Dolores Gonzalez Otero
Expediente 1198/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1198/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Dolores Gonzalez Otero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
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San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
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(citatorio)SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL ACUERDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la promovente Dolores González Otero, no desahogó el requerimiento que le fue formulado en auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de garantías."
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 26 DE octubre DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo ********************. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, en relación con el 114, fracciones I, II y su penúltimo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: - Precise la denominación correcta de la autoridad que pretende señalar como responsable Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente de la ciudad de Puebla. Lo anterior, en virtud de que resulta un hecho notorio para la suscrita Secretaria encargada del Despacho, el cual se invoca con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que existen Jueces de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla y, a su vez, Jueces de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula y Atlixco, Puebla. Máxime que, en su escrito de demanda, en específico, en el capítulo atinente a la autoridad o autoridades responsable señala: ".C. Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente de la ciudad de Puebla, con domicilio oficial bien conocido en esta ciudad." Y, en el relativo a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, manifiesta: ".Que el día de ayer se presentaron en mi domicilio unas personas ante mis familiares y dijeron ser elementos de la Policía Ministerial del Estado y manifestaron que llevaban una orden de búsqueda, aprehensión y detención en mi contra que les había dado la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente de ésta Ciudad, sin precisar el número de carpeta judicial, únicamente dijeron que era de Cholula, Puebla." Por lo que, en su caso, deberá precisar a cuál o cuáles de ellos atribuye los actos que reclama. Habida cuenta que, la suscrita se encuentra imposibilitada para suplir esas irregularidades, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión las denominaciones correctas de las autoridades responsables, a efecto de llamarlas a juicio y entablar con precisión la litis constitucional. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. En ese sentido, signifíquesele que para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma y no por conducto de algún autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Por otra parte, téngase como En otro orden de ideas, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo manifestado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial..."
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