Dolores Resendiz Callejas
Expediente 919/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Dolores Resendiz Callejas
Actuaciones
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- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 919/2020-VI, promovido por -----------, en representación de ------------, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en contra de actos del Ministerio Público Investigador del Primer Turno, adscrito al Centro de Justicia de San Juan Ixhuantepec, Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y remitido ese mismo día a este órgano jurisdiccional, ------, promovió demanda de amparo en representación de -----------, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en contra de los siguientes actos y autoridades responsables: "Autoridad responsable: 1.- Ciudadano agente del Ministerio Público, investigador, del Primero, Segundo, Tercer turno, adscrito al centro de Justicia de U.E.C.S. VALLE DE MÉXICO EN SAN JUAN IXHUAXTEPEX. [.] De la autoridad que señalo como responsable: [.] Le reclamo, la inconstitucionalidad e ilegal incomunicación que mantienen sobre el quejoso ---, desde el día 30 de noviembre del año 2020, y que a la fecha no se permite el acceso, para tener comunicación con él y poder ejercer su derecho de defensa técnica adecuada." [sic] SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa alegó que el acto reclamado vulneró sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17, 20, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. En auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional recibió la demanda de amparo, la cual fue registrada bajo el número 919/2020-VI, concedió la suspensión de plano y comisionó al actuario a fin de que se constituyera en el que Centro de Justicia de Unidad Especializada de Combate al Secuestro (U.E.C.S.) Valle de México en San Juan Ixhuatepec, lugar donde se encontraba detenido el quejoso (según lo narrado en la demanda de amparo), a fin de que requiriera al directo quejoso para que manifestara si ratificaba o no la demanda promovida en su favor. El uno de diciembre de dos mil veinte, el quejoso ratificó la demanda de amparo ante la presencia del actuario judicial adscrito a éste órgano jurisdiccional, por lo tanto, en auto dos de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, se le dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público adscrito, quien no formuló pedimento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional calificó el asunto como urgente, en atención a que el acto reclamado se trata de la incomunicación del quejoso, por lo que se ordenó continuar con la tramitación del mismo hasta su resolución y se exhortó a las partes para que continuaran el juicio de manera electrónica. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que el acto reclamado tuvo ejecución en el municipio de Tlalnepantla de Baz, lugar que se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente,5 se observa que el quejoso reclamó de los Agentes del Ministerio Público adscritos al Primer, Segundo y Tercer Turno del Centro de Justicia de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla lo siguiente: La incomunicación del quejoso, Dolores Reséndiz Callejas, que tuvo lugar a partir del treinta de noviembre de dos mil veinte. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es CIERTO el acto reclamado, ya que si bien las tres autoridades responsables negaron los actos reclamados, lo cierto es que de las constancias que remitieron se advierte que Dolores Reséndiz Callejas, fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de San Juan Ixhuatepec a las diez horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, sin embargo no fue sino hasta el primero de diciembre de dos mil veinte, que se le permitió hacer una llamada y hasta las catorce horas con dos minutos de ese día que se designó un abogado defensor. Lo cual se corrobora con las copias auténticas de la carpeta de investigación NUC: TLA/TLA/NIR/063/295601/20/11, remitidas por las autoridades responsables, al momento de rendir su informe justificado. Documentos a los se concede valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2, párrafo segundo, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. 5 Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, si el quejoso estuvo detenido desde el treinta de noviembre de dos mil veinte, y fue hasta las catorce horas con dos minutos del día siguiente que se le permitió designar un abogado y realizar una llamada, es evidente que al momento en que se presentó la demanda de amparo -el treinta de noviembre de dos mil veinte-, el quejoso aún se encontraba incomunicado, lo que implica que subsistía el acto reclamado, señalado en el considerando anterior; en consecuencia se debe tener por CIERTO el acto reclamado. Es importante referir que se considera cierto el acto reclamado respecto de las tres autoridades señaladas como responsables, toda vez que, de los informes justificados se desprende que el quejoso fue puesto a disposición del "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL PRIMER TURNO EN SAN JUAN IXHUATEPEC, MISMO QUE DEJA EN CALIDAD DE CONTINUADA [LA] CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL HOMÓLOGO DEL SEGUNDO TURNO, Y ESTE ULTIMO LA DEJA CONTINUADA AL [.] PERTENECIENTE AL TERCER TURNO DEL CENTRO DE JUSTICIA DE SAN JUAN IXHUATEPEC [.]", por lo tanto, se estima que los tres agentes del Ministerio Público responsables intervinieron en la misma, sin ser clara la fecha en que cada uno dejó de conocer de la referida carpeta. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Bajo esa óptica, este juzgador advierte se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos durante la tramitación del presente juicio, en razón de que el agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en San Juan Ixhuatepec, exhibió copia certificada de las constancias de la carpeta de investigación NUC: TLA/TLA/NIR/063/295601/20/11, de las cuales se desprende que el quejoso Dolores Reséndiz Callejas, realizó una llamada a su esposa, designó un abogado defensor y mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, fue puesto en libertad. El referido precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: II. