Dolores Hernandez Sanchez
Expediente 491/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Dolores Hernandez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, once de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, por el que solicita se le devuelva la garantía que aduce exhibió en autos de la presente incidencia. En atención a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad a su solicitud, toda vez que en el cuaderno en que se actúa no obra el título de crédito que solicita, en razón de que, en la presente incidencia se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que no fue requerida garantía alguna. Notifíquese.
- Principal
...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato y a la Juez de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato, no obstante que al rendir su informe justificado correspondiente fueron omisos en aceptar o negar el acto que se les atribuye (fojas 86 a 103) sin embargo, realizaron manifestaciones que evidencian su certeza. Por otra parte el Director de la Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del acuerdo en el que se le requierió (fojas 84 y 85) por lo que se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le imputa, en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo4. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitieron con su informe justificado, consistentes en el Acuerdo General de dos de julio de dos mil veinte, relativo a la presentación de promociones subsecuentes en las oficialías comunes de partes de las 15:00 a las 24:00 horas aún y cuando no sean promociones de término y la programación de diligencias de ejecución, a fin de reforzar las medidas de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado de la enfermedad Covid 19, y del juicio ejecutivo mercantil *** éstas últimas que obran en un tomo de pruebas por cuerda separada, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2 CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, quien ahora resuelve advierte que respecto del acto reclamado al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, consistente en el Acuerdo General de dos de julio de dos mil veinte, relativo a la presentación de promociones subsecuentes en las oficialías comunes de partes de las 15:00 a las 24:00 horas aún y cuando no sean promociones de término y la programación de diligencias de ejecución, a fin de reforzar las medidas de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado de la enfermedad Covid 19, opera la actualización de la causal de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo5. Ello es así, pues al rendir su informe justificado dicho Presidente, remitió copia certificada del Acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte, por el que se autoriza la realización de diligencias de ejecución, y en su artículo segundo establece: "ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con el semáforo epidemiológico, en el nivel de alerta medio que corresponde al color amarillo, se permiten todas las actividades laborales, con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, se autoriza la realización de diligencias de ejecución en todo el Estado. Para su reprogramación (diligencias ya programadas que quedaron suspendidas) o programación (nuevas solicitudes) según corresponda, se deberá atender el Protocolo para la práctica de diligencias de ejecución anexo al presente acuerdo, el cual es de observancia obligatoria" Con lo anterior se obtiene, que si en inicio la parte quejosa reclamó el Acuerdo General de dos de julio de dos mil veinte, relativo a la presentación de promociones subsecuentes en las oficialías comunes de partes de las 15:00 a las 24:00 horas aún y cuando no sean promociones de término y la programación de diligencias de ejecución, en el que se determinó suspender las diligencias de ejecución que no fueran consideradas como urgentes por el juez, y con posterioridad (siete de octubre de dos mil veinte) se emitió el acuerdo por el que se autoriza la realización de diligencias de ejecución que había sido suspendidas, permitiendo para ello, la programación o reprogramación de las mismas, resulta imposible en este juicio analizar el acto reclamado en esta instancia constitucional, ya que de hacerlo se afectaría la situación que originó el nuevo acto. Por otra parte, respecto del acto reclamado al Director de la Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, consistente en la negativa para programar fecha para realizar la ejecución del auto de exequendo de nueve de julio de dos mil veinte, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, la Ley de Amparo6 Respecto del acto en estudio, la parte quejosa por conducto de su endosatario en procuración, solicitó al juez del conocimiento la declaración de urgencia respecto a la ejecución de la orden de requerimiento de pago y embargo, dictada el nueve de julio de dos mil veinte, en el juicio ejecutivo mercantil *** petición que fue negada en acuerdo de diecisiete de julio del mismo año, al considerar que dicha diligencia no era de extrema urgencia, determinación contra la cual interpuso recurso de revocación, mismo que fue declarado sin materia en resolución de treinta de julio de dos mil veinte. En ese contexto, debe estimarse que cesaron los efectos y consecuencias de la negativa para programar fecha para realizar la ejecución del auto de exequendo de nueve de julio de dos mil veinte, reclamada al Director de la Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, pues al haberse emitido diversa resolución en un recurso ordinario recurso de revocación, aquélla reemplazó a la actuación recurrida y es la que puede ser combatida a través del juicio de amparo, por ser la que realmente afecta a la parte quejosa. Es aplicable al caso, la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2013461 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV Materia(s) : Común Tesis: I.2o.P.4 K (10a) Página: 2546 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia" SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 178/2016. 