Diego Javier García Pérez
Expediente 845/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diego Javier García Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, que signa la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 24130, del índice de este Juzgado, a través del cual se le notificó el proveído de dieciocho de diciembre del dos mil quince; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el presente juicio, en tanto que el original del cuaderno incidental en donde se negó la suspensión provisional y definitiva, en términos del punto vigésimo primero, fracción III del acuerdo en cita es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, por lo que respecta al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para la autoridad responsable, toda vez que carece de legitimación para interponer recurso de revisión *** Finalmente, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este recinto jurisdiccional a recoger la documental que exhibió en original en el presente juicio, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, como se previene en el Acuerdo General conjunto número 1/2009 de que se trata.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al aviso de veintiuno de diciembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución de dieciocho de diciembre del año en curso, en atención a que no compareció los días veintidós o veintitrés de diciembre del presente año para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el presente juicio, en tanto que el original del cuaderno incidental en donde se negó la suspensión provisional y definitiva, en términos del punto vigésimo primero, fracción III del acuerdo en cita es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, por lo que respecta al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para la autoridad responsable, toda vez que carece de legitimación para interponer recurso de revisión *** Finalmente, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este recinto jurisdiccional a recoger la documental que exhibió en original en el presente juicio, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, como se previene en el Acuerdo General conjunto número 1/2009 de que se trata.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama el quejoso es: 1. La orden que decretó el Juez Único de Partido Civil Especializado en materia Familiar, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, al admitir la demanda del juicio natural, para que vía nómina se realice el descuento de un porcentaje por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" En el caso concreto, como ya se mencionó, el quejoso reclama del Juez Único de Partido Civil Especializado en materia Familiar, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, la orden que decretó al admitir la demanda del juicio que se indica, para que vía nómina se realice al quejoso descuento de un porcentaje por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo; sin embargo, el presente juicio de amparo en contra de ese acto resulta improcedente. En efecto, del precepto legal citado, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos dada la existencia de una manifestación de voluntad que entrañe dicho consentimiento; entendiéndose por tal, aquellos contra los que no existe oposición o, incluso, que se realice alguna manifestación del afectado que permita establecer de manera clara y concreta que se está de acuerdo con el acto determinado. Dicha causal tiene su razón en la necesidad de dar seguridad jurídica al orden social, pues si existiendo un acto autoritario que afecta a un particular gobernado en su haber jurídico, éste realiza alguna manifestación que permita establecer de manera clara y precisa su consentimiento, nace en su perjuicio una presunción legal en el sentido de que está conforme con el acto autoritario y ésta adquiere firmeza jurídica y se torna inexigible. Así, para que exista ese consentimiento por una manifestación que así lo entrañe, respecto del acto reclamado para efectos del amparo, es menester que concurra alguna circunstancia que sí permita establecerlo, como en el caso acontece, puesto que como se desprende de los autos del juicio de amparo que ahora se resuelve, el aquí quejoso expresó su conformidad con el acto que ahora se reclama, precisamente en el desahogo de la audiencia preliminar desarrollada ante el Juez responsable, en el juicio oral familiar que se indica, de data veintiocho de octubre de dos mil quince. Se explica. Como se adelantó, el acto reclamado se hace consistir en la orden decretada por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar al admitir la demanda del juicio natural, para que vía nómina se realice al quejoso descuento de un porcentaje por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo. Sin embargo, como se ha establecido, dicho acto ha sido consentido, dada la manifestación del quejoso que entraña la voluntad de su aceptación. Se afirma lo anterior, puesto que así se advierte de lo vertido por la autoridad responsable en su oficio número 1336 (foja 41), lo cual se confirma con el oficio de cuenta al que acompaña constancias en copias certificadas del acta de audiencia preliminar y del convenio celebrado entre las partes ambos de fecha veintiocho de octubre de la presente anualidad, así como un disco en formato DVD, que contiene lo anterior; en el sentido de que, en la audiencia preliminar, las partes dentro del Juicio Oral Familiar del número que se indica, llegaron a un convenio respecto de la pensión alimenticia definitva a favor de su menor hijo; la cual se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, lo que se corrobora con el dispositivo de video que se ha observado y oído en su integridad. En este contexto, dicho convenio fue ratificado por las partes intervinientes, aprobado por el Juzgador del conocimiento y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, de lo que se sigue que existe una manifestación de voluntad que entrañó en consentimiento de aquélla determinación, esto es, lo que ahora constituye el acto reclamado en esta instancia Constitucional. Máxime que, ni en dicha audiencia de juicio ni en autos, se aprecia que el quejoso haya impugnado de nulidad dicho convenio a través de juicio autónomo, lo que corrobora y robustece la manifestación de voluntad del quejoso. En las relatadas condiciones, resulta inconcuso que contra del acto reclamado existen manifestaciones de voluntad que entrañan su consentimiento. Sobre el particular tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual forma, apoya lo aquí resuelto, la tesis jurisprudencial sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1798, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO POR CONSENTIMIENTO DEL LAUDO RECLAMADO. La manifestación de conformidad con el laudo reclamado por el quejoso en el juicio de amparo ante la autoridad responsable, consistente en la celebración de un convenio finiquito en el que se expresa la voluntad de dar cumplimiento al laudo, implica un consentimiento expreso con éste y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en los artículos 73, fracción XI, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XIII, de la vigente". En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio por operar de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia de estudio respecto del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil quince).
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