Dolores Elizabeth Rivera Sosa
Expediente 987/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Dolores Elizabeth Rivera Sosa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de siete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por Dolores Elizabeth Rivera Sosa, por propio derecho, en el presente juicio de amparo 987/2021-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos la razón de cuenta, signada por el Actuario de la Adscripción, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo, para llevar a cabo la notificación del auto **, por los motivos que expone en la misma. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, aún las de carácter personal, las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, hasta en tanto, señale diverso domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, notifíquese por lista a la parte quejosa, el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, el presente proveído, así como las subsecuentes que se ordenen de forma personal, el cual dice: Vista la demanda de amparo promovida por Dolores Elizabeth Rivera Sosa, por propio derecho, contra actos del Juzgado de lo Penal en el Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 987/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ello, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que se revele la voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medio electrónico. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por el directo quejoso, representante legal o apoderado, de forma impresa o por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por Firma Electrónica a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el caso en concreto, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Dolores Elizabeth Rivera Sosa, carece de su firma electrónica. No es óbice a lo anterior, el hecho de que en la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE 2.0), que obra en la demanda que se atiende, se observe evidencia de seguridad criptográfica; sin embargo, la misma corresponde a Gustavo Ruiz Ramírez, persona distinta a la directa quejosa. De esta manera, no se advierte la manifestación de voluntad de la directa quejosa de acudir a la presente instancia constitucional; siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Bajo la exposición que antecede, es inconcuso que no se le puede otorgar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) de Dolores Elizabeth Rivera Sosa. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma de la promovente, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro sesenta y dos, Enero de dos mil diecinueve, Tomo I, página cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo, toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco resulta inadvertido que al final del escrito inicial de amparo, se encuentre asentada una firma autógrafa, aparentemente de la quejosa Dolores Elizabeth Rivera Sosa, sin embargo, ello no es suficiente para tener por justificada la expresión de voluntad a que se ha hecho mención en párrafos anteriores, pues a lo mucho, pudiera equivaler a una impresión en copia simple, la cual por sí sola carece de valor. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por Dolores Elizabeth Rivera Sosa, por propio derecho, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo, a Gustavo Ruiz Ramírez, ya que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto al resto de los facultados, únicamente se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Dada la naturaleza de la presente determinación, por única ocasión se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Ricardo Flores Magón, manzana 17, lote 11, colonia Texalpa Tulpetlac, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, código postal 55418, a efecto de que notifique de manera personal el presente proveído a la quejosa. En términos del último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice la presente diligencia en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al Actuario Judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otra parte, toda vez que proporcionó el nombre de usuario para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, a saber, "8647263"con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase al Analista Jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice las gestiones necesarias. EXHORTACIÓN A CONTIUNAR EL JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN A LAS PARTES En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace de su conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Dolores Elizabeth Rivera Sosa, por propio derecho, contra actos del Juzgado de lo Penal en el Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 987/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ello, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que se revele la voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medio electrónico. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por el directo quejoso, representante legal o apoderado, de forma impresa o por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por Firma Electrónica a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el caso en concreto, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Dolores Elizabeth Rivera Sosa, carece de su firma electrónica. No es óbice a lo anterior, el hecho de que en la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE 2.0), que obra en la demanda que se atiende, se observe evidencia de seguridad criptográfica; sin embargo, la misma corresponde a Gustavo Ruiz Ramírez, persona distinta a la directa quejosa. De esta manera, no se advierte la manifestación de voluntad de la directa quejosa de acudir a la presente instancia constitucional; siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Bajo la exposición que antecede, es inconcuso que no se le puede otorgar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) de Dolores Elizabeth Rivera Sosa. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma de la promovente, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro sesenta y dos, Enero de dos mil diecinueve, Tomo I, página cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo, toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco resulta inadvertido que al final del escrito inicial de amparo, se encuentre asentada una firma autógrafa, aparentemente de la quejosa Dolores Elizabeth Rivera Sosa, sin embargo, ello no es suficiente para tener por justificada la expresión de voluntad a que se ha hecho mención en párrafos anteriores, pues a lo mucho, pudiera equivaler a una impresión en copia simple, la cual por sí sola carece de valor. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por Dolores Elizabeth Rivera Sosa, por propio derecho, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo, a Gustavo Ruiz Ramírez, ya que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto al resto de los facultados, únicamente se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Dada la naturaleza de la presente determinación, por única ocasión se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Ricardo Flores Magón, manzana 17, lote 11, colonia Texalpa Tulpetlac, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, código postal 55418, a efecto de que notifique de manera personal el presente proveído a la quejosa. En términos del último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice la presente diligencia en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al Actuario Judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otra parte, toda vez que proporcionó el nombre de usuario para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, a saber, "8647263"con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase al Analista Jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice las gestiones necesarias. EXHORTACIÓN A CONTIUNAR EL JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN A LAS PARTES En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace de su conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- Dinah Diamante Esquenazi Sasson154/2021
- Dionicia Roque Loaeza1268/2019
- Dionisio de la Rosa Esquivel576/2019
- Divia Yolotl Avedaño Moreno1767/2017
- Dolores Aguilar Cortés464/2017
- Dolores Cedeño Cervantes1237/2022
- Dolores Leticia Lechuga Huerta963/2020
- Dolores Resendiz Callejas919/2020
- Dominga Cayetano Molina1383/2023
- Domingo García Ramírez196/2022
- Domingo José Mendoza Rodríguez1684/2018
- Domingo Memije Reyes1159/2023