Dolores Gonzalez Silva
Expediente 1280/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Dolores Gonzalez Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos del cuaderno único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de veintiséis de agosto de dos mil veinte, es susceptible de destrucción, transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla, como justificación de su informe, consistente en copias certificada deducida de la carpeta de investigación FGE/CDI/FIR/ZACATLÁN-i/011287/2022 con la que se ordenó formar el anexo I, se ordena devolverla a la referida autoridad responsable, y se le requiere para que el término de veinticuatro horas acuse recibo. Apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se ordena el archivo del expediente. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 1280/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que precisó en los términos que se advierten de su escrito de demanda (foja 62). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención de la demanda, desahogo y trámite del juicio. Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas 18 a 21), se registró la demanda con el número de juicio de amparo 1280/2022 y se previno a la parte quejosa para que precisara la denominación de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós (foja 22 bis), el quejoso desahogó la prevención, por lo que en acuerdo de ocho de diciembre siguiente (fojas 23 a 28), se desechó parcialmente la demanda respecto del acto reclamado consistente en la orden de cateo; y, se admitió a trámite la demanda respecto del acto consistente en el aseguramiento del domicilio ubicado en calle ********************; se formó el incidente de suspensión en cuaderno único; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 34). TERCERO. Cita para audiencia. En proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés (foja 60 vuelta), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, se celebró en los términos del acta que antecede, la cual culmina con el dictado de la presente sentencia; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que el quejoso reclamó de la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora de Zacatlán, Puebla: -El aseguramiento decretado respecto del inmueble ubicado en calle ********************, en la carpeta de investigación ******************** Cabe señalar que si bien el quejoso también reclamó el cateo que se llevó a cabo en dicho domicilio, lo cierto es que, como se narró, se desechó parcialmente la demanda respecto del referido acto. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados precisados a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1 Agente del Ministerio Público Investigadora de Zacatlán, Puebla Aceptó 43 y 44 2 Encargado de la Unidad de Apoyo Policial, sede Zacatlán, de la Agencia Estatal de Investigación. Negó 63 La autoridad responsable ordenadora 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla, al rendir su informe aceptó haber decretado el aseguramiento sobre el inmueble ubicado en ********************, por lo que tal acto reclamado es cierto. Lo que se corrobora con la documental que dicha autoridad remitió como apoyo a su informe, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación ********************(anexo I), la cual, por tratarse de un documento público, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de donde se advierte que el inmueble mencionado por la autoridad fue asegurado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós (foja 181 del anexo I). Por su parte, la autoridad ejecutora 2. Encargado de la Unidad de Apoyo Policial, sede Zacatlán, de la Agencia Estatal de Investigación, negó el acto que se le reclama; sin embargo, al haberse establecido la certeza del acto reclamado de la autoridad ordenadora, es evidente la ejecución material que se encuentra dando al mandato de aseguramiento aludido, por lo que se desvirtúa la negativa y se tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. En la especie, esta autoridad advierte que, en relación con el acto reclamado consistente en el aseguramiento del inmueble ubicado en calle ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de la misma legislación y con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para explicar la actualización de la causa de inviabilidad referida, es necesario traer a la luz el contenido de los preceptos invocados: De la Ley de Amparo: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:-- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.-- El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:-- I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se obtiene que el interés jurídico constituye uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que, si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no le asiste derecho alguno para solicitar el juicio de garantías. Por lo que aquél debe acreditar que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de garantías resulta improcedente. En ese sentido, es de indicarse que la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo prevé como requisito para la procedencia del juicio de amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte y a continuación se reproduce: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.". Además, es importante destacar que la carga de la prueba de la existencia del interés jurídico corresponde a la parte quejosa, toda vez que es suya la intención de poner en actividad al órgano de control constitucional; por tal motivo, quien solicita el amparo