Dolores Villegas Lugo
Expediente 38/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Dolores Villegas Lugo
Actuaciones
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de febrero d dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA *********** EL AUTO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Vista la demanda de cuenta, que presenta Doleres Villegas Lugo, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de 38/2022-3B. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente, señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; asimismo que el acto reclamado, lo hace consistir en: "V.- ACTO RECLAMADO De la Autoridad señalada como responsable en esta demanda, refiriéndome especialmente a los CC integrantes del Órgano Laboral denominado JUNTA ESPECIAL NUMERO 35 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, reclamo sustancialmente: A].- La injustificada omisión de encausar legalmente el procedimiento a seguir sobre el incidente de liquidación que se le planteó y dictar ella resolución incidental de liquidación que le fue peticionada por la quejosa el ocho de diciembre del dos mil veintidós. B].- La injustificada omisión de sujetar sus actuaciones a los plazos y términos procesales fijado por la Ley Federal del Trabajo, esto es, para substanciar el procedimiento laboral incidental sometido a litis y, en vía de consecuencia, la plena y sistematica violación al derecho de petición y a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagradas en DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO descritas en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 35 fracción V, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculados gramatical y sistematicamente con los articulos 1, 2, 153 y 154 de la Ley del Seguro Social [Regimen 1973] y en los articulos 1, 2 y 127 fracciones I, IV y V y 133 de la Ley del Seguro Social [Vigente a partir del 1° de Julio de 1997], en virtud de que ha transcurrido en exceso los términos fijados por la LEY FEDERAL DEL TRABAJO y no ha dictado la resolución incidental, en el EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 1175/2016, misma causa que se integró con motivo de la demanda laboral interpuesta por la quejosa DOLORES VILLEGAS LUGO en contra de la persona moral INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL en fecha 15 de Agosto del 2016, y que se tramitó ante la autoridad que viene aquí señalada como responsable. C].- La inconstitucional, inconvencional e injustificada falta de interés jurídico, así como la sistémica inobservancia e inaplicación de los plazos, términos, formas y procedimientos laborales establecidos por los artículos los artículos 1, 2, 5 fracción XIII, 6, 17, 18, 685, 686 primer párrafo, 761, 763, 771, 837 fracciones 1 y II, 838, 899-A, 899-B, de la Ley Federal del Trabajo en relación sistémica con lo dispuesto por los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 35 fracción V, 123 fracción XXVII inciso h], XXVIII y XXIX, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la justicia debe de ser impartida de manera PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y GRATUITA Y DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS QUE FIJEN LAS LEYES LABORALES, lo que no ha acontecido dentro del EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 1175/2016 radicado en el ámbito de competencia de la autoridad responsable, desde el escrito INCIDENTE DE LIQUIDACION que se le planteo para el efecto de su debido avocamiento que no ha sido atendido desde la fecha de su presentación el ocho de diciembre del dos mil veintidós, mismo omisión de la que, en consecuencia, el artículo 2 de la Ley de la materia Laboral, prevé que Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras, igualdad sustantiva que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral, considerando que en este ámbito de competencia se supone el acceso a las mismas oportunidades a la quejosa, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres, razon fundamental por la que, a la fecha y sin justa causa comprobada que así lo justifique, el incidente de liquidación planteado no se sustanciado.". Asimismo, de contenido de dicho escrito inicial, se derivan como antecedentes sobresalientes, los siguientes: 1. Que la quejosa es parte actora en el juicio laboral número 1175/2016 del índice de la junta responsable. 2. Que el catorce de octubre de dos mil veintidós, se dictó un laudo, mediante el cual se le declaró como única y legitima beneficiaria de los derechos sociales y laborales derivados del fallecimiento del trabajador Rodolfo Guerrero Alcaraz condenando al Instituto Mexicano del Seguro Social al reconocimiento de la aquí peticionaria de amparo al otorgamiento y pago de la pensión de viudez que le corresponde a partir del dieciséis de junio de dos mil catorce, fecha en que falleció el extinto trabajador sobre el promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, conforme a los artículos 153 y 167 de la Ley del Seguro Social editada en 1973, para cuyo cálculo se ordenó abrir incidente de liquidación a petición de parte interesada. 3. Que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa presentó su solicitud tendente a la apertura del incidente de liquidación, por ya haber transcurrido el plazo para que el laudo fuera impugnado en amparo directo; por lo que de igual forma, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés acudió personalmente ante la junta, residente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, entrevistándose con el Secretario de Acuerdos, quien verbalmente, en lo que interesa, le informó que sabía del escrito presentado solicitando se abriera el incidente de liquidación por la quejosa el ocho de diciembre de dos mil veintidós, y que desde aquella fecha, por cuestiones de agenda no había sido posible programar fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental prevista en los artículos 763, 763 Bis, 945, 946, 950 y 966 Ter de la Ley Federal del Trabajo, debido a las cargas de trabajo. De lo anterior y del texto íntegro de la demanda se obtiene que el reclamo se relaciona con la dilación de la junta responsable en acordar la solicitud de la aquí quejosa orientada a la tramitación del inciden te de liquidación. Pues bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I, 107 fracción II, este último a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) ??????????????? II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;." V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Ahora, el acto que reclama la quejosa que nos ocupa, como se advirtió, se relaciona con la omisión de encausar legalmente el procedimiento a seguir sobre el incidente de liquidación que se le planteó, específicamente, acordar la petición de abrir el incidente de liquidación peticionado por la quejosa, el ocho de diciembre del dos mil veintidós y emitir la resolución correspondiente. De ahí que, la omisión, que se traduce en la dilación de aperturar tal incidente, emana de un juicio laboral y en el que la promovente refiere que tiene la calidad de parte actora. Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, la Sala ejemplificó que dichos supuestos podía ser la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Agregó que lo anterior pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, -tratándose de afectaciones dentro de un procedimiento- destacó que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el amparo indirecto interpuesto contra actos de esa naturaleza -8, 14 y 17 dentro de procedimiento-, es por regla general, notoriamente improcedente. Cierto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional al resolver la contradicción de tesis 325/2015 -exactamente aplicable al derivar de materia laboral y al haber sido analizado un acto de omisión de dictar laudo- señaló: "El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite en este caso en la etapa de ejecución de laudo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción". Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas circunstancias, como ya se precisó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, por regla general, el amparo deviene improcedente y debe desecharse cuando se reclamen actos derivados de un procedimiento que tengan su naturaleza en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, lo que reclama la quejosa en este amparo, respecto a la dilación en acordar su promoción presentada ante la junta responsable el ocho de diciembre de dos mil veintidós, para que se iniciara el trámite del incidente de liquidación, no puede ser considerado como un acto que afecte derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, por lo siguiente: Consecuentemente, si la promoción con la que se vincula el reclamo se presentó ante la junta el ocho de diciembre de dos mil veintidós, que fue jueves, esa data es la que debe tomarse en cuenta a efecto de establecer si la dilación que reclama es o no excesiva. Sin que se observe que ello haya ocurrido, por lo que enseguida se expone. ??????????????? Acorde al aviso publicado en el Boletín número 197 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme al artículo 13 de su Reglamento Interior, se estableció como segundo periodo vacacional del personal del tribunal, del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, de ahí que los días de ese periodo no deban computarse para el efecto de hacer el cómputo de los cuarenta y cinco días, atento a lo previsto por el artículo 734 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, descontando esos días, entonces han transcurrido veintisiete días hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo, lo que hace evidente que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito y emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, a fin de cumplir lo que establece el citado artículo 17 Constitucional. Por lo que, si a la fecha no han trascurrido más de cuarenta cinco días para que la autoridad responsable se pronuncie al respecto, no puede considerarse que la omisión que aquí se reclaman sea excesiva o que provoquen una parálisis del procedimiento laboral o inactividad; de ahí que no se advierta afectación alguna a un derecho fundamental. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, a las 10:04 h, Décima Época, de registro 2019400, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". De igual forma la diversa jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Criterio que ha sido sostenido de igual forma por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias números 7/2015 (10a.) y 8/2015 (10a.), derivadas de la contradicción de tesis 130/2014, del contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8 CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada."1 "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8° constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y 1 Época: Décima Época; Registro: 2008883; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 8/2015 (10a.); Página: 478. ??????????????? exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento."2 En este contexto, el aludido acto atribuido a la responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no implica, como ya se dijo, una excesiva dilación en acordar la solicitud de la quejosa. De ahí que dicho acto no puede considerarse como violatorio de derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte; que es por lo que se actualiza la causal de improcedencia de referencia. Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, la omisión reclamada no existe, pues como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente, para que la autoridad responsable provea respecto a la misma y notifique el acuerdo o determinaciones recaídas y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda formulada por Dolores Villegas Lugo, por notoriamente improcedente en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. 2 Época: Décima Época; Registro: 2008884; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.); Página: 480. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el situado en Avenida Río Sinaloa número 384 Norte entre Benjamín Hill y A. Ortega, colonia Scally, código postal 81240 de esta ciudad y, como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados David Imperial Bojórquez y Nancy Guadalupe Bojórquez Sánchez. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.
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