Dionicio Hernandez Diaz
Expediente 538/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dionicio Hernandez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
III. Del estado de autos se advierte que por proveído de diecisiete de abril del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal resolución, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos originales exhibidos con el escrito inicial de demanda; en el entendido que de no recogerlos en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
III. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTITRES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Del estado de autos se advierte que por proveído de diecisiete de abril del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal resolución, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos originales exhibidos con el escrito inicial de demanda; en el entendido que de no recogerlos en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
III. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, desahogó la vista que se le dio respecto del proveído de cinco de marzo del año en curso, en que se tuvo al Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de esta ciudad, remitiendo diversas constancias por las que pretende acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, éste Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, correspondiente al mes de marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; posteriormente en auto de veintidós de febrero del año en curso, se declaró ejecutoriada dicha resolución, por lo cual, se requirió al Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con residencia en esta ciudad para que procediera a dar cumplimiento al fallo protector (fojas 111 a 113), debiendo realizar lo siguiente: a) De contestación a todos y cada uno de los puntos que formuló el quejoso en su escrito de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; que reiteró a través del diverso de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete; y, b) Una vez hecho lo anterior le notifique al quejoso en el domicilio que éste señaló en el ocurso de mérito. En cumplimiento a la ejecutoria, el Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad (C.A.P.A.S.U.), mediante oficio sin número, de uno de mazo del año en curso, remitió copia certificada de: Escrito de ocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual da contestación al quejoso Dionicio Hernández Díaz, a su escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que reitero a través del diverso de veintiséis de octubre del citado año (fojas 124 a 127). Ficha técnica de reporte de hundimiento; dictamen técnico de revisión de hundimiento de banqueta; presupuesto cambio toma agua potable y/o descarga drenaje sanitario (fojas 128, 129, 130, 131). Notificación realizada al quejoso Dionicio Hernández Díaz, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 132). Estudio socio-económico apoyos especiales del usuario Dionicio Hernández Díaz, realizado por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad, el catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 133). Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad (C.A.P.A.S.U.), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió el acuerdo de ocho de febrero del año en curso, en el que dio contestación al quejoso Dionicio Hernández Díaz, de su escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que reitero a través del diverso de veintiséis de octubre del citado año, así como la constancia de notificación realizada al quejoso Dionicio Hernández Díaz, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Asimismo, mediante escrito presentado el seis de marzo del año en curso, el quejoso Dionicio Hernández Díaz, manifestó que su solicitud de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, fue atendida satisfactoriamente, y se encontraba de acuerdo y conforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo (fojas 144 y 145); pues la autoridad responsable dio contestación a todas y cada uno de los puntos que hizo valer el quejoso En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
- Principal
III. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE DIECISIETE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, desahogó la vista que se le dio respecto del proveído de cinco de marzo del año en curso, en que se tuvo al Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de esta ciudad, remitiendo diversas constancias por las que pretende acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, éste Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, correspondiente al mes de marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; posteriormente en auto de veintidós de febrero del año en curso, se declaró ejecutoriada dicha resolución, por lo cual, se requirió al Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con residencia en esta ciudad para que procediera a dar cumplimiento al fallo protector (fojas 111 a 113), debiendo realizar lo siguiente: a) De contestación a todos y cada uno de los puntos que formuló el quejoso en su escrito de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; que reiteró a través del diverso de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete; y, b) Una vez hecho lo anterior le notifique al quejoso en el domicilio que éste señaló en el ocurso de mérito. En cumplimiento a la ejecutoria, el Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad (C.A.P.A.S.U.), mediante oficio sin número, de uno de mazo del año en curso, remitió copia certificada de: Escrito de ocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual da contestación al quejoso Dionicio Hernández Díaz, a su escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que reitero a través del diverso de veintiséis de octubre del citado año (fojas 124 a 127). Ficha técnica de reporte de hundimiento; dictamen técnico de revisión de hundimiento de banqueta; presupuesto cambio toma agua potable y/o descarga drenaje sanitario (fojas 128, 129, 130, 131). Notificación realizada al quejoso Dionicio Hernández Díaz, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 132). Estudio socio-económico apoyos especiales del usuario Dionicio Hernández Díaz, realizado por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad, el catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 133). Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad (C.A.P.A.S.U.), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió el acuerdo de ocho de febrero del año en curso, en el que dio contestación al quejoso Dionicio Hernández Díaz, de su escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que reitero a través del diverso de veintiséis de octubre del citado año, así como la constancia de notificación realizada al quejoso Dionicio Hernández Díaz, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Asimismo, mediante escrito presentado el seis de marzo del año en curso, el quejoso Dionicio Hernández Díaz, manifestó que su solicitud de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, fue atendida satisfactoriamente, y se encontraba de acuerdo y conforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo (fojas 144 y 145); pues la autoridad responsable dio contestación a todas y cada uno de los puntos que hizo valer el quejoso En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
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