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". De esa forma, la fracción XXI del artículo 61 considera la cesación o ausencia de efectos como causal de improcedencia del juicio de amparo. Ello en virtud de que los actos reclamados en el juicio de amparo deben tener como consecuencia inmediata causar una violación a los derechos de la parte quejosa en términos del artículo 103 constitucional, por lo que cuando cesan las violaciones referidas, el procedimiento de amparo pierde razón de ser, ya que no sería susceptible de reparar la violación en tanto que la misma dejó de existir por algún acto superveniente. Esta causal de improcedencia se traduce en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma de este, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida, no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que ameriten ser subsanados con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.6 6Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 33/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 18, Mayo de 2015 Tomo I, Página: 168, de rubro y texto: "ARRAIGO. LA ORDEN RELATIVA NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS (ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXXIII/2001). La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista tanto en la Ley de Amparo abrogada como en la vigente, consistente en "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, para que se actualice, se requiere de lo siguiente: a) desde luego, de un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) de un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma Así, la improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho humano vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el misma exija de ella. Bajo esas circunstancias, vale la pena reiterar que el acto reclamado se hace consistir en la incomunicación que sufrió el quejoso a partir del treinta de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, adscrito al Centro de Justicia de de San Juan Ixhuatepec. Ahora, de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de dicho Centro de Justicia se advierten las siguientes actuaciones: Constancia de lectura de derechos al imputado, de primero de diciembre de dos mil veinte, a las tres horas con veinte minutos, en la cual el quejoso asentó que se le permitió hacer una llamada al número 5523404176, para comunicarse con Patricia Enríquez Navor; Tres constancias de primero de diciembre de dos mil veinte, en las que Roberto Cortés Miranda, Marisol Enríquez Navor y Patricia Enríquez Navor (esposa del quejoso) manifiestan que el Ministerio Público le dio informes relacionados con la causa de detención del quejoso; Una segunda constancia de lectura de derechos al imputado, de primero de diciembre de dos mil veinte, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos, en la cual obran las firmas del quejoso y del abogado defensor Marco Antonio Muños Sánchez; Acta de primero de diciembre de dos mil veinte, suscrita a las catorce horas con dos minutos, en la cual se advierte que el imputado, Dolores Reséndiz Calleja (de quien obran firma y huella digital) designó como abogado defensor a Marco Antonio Muños Sánchez, quien en ese acto aceptó y protestó el cargo. Registro de la declaración del imputado, rendida a las catorce horas con seis minutos del primero de diciembre de dos mil veinte, en la cual también se advierte la firma del abogado defensor Marco Antonio Muños Sánchez; permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; d) de una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, ha sustentado que para su configuración, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, la orden de arraigo tiene dos momentos: la restricción de la libertad deambulatoria del indiciado, por un término no mayor a cuarenta días; y que, en ese plazo, se recaben elementos probatorios por el Ministerio Público para lograr el éxito de la investigación. Es claro que el primer momento inicia y fenece el día y hora que indica la autoridad judicial al momento de emitir dicho acto; el segundo momento, al estar sujeto a un plazo tiene principio y fin; sin embargo, las pruebas que se recaben en dicho plazo, que tienen el objetivo de lograr el éxito de la averiguación, lógico es, no fenecen con este último, pues lo obtenido tendrá efectos en actos judiciales posteriores. En esta tesitura, si para considerar actualizada la causa de improcedencia por cesación de efectos no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que sus consecuencias queden destruidas de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo y restituido al quejoso en el pleno goce del derecho transgredido de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, ello permite concluir que contra el acto consistente en la orden de arraigo no puede sobrevenir dicho supuesto de improcedencia pues las pruebas recabadas en su duración subsistirán y tendrán efectos en actos de autoridad concretos posteriores, por lo que no puede actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos. Por lo anterior, se abandona el criterio sustentado en la tesis aislada 1a. LXXXIII/2001, emitida por la Primera Sala, de rubro: "ARRAIGO. CESAN SUS EFECTOS CUANDO CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN SE HAYA LEVANTADO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 168." Acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, dictado a las diez horas, en el cual se ordenó la inmediata libertad bajo las reservas de ley en favor de Dolores Reséndiz Callejas, al no encontrarse reunidos los extremos del artículo 16 constitucional para ejercer la acción penal, por lo que en esa fecha se le permitió retirar del Centro de Justicia en el que se encontraba detenido. De esa forma, es claro que los efectos de la incomunicación cesaron desde el