tiene la obligación de demostrar de manera plena que el acto reclamado produce una afectación a su esfera jurídica, esto es, que le irroga un agravio personal y directo. Sobre esto último es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad puede acudir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Como sustento de las consideraciones expuestas se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Sobre esa base, cuando la afectación que se dice causada por un acto de autoridad, recae sobre un objeto material (bien mueble o inmueble) la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se aduce afectado por tal acto, esto es, debe verificarse necesariamente el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo. Expuesto lo anterior, es oportuno recordar que la quejosa, aquí impugnante, promovió juicio de garantías contra el aseguramiento del inmueble ubicado en calle ********************; aduciendo ser propietario de éste; sin embargo, no acreditó fehacientemente esa circunstancia. Es así, porque no exhibió documento idóneo para demostrar la titularidad de derechos sobre el referido predio, ya que si bien ofreció como prueba dentro del presente sumario constitucional copia certificada del instrumento notarial ********************, volumen ********************, del protocolo de la Notaría Pública número 2 del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla (fojas 7 a 15), lo cierto es que dicho documento no es idóneo para acreditar la propiedad del bien asegurado. Esto, como se dijo, en autos de la carpeta de investigación de origen, se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, aseguró el inmueble ubicado en ********************. Mientras que en el referido instrumento público, se hizo constar la compraventa que celebraron ******************** (vendedor) y el aquí quejoso ******************** (comprador) respecto del inmueble consistente en ********************, sin que el quejoso haya demostrado con prueba idónea que se trata del mismo bien. Pues aun cuando el quejoso también ofreció como prueba copia de su credencial para votar con fotografía (foja 16) y del recibo de consumo de energía eléctrica respecto del domicilio señalado como: "C. ********************", lo cierto es que ninguno de esos documentos es suficiente para acreditar la identidad entre el bien asegurado y aquel que se consigna en la escritura de pública de compraventa aludida. Ello, en primer lugar porque se trata de copias simples de sus originales y, por sí mismas carecen de valor probatorio, en términos de lo que dispone el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que no contiene certificación alguna que aporte certeza sobre su contenido. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso.". Además, porque en los mencionados documentos (credencial para votar y recibo de consumo de energía eléctrica) se hace referencia a bienes inmuebles distintos del bien asegurado e, incluso, de aquél que el quejoso dice ser propietario, sin que haya ofrecido prueba idónea (pericial en agrimensura) para acreditar que se trata del misma bien raíz. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.C. J/13 sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado. De hecho, la parte quejosa ni siquiera acreditó que el inmueble que pretende defender en el juicio de derechos fundamentales ubicado en ********************, es el mismo o corresponde al bien asegurado, que es el situado en ********************. De ahí que, al no haberse demostrado plenamente que el acto reclamado afectó su esfera jurídica, es incuestionable que el quejoso no acreditó su interés jurídico para promover el juicio de garantías, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos normativos 5, fracción I, y 6 de la misma legislación, así como con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone sobreseer en el juicio de garantías. Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, no obstante ser existentes, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos de autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerando cuarto de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista al quejoso, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. EFECTIVO APERCIBIMIENTO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de diez de enero del año en curso, para que compareciera a este juzgado a ratificar el escrito con registro de entrada 264 (por el que pretendía desistir del presente juicio de amparo), transcurrió del diecisiete al diecinueve de enero de dos mil veintitrés, sin que lo ratificara. Por tanto, no se tiene por desistida del presente juicio, con sus consecuencias legales inherentes y continúese con el trámite. Notifíquese por lista a las partes
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diez de enero de dos mil veintitrés. Intégrese a los presentes autos el oficio signado por las autoridades responsables 1. ********************, Agente del Ministerio Publico investigador con sede en Zacatlán, Puebla; y, 2. Encargado de la Unidad de Apoyo Policial con sede en Zacatlán, Puebla; a través de los cuales rinden su informe previo, sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, en virtud que el pasado veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se dictó la suspensión definitiva de los actos reclamados por el aquí peticionario, en la que se resolvió lo conducente respecto de dichas autoridades, sin que el sentido del citado informe modifique lo resuelto en la referida resolución. CÚMPLASE.
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