Dolores Villegas Lugo
Expediente 428/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Dolores Villegas Lugo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio de amparo 428/2020-3B, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por Dolores Villegas Lugo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Dolores Villegas Lugo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA DOLORES VILLEGAD LUGO, EL AUTO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Recepción de la demanda Se tiene por recibido el escrito inicial de demanda firmado por Dolores Villegas Lugo, por su propio derecho demanda de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Formación y registro del expediente Se ordena formar el expediente correspondiente, y registrar en el libro de gobierno bajo el número 428/2020-3B. Precisión de los actos reclamados De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y en la tesis P. VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; así como del análisis integral de la demanda de amparo y de la causa de pedir de la parte promovente, se precisa que el acto reclamado en el presente controvertido constitucional es el siguiente: ? La omisión de tramitar la demanda de amparo directo promovida contra el laudo dictado en los autos del juicio laboral 1175/2016. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez examinada en su totalidad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII1, en relación con el numeral 97, fracción II, inciso a)2, de la Ley de Amparo. Primero, es importante precisar que en el artículo 113 de la Ley de Amparo3, faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, ha señalado que un motivo de 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 2 Artículo 97. El recurso de queja procede: (.) II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; (.) 3 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 4 Tesis LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO????????????improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, en virtud de que su actualización se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios, de los documentos que se anexan a esas promociones, o bien de un diverso juicio de amparo. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente5. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa6. De esta manera, para advertir una notoria e indudable improcedencia debe atenderse al escrito de demanda, a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos DESECHARLA DE PLANO." consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605. 5 Véase la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro: 186605. 6 Véase la jurisprudencia 2a.7J. 183/2005, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 778, registro: 176329, y tesis sin número, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 84, Tercera Parte, página 35, registro: 238327. en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que no sea necesaria alguna otra constancia para configurar dicha improcedencia. En ese mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de juicio y que, por sus características propias, no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen aquella cuestión no se superaría7. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados8. Consecuentemente, si la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la 7 Véase por analogía, la tesis P. LXXI/2004, que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Constitucional, página 1122. Registro: 179954. 8 Véase la jurisprudencia P./J. 40/2000, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, página 32. Registro: 192097.??????????????? procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en el pacto federal, dichas causales deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones9. En el caso, se estima que se actualiza respecto del acto aquí reclamado, de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 97. El recurso de queja procede: (..) II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; (.) Como se parecía los numerales invocados, tratándose de actos relacionados con abstenciones o indebida tramitación de la demanda de amparo directo, por parte de la autoridad responsable, procede el recurso de queja. De manera que, el acto omisivo que impugna en esta instancia no puede reclamarse a través del presente juicio, ya que en términos de tal ordinal, debe impugnarse mediante el recurso que contempla la ley 9 Este tribunal comparte el criterio V.2o. J/18 sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 1996, tomo III, página 610, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES." de la materia, que es el de queja ante el Tribunal Colegiado que corresponda; de donde se sigue la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se endereza contra tal proceder. De esta manera, de lo narrado en el escrito inicial de demanda de observa lo siguiente: Que desde el quince de agosto de dos mil dieciséis, se tramita juicio ordinario laboral; Que en quince de octubre de dos mil diecinueve, se dictó laudo laboral en los autos del expediente 1175/2016; Que en catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la impetrante de amparo, promovió juicio de amparo directo; y, Que debido a la abstención, dilación u omisión de la autoridad responsable, la quejosa promovió ante la autoridad responsable el dos de septiembre de dos mil veinte, que se expidiera copia certificada del laudo y del oficio por el cual se remitió la demanda de amparo al Tribunal Colegiado correspondiente; es decir, se diera el trámite correspondiente a la demanda de amparo directo presentada, lo cual hasta la fecha no ha sucedido. En ese contexto, tenemos que el acto reclamado consiste en la omisión de tramitar la demanda de amparo directo promovida contra el laudo dictado en los autos del juicio laboral 1175/2016, por ende, resulta patente la actualización de la causa de improcedencia invocada.??????????????? Además, al tratarse de un acto derivado de un juicio de amparo directo no puede a su vez reclamarse en un diverso juicio de amparo, de ahí que en las relatadas circunstancias, al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , en relación con el artículo 61, fracción XXIII, y con el 97, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, por su afinidad con el tema se invoca la tesis visible en la página 285, Tomo X, septiembre de 1992, sustentada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de la voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable." Sin que la actualización de la causa de improcedencia antes advertida configure una denegación de justicia de los artículos 8, numeral 1º, de la convención??? americana sobre derechos humanos y 17 de la constitución federal, pues al constituirse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en sustento a esto, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."10 También, se invoca la Jurisprudencia (Constitucional) XI.1o.A.T. J/1 (10a.), cuyo contenido es: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO."11 Por analogía, la diversa emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 10 Tesis con número de registro 2002537, Décima Época, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. 11 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699. "ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES".12 Cobra sustento a lo hasta aquí relatado la tesis jurisprudencia (Común): VII.2o.C. J/23, cuyo rubro refiere: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA"13. Autorización de días y horas inhábiles Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Domicilio y autorizados De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la impetrante del amparo para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Río Sinaloa 384 Norte -entre Benjamin Hill y A. Ortega-, Fraccionamiento Scally, de esta ciudad y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado David Imperial Bojórquez. 12 Visible en la página 511, tomo XIX, de mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 13 Emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Página 921.? Protección de datos personales Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.
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