Domingo de la Cruz Martínez
Expediente 801/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Domingo de la Cruz Martínez
- VICTOR DE LA CRUZ MARTÍNEZ y Otros.
- Victor de la Cruz Martínez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 801/2023. En diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la jueza con un oficio recibido en forma electrónica; y registrado con el número de control interno 10250. Conste. Puebla, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Al expediente el oficio signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual acusa recibo de copia certificada del presente juicio e informa que admitió el recurso de queja interpuesto, registrándolo con el número de queja 186/2023. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 801/2023. Puebla, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA Se recibe el escrito signado por +++++++++++++++++++, mediante el cual interponen recurso de queja contra el auto de tres de agosto del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, con fundamento en los artículos 98, 99, 100, 101, 103 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Por tanto, envíese el escrito de queja y copia certificada de todas las constancias que obran en este juicio, al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al tribunal colegiado que deba substanciar el recurso de queja. Se solicita en forma atenta al magistrado presidente del tribunal colegiado que por turno corresponda la queja, remita el acuse de recibo por los documentos que se remiten. Es innecesario proceder en términos de lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito), puesto que en el presente asunto se desechó la demanda, por ende, no se llamó a juicio a alguna otra parte; de ahí que no se integrara la litis constitucional. Por último, se rinde el informe sobre el recurso en los términos siguientes1 : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el tres de agosto del año en curso, se desechó de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los promoventes, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por último, desde este momento, se pone a disposición de la autoridad a quien corresponda conocer del medio de impugnación, el acceso al expediente electrónico del que deriva este expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Relacionar con Expediente de Origen" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, se instruye al Oficial Judicial A proceda a verificar la habilitación correspondiente en este asunto. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Juicio de amparo 801/2023-I Puebla, Puebla, tres de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por ++++++++++, contra un acto de la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante de Puebla, Puebla (sic). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a +++++++++++++++++++, porque así fue solicitado por la parte quejosa. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, porque al ingresarlos mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera; por ello no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional; por lo cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que, aun de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda formulada por los quejosos, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el acto reclamado siguiente: ".Auto de radicación con detenido de fecha 7 de julio de 2023, notificado el día 18 de Julio de 2023, en el que inicia el Procedimiento Ejecutivo Penal con número de Carpeta de Ejecución 84/2023/JESI/E, aplicando la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo cual es inexacto, ya que deriva de un Proceso Penal que causó ejecutoria previa a la vigencia de dicha ley...". Sin embargo, el proveído a través del cual se radica una carpeta de ejecución con base en lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse de manera inmediata a través del juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene que un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo indirecto, afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona.3 Luego, los actos intraprocesales o emitidos en el procedimeinto de ejecución de sentencias que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados. Así, puede decirse que los actos procesales, paraprocesales o en ejecución de sentencias no tienen por sí solos el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue preciso al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la determinación reclamada por la parte quejosa, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la determinación que se pretende combatir es el proveído que radicó la carpeta de ejecución +++++++++++++++++ mediante el cual se dio inicio al procedimiento de ejecución penal. Luego, derivado de la lectura de los conceptos de violación y entendida la demanda como un todo, se observa que la carpeta de ejecución +++++++++++++++++++ fue aperturada derivado de la sentencia emitida en segunda instancia el veinte de junio de dos mil catorce, en el toca de apelación 124/2014 por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Sin embargo, no es una determinación que afecte derechos sustantivos, sino más bien, encuadra en un acto procesal que no tiene el carácter de irreparable; sobre todo, al considerar que el procedimiento de ejecución de la pena no inició de manera automática tan pronto se emitió la sentencia en segunda instancia sino que, fue necesario que el juez de primer grado recepcionara la ejecutoria correspondiente y, de no haberse impugnado en amparo directo (dato que los quejosos omiten), la sentencia condenatoria inicia la etapa de ejecución bajo la vigilancia y rectoría del juez de ejecución correspondiente; de ahí que, la norma con base se aplica, es la vigente al momento en que inicia el procedimiento de ejecución de sentencia que, en el caso, ocurrió según lo narrado por los quejosos, hasta el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Aunado a ello, se tiene que dicho acuerdo de radicación no afecta los derechos sustantivos de los quejosos, puesto que aún no se ha determinado la duración, modificación o posible extinción de la pena; tampoco si tienen derecho de acceder a algún beneficio (cuya naturaleza es premial). Todo ello, impide considerar que el proveído combatido en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación. Se afirma lo anterior, pues aquél (auto de radicación) únicamente se trata de un acto procesal que tuvo por recibido los autos para iniciar el trámite de ejecución de la sentencia. De ahí que, el simple hecho de que la jueza responsable emitiera el acuerdo de radicación no entraña afectación irreparable a los derechos fundamentales de los quejosos. De ahí que se afirme, el citado acto reclamado es meramente procesal, pues no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo produce efectos de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de obtener una resolución favorable. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el auto reclamado ni una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso. Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de resolución reclamada al juez responsable no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico y autorizados. Ahora, la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo solicita que las notificaciones le sean practicadas a través del usuario "+++++++++++++++". En consecuencia, porque así fue solicitado de manera expresa en la demanda, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal le sean realizadas a través del mecanismo de notificación electrónica respecto del usuario mencionado; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, instrúyase al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al usuario "+++++++". Así mismo, la persona quejosa solicita el acceso al expediente electrónico y para ello proporciona al usuario: r+++++++++++++++. Por ende, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al referido usuario; por lo que se instruye la habilitación de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a ++++++++++++++++++ por no encontrarse registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, así como a los restantes autorizados, porque así fue solicitado. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (vía electrónica) y cúmplase
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