Domingo Lázaro Martínez
Expediente 1077/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Domingo Lázaro Martínez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1077/2020-VII En veintiuno de enero de dos mil veintiuno, Carlos Sánchez Vázquez, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifico: el acuerdo dictado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, ha sido notificado al quejoso, y el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja previsto por el diverso 97 fracción I inciso a), del citado ordenamiento, ha fenecido, pues el citado acuerdo se le notificó el once de enero de dos mil veintiuno, surtió efectos el doce de enero de dos mil veintiuno y el plazo transcurrió del trece al diecinueve de enero del año en curso. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta a la jueza con la certificación que antecede, y el estado procesal del expediente. Conste. Puebla, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones ....Así, mediante el Acuerdo General 21/20204 (reformado por el diverso 25/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte y hasta el quince de enero de dos mil veintiuno-. Sin embargo, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte -comunicada mediante la circular CAP/3/2020-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Con base en dicho acuerdo, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno-. Reanudación de plazos. Luego, en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/1/2021- la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno -en el sexto circuito y otros- retoma su vigencia el esquema de operación previsto en el Acuerdo General 21/2020 (y el diverso 25/2020 que lo modificó). Por consiguiente, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Causa estado el auto que desechó la demanda de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso no recurrió el acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales5 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años6. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Del artículo 309, fracción II7, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo debe notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista a las partes, dado que no contiene requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1077/2020-VII Puebla, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada vía electrónica por el quejoso *******, por propio derecho, con una firma electrónica de la persona de nombre ***********, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación de Calpan, Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, como los diversos 10/2020 que lo reforma, y 13/2020 - vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil veinte-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que se advierte en forma clara y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica a nombre del quejoso Domingo Lázaro Martínez pero sin su firma electrónica. Dicha modalidad (la electrónica) obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo3, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. De donde se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, sin embargo, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Bajo este contexto, se efectuó una revisión a la demanda presentada vía electrónica por el quejoso *****, lo cual permitió visualizar que no tiene firma electrónica con evidencia criptográfica. Lo cual permite afirmar que el promovente soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso *******, por propio derecho, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", razón por la cual procede desecharla. Máxime que los actos reclamados en la demanda, no encuadran en los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, ni en los previstos por el diverso 15 de la Ley de Amparo, porque aquellos están circunscritos a supuestas órdenes de citación, búsqueda, localización, aprehensión, detención, presentación, comparecencia, entre otros. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción para la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando se reclaman actos urgentes. Incluso debe señalarse que se advirtió una firma electrónica de la persona de nombre **********. Sin embargo, resulta ineficaz para la demanda de amparo presentada por el quejoso **********, por propio derecho. Lo anterior obedece a que la demanda del citado quejoso, no demuestra algún supuesto de representación legal que le permitiera utilizar la firma electrónica de la persona de nombre *******. Sobre todo porque la demanda de amparo no contiene manifestaciones que converjan al supuesto de representación legal, previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, el cual establece que el defensor del quejoso podrá instaurar el juicio de tutela constitucional, con la manifestación bajo protesta de decir verdad, de tener reconocido ese carácter en el proceso penal instaurado a su defendido. Empero, la demanda del quejoso ********, no contiene la manifestación de la persona de nombre *******-bajo protesta de decir verdad- de tener reconocido el carácter de defensor del quejoso en mención, en la carpeta de investigación de la cual derivan los actos reclamados. Lo cual determina la ineficacia de la firma electrónica de *******, pues el quejoso utilizó esa firma para presentar su demanda de amparo, sin que existieran condiciones para actualizar el supuesto de representación legal, previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. De ahí que se haya considerado que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso ********, por propio derecho, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", al carecer de la firma electrónica necesaria para la instauración del juicio de protección, en la vía electrónica. Sólo resta decir que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso **********, por propio derecho, debido a las razones expuestas con antelación. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo. Quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones las personas que señala la parte quejosa porque no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que proporciona, pues el artículo 26 de la Ley de Amparo, no lo contempla las notificaciones por dicha vía; en efecto, el citado artículo únicamente prevé la notificación electrónica cuando las partes que expresamente así lo soliciten hayan tramitado de manera previa la firma electrónica. Comunicación de las partes. Con independencia a lo anterior, el correo electrónico y número de teléfono proporcionados, podrán considerarse, de manera excepcional -dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19-, por los actuarios correspondientes, como medio para establecer contacto con la parte impetrante del amparo, a fin de localizarla, no así para notificarla, Hago saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección5. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia; una vez termine la situación de contingencia generada por el virus COVID- 19. ****, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; de forma personal al quejoso y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 1077/2020-VII Puebla, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada vía electrónica por el quejoso *******, por propio derecho, con una firma electrónica de la persona de nombre ***********, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación de Calpan, Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, como los diversos 10/2020 que lo reforma, y 13/2020 - vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil veinte-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que se advierte en forma clara y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica a nombre del quejoso Domingo Lázaro Martínez pero sin su firma electrónica. Dicha modalidad (la electrónica) obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo3, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. De donde se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, sin embargo, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Bajo este contexto, se efectuó una revisión a la demanda presentada vía electrónica por el quejoso *****, lo cual permitió visualizar que no tiene firma electrónica con evidencia criptográfica. Lo cual permite afirmar que el promovente soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso *******, por propio derecho, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", razón por la cual procede desecharla. Máxime que los actos reclamados en la demanda, no encuadran en los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, ni en los previstos por el diverso 15 de la Ley de Amparo, porque aquellos están circunscritos a supuestas órdenes de citación, búsqueda, localización, aprehensión, detención, presentación, comparecencia, entre otros. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción para la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando se reclaman actos urgentes. Incluso debe señalarse que se advirtió una firma electrónica de la persona de nombre **********. Sin embargo, resulta ineficaz para la demanda de amparo presentada por el quejoso **********, por propio derecho. Lo anterior obedece a que la demanda del citado quejoso, no demuestra algún supuesto de representación legal que le permitiera utilizar la firma electrónica de la persona de nombre *******. Sobre todo porque la demanda de amparo no contiene manifestaciones que converjan al supuesto de representación legal, previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, el cual establece que el defensor del quejoso podrá instaurar el juicio de tutela constitucional, con la manifestación bajo protesta de decir verdad, de tener reconocido ese carácter en el proceso penal instaurado a su defendido. Empero, la demanda del quejoso ********, no contiene la manifestación de la persona de nombre *******-bajo protesta de decir verdad- de tener reconocido el carácter de defensor del quejoso en mención, en la carpeta de investigación de la cual derivan los actos reclamados. Lo cual determina la ineficacia de la firma electrónica de *******, pues el quejoso utilizó esa firma para presentar su demanda de amparo, sin que existieran condiciones para actualizar el supuesto de representación legal, previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. De ahí que se haya considerado que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso ********, por propio derecho, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", al carecer de la firma electrónica necesaria para la instauración del juicio de protección, en la vía electrónica. Sólo resta decir que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso **********, por propio derecho, debido a las razones expuestas con antelación. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del quejoso para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo. Quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones las personas que señala la parte quejosa porque no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Sin que resulte procedente tener como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que proporciona, pues el artículo 26 de la Ley de Amparo, no lo contempla las notificaciones por dicha vía; en efecto, el citado artículo únicamente prevé la notificación electrónica cuando las partes que expresamente así lo soliciten hayan tramitado de manera previa la firma electrónica. Comunicación de las partes. Con independencia a lo anterior, el correo electrónico y número de teléfono proporcionados, podrán considerarse, de manera excepcional -dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19-, por los actuarios correspondientes, como medio para establecer contacto con la parte impetrante del amparo, a fin de localizarla, no así para notificarla, Hago saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección5. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia; una vez termine la situación de contingencia generada por el virus COVID- 19. ****, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; de forma personal al quejoso y cúmplase.
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