resultado, fundamentando que las pruebas allegadas a ese expediente, resultaban insuficientes para justificar el cuerpo del delito de lesiones, previsto por el numeral 269 del Código Penal del Estado, y sancionado conforme al 270, fracción I, vinculado al a 273 y 279 fracción I y V, del mismo ordenamiento legal, en agravio de Ana Gabriela Cárdenas Medina, al no haberse justificado que las lesiones que presentó ésta al acudir a emitir su declaración ministerial de fecha dieciséis de julio de dos mil cinco, le fueron inferidas por una conducta externa atribuible a una persona y por lo tanto, no demostró que existía un nexo causal entre la conducta atribuida a éste, con los detrimentos físicos que dio fe el representante social. Lo anterior, fundándolo en el hecho de que dentro de la materia penal, se impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al órgano acusador, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce y garantiza en general el principio de presunción de inocencia, pues su aplicación asegura la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre que podrían ser vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. 3. Así, en el punto resolutivo cuarto, la responsable determinó negar la orden de aprehensión en contra de los impetrantes de amparo por el delito de lesiones calificadas, en agravio de Ana Gabriela Cárdenas Medina, y por consecuencia, no entró al estudio de la probable responsabilidad de los antes citados Domingo Ramos Chávez en cuanto autor material, así como de Héctor y Godofredo de apellidos Ramos Chávez, en cuanto partícipes de su comisión. 4. A su vez, al analizar la probable responsabilidad por el ilícito de homicidio, previsto por el artículo 260 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de quienes en vida respondieron al nombre de Amparo Valencia Alonso y Luis Alberto Hernández Peñaloza, la responsable determinó que ya no se contempla la calificativa de premeditación en la ejecución del delito, en virtud de que ya no se prevé en el nuevo Código Penal del Estado, dejándose de aplicar en ese aspecto el diverso Código Penal de mil novecientos ochenta. Por lo que, concluyó que se encontraba acreditada la corporiedad del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los numerales 260, 267, en relación con el 279 fracción I del Código Penal del Estado, vigente al momento en que sucedieron los hechos, cometidos en agravio de Amparo Valencia Alonso y Luis Alberto Hernández Peñaloza. 5. De esta manera, determinó que no se aportaron datos de prueba suficientes para demostrar la probable responsabilidad penal de Domingo Ramos Chávez, en cuanto autor material del delito de homicidio calificado, en agravio de Amparo Valencia Alonso y Luis Alberto Hernández Peñaloza; ni de los indiciados Héctor y Godofredo de apellidos Ramos Chávez, en cuanto partícipes de dichos ilícitos; por lo que, negó decretar orden de aprehensión en su contra por los ilícitos que se les atribuían, en términos del considerando séptimo de esa resolución. 6. Finalmente, dentro del fallo emitido por la responsable, se analizó el estudio de la calificativa de premeditación, en donde no se encontró demostrada, operando en favor de los sujetos activos, el principio de aplicación de una nueva ley, en su beneficio. Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que con la emisión de la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, por parte de la responsable, así como de las constancias que anexó para tal efecto, se restituyó a la parte agraviada del derecho fundamental que le fue vulnerado. Es así, pues la responsable realizó el pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos que quedaron estipulados en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
IV. Uruapan, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. OFICIOS SIN MAYOR TRÁMITE. Agréguense únicamente como antecedente, los oficios firmados por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán; lo anterior, toda vez que en proveído de diecinueve de noviembre pasado, se dio vista a las partes con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.
- Principal
IV. Uruapan, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. INFORMA CUMPLIMIENTO. Agréguese el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, a través del cual informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables, dése vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. NOTIFÍQUESE.
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