4 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Alfonso Montalvo Martínez. Secretaria: Rosa Aurora González Padilla. Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación" En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación formulados respecto de los actos mencionados. QUINTO. Estudio de fondo contra la resolución de treinta de julio de dos mil veinte. Al no advertirse alguna causa de improcedencia diversa a las analizadas en el considerando que antecede y que deba estudiarse de oficio, enseguida se procede al análisis del concepto de violación que formula la parte quejosa, mismo que se encuentra dentro de su demanda de amparo, el que se tiene por reproducido como si a la letra se insertara. Para cumplir con el fin anunciado conviene relatar, de manera breve, los antecedentes que constituyen los actos reclamados. ... Bien, la parte quejosa en su segundo y tercer concepto de violación argumenta que es ilegal la decisión del juez de no declarar como urgente la diligencia puesto que la ley en los preceptos mercantiles no exige que sean declarados de urgencia, por lo que el auto impugnado y la resolución de la revocación violan el principio de legalidad, ya que la ley no lo exige, aunada a que jamás solicitó habilitar días y horas inhábiles, sino solo se declarara la urgencia que exigía el Presidente del Tribunal en su acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, para que le pudieran dar fecha y hora en la central de actuarios para llevar a cabo la diligencia, con lo que se violó el principio de legalidad y con ello el acceso a una justicia completa como lo prevén los artículos 14 y 17 constitucionales. Por lo que la resolución no es congruente, ya que se basa en interpretaciones que no son aplicables y no toca el punto de los agravios expresados, ya que no hay dispositivo legal que disponga que en los juicios ejecutivos mercantiles tenga que decirse la urgencia de la diligencia, de ahí lo ilegal de la resolución. Alegaciones que se consideran inoperantes, pues se pone de manifiesto que no combate las consideraciones y fundamentos torales en que se apoyó la juez responsable para dictar la resolución de treinta de julio de dos mil veinte, en la que determinó declarar sin materia el recurso, al considerar que la intención del recurrente era para que la diligencia de requerimiento de pago se realizara en una fecha que ya había pasado, por lo que se había extinguido la causa que motivó su petición. Por lo que a efecto de impugnar esa determinación, la parte quejosa debió precisar porqué la declaración sin materia del recurso violaba sus derechos humanos y el principio de legalidad y al no haberlo hecho de esa manera, es que resulta evidente la inoperancia de sus alegaciones. Motivo por el cual, esta juzgadora no puede estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, pues sólo se hace en función de la ilegalidad o inconstitucionalidad que la parte aduzca al impugnar el acto reclamado, esto es, con base en los argumentos expuestos por la parte quejosa tendentes a combatir los razonamientos y fundamentos en que se sustenta dicho acto, pues de lo contrario, se supliría la deficiencia de la queja, en un caso no permitido por la ley, pues no se advierte alguna violación por la que deba aplicarse dicha suplencia, ello de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis siguiente: Registro digital: 239468 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s) Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217 228, Cuarta Parte, página 71 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACION. INOPERANTES, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SIN QUE EXISTA VIOLACION MANIFIESTA DE LA LEY QUE MOTIVARA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si el quejoso, sustancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, y además no existe violación manifiesta de la ley que le hubiera dejado en estado de indefensión, que ameritara suplir la deficiencia de la queja, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, segundo párrafo de la Constitución y 76 bis de la Ley de Amparo, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo ni resultan manifiestamente violatorios de la ley, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama. Amparo directo 4018/87. Amador Rodríguez Salvador e Idolina Pulido de Rodríguez. 10 de septiembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno. Amparo directo 1144/87. Susana Martínez Gutiérrez. 15 de junio de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno. Notas: Reitera tesis de jurisprudencia 98 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 1985, Cuarta Parte, página 270. En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION. RESULTAN INOPERANTES, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SIN QUE EXISTA VIOLACION MANIFIESTA DE LA LEY QUE MOTIVARA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA" Por lo tanto, al resultar inoperantes las alegaciones que formuló la parte quejosa lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Dolores Hernández Sánchez. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo en términos del considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** contra el acto que reclama de la Juez Primero de Partido Civil de Salamanca, Guanajuato, por las consideraciones señaladas en el considerando quinto de la presente resolución...
- Principal
...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato, y por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en la capital, los cuales se pusieron a la vista en acuerdo de veinte del mes y año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo...
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