momento en que se le permitió al quejoso comunicarse con sus familiares (esposa) y designó un abogado defensor; más aún es evidente que si el dos de diciembre de dos mil veinte, se decretó su libertad bajo reservas de ley, ningún efecto de la incomunicación subsiste a la fecha, pues el quejoso se encuentra en completo goce de su libertad. Por lo tanto, si bien es cierto que no obra constancia alguna que permitiera acreditar que el día treinta de noviembre de dos mil veinte, el quejoso tuvo alguna comunicación con sus familiares o con su abogado defensor, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado haya exhibido las constancias de que al día siguiente - primero de diciembre de dos mil veinte-, (i) se le permitió al quejoso realizar una llamada a su esposa, (ii) haya designado un abogado defensor, quien lo asistió al momento de rendir su declaración y (iii) que en acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte se haya decretado su libertad bajo reservas de ley, significa que los efectos de la incomunicación de la que fue objeto, dejaron de existir desde esa fecha, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de que se actualizara una violación a los derechos fundamentales del quejoso. En esos términos, es menester concluir que las omisiones reclamadas han dejado de surtir sus efectos; en consecuencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo, lo conducente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo de conformidad con lo previsto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Siendo innecesario abordar el análisis de los conceptos de violación relacionados con los actos reclamados, ya que tal sobreseimiento impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo.7 Finalmente, también es importante aclarar que el sentido de esta sentencia de ninguna manera prejuzga ni excluye la posible responsabilidad administrativa o penal en que incurrieron las autoridades responsables que mantuvieron al quejoso en estado de incomunicación por cierto tiempo; sin embargo ello es una cuestión que excede los alcances del presente juicio de amparo, por lo que no es posible pronunciarse al respecto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por -----------, contra del acto precisado en el considerando SEGUNDO, por las razones expuestas en el CUARTO considerando de esta resolución. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno en San Juan Ixhuatepec, México, por medio del cual rinde informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable y anexos que adjunta. De la misma forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que remite la oficiante de mérito en apoyo a su informe justificado. Dése nueva cuenta con dicho informe justificado y anexos en la audiencia constitucional. Notifíquese a las partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículos 2, fracción XII y 16, fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veinte de enero del año que trascurre, se requirió al Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México, para que en plazo de tres días, legalmente computado, informe si dentro de la carpeta de investigación NUC: TLA/TLA/NIR/063/295601/20/11, el quejoso --------, ya tuvo contacto con algún familiar o con su abogado, y en caso de ser afirmativo, remita las constancias que acrediten dicha circunstancia, asimismo, para que informe cuál es la situación jurídica en la que actualmente se encuentra el aquí quejoso, es decir, si éste fue puesto a disposición de un juez de control, vinculado a proceso o puesto en libertad; por tanto, a efecto de dar tiempo a su desahogo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano de control constitucional. Al respecto, con apoyo en el numeral 27, del Acuerdo General 12/2020, para el efecto de que si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, escrito que deberá ser presentado vía electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículos 2, fracción XII y 16, fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta por medio del cual rinde informe justificado, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de San Juan Ixhuatepec, Estado de México. En consecuencia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de mérito y dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de su contenido, asimismo, otórguese nueva cuenta con dicho informe en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que del contenido de su informe justificado, se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, no puede remitir las constancias solicitadas porque no cuenta con la carpeta de investigación relacionada con el aquí quejoso Dolores Reséndiz Callejas, ya que la misma fue dejada en calidad de continuada al Tercer Turno de ese Centro de Justicia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo SE REQUIERE al Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México, quien de acuerdo a lo manifestado en el informe justificado de cuenta continua con la integración de la carpeta de investigación NUC: TLA/TLA/NIR/063/295601/20/11, para que: En el plazo de tres días, legalmente computado, de cumplimiento a lo requerido mediante informe si dentro de la carpeta de investigación NUC: TLA/TLA/NIR/063/295601/20/11, el quejoso ya tuvo contacto con algún familiar o con su abogado, y en caso de ser afirmativo, remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. Además, se le REQUIERE para que informe cuál es la situación jurídica en la que actualmente se encuentra Dolores Reséndiz Callejas, es decir si éste fue puesto a disposición de un juez de control, vinculado a proceso o puesto en libertad. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá al una multa de $4,334.00 (cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Finalmente, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Notifíquese a las partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículos 2, fracción XII y 16, fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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