Dolores Edith Rodríguez Álvarez

Expediente 1310/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1310/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Dolores Edith Rodríguez Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de cinco de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **********************, por propio derecho; contra actos del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1310/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Fijación de actos reclamados. De una lectura a la demanda de amparo y anexos que acompaña, se tiene que el quejoso reclama lo siguiente: . Al respecto, este Juzgado Federal considera que, por lo que hace a los actos señalados en los números 3 y 4, se advierte que constituyen actuaciones procesales, realizadas en la substanciación del procedimiento de investigación previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya legalidad se analizó en la resolución del recurso de reclamación R.A 017/2022, de tres de agosto de dos mil veintidós. En ese sentido, este Juzgado Federal advierte que como actos reclamados destacados, se señalan (i) la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, dentro del recurso de reclamación R.A. 017/202; y (ii) el oficio URPM-AR-521-2022 que contiene el acuerdo de emplazamiento a la audiencia inicial; por lo que, previo al análisis de la procedencia de la demanda de amparo contra los actos señalados con los números 3 y 4, se requiere analizar la procedencia del juicio de amparo contra el acto marcado con los números 1 y 2, es decir, la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós y el oficio URPM-AR-521- 2022 que contiene el acuerdo de emplazamiento a la audiencia inicial. Sentido de la determinación inicial. Al respecto, esta Juzgadora considera que debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. . Como se observa, este precepto faculta a los jueces de distrito para que en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente1. En este sentido, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, debe tomarse en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa2. Aunado a ello, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que, cuando de la sola lectura de la demanda se advierta que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio y que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría3. . Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a) y b), de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que los actos reclamados, consistentes en (i) la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, dentro del recurso de reclamación R.A. 017/202, y (ii) el oficio URPM-AR-521-2022 que contiene el acuerdo de emplazamiento a la audiencia inicial, no constituyen una resolución definitiva, ni generan en la esfera jurídica de la quejosa una afectación de imposible reparación. Con el fin de demostrar lo anterior, es necesario conocer el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción II, incisos a) y b) de la Ley de Amparo este último interpretado a contrario sensu: . En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en alguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previendo diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Concretamente, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando se trate de resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; o bien contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Entendiendo por actos de imposible reparación, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Al respecto, los derechos sustantivos se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.4 Aunado a lo anterior, tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando dichas violaciones superen lo meramente adjetivo, es decir, cuando los actos sean de imposible reparación, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En ese contexto, se puede concluir que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal -siempre y cuando no rebasen lo puramente procedimental-, toda vez que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable o una sentencia acorde a sus pretensiones, al agotar los medios de impugnación ordinarios a su alcance. Es decir que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución dictada en el procedimiento. . Ahora bien, la parte quejosa reclama la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, dentro del recurso de reclamación R.A. 017/202; así como el oficio URPM-AR-521-2022, que contiene el acuerdo de emplazamiento a la audiencia inicial, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su contra. Al respecto, cabe precisar que se trata de actos que forman parte del procedimiento de investigación y procedimiento de responsabilidad administrativa, ambos regulados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo necesario transcribir lo establecido por los artículos que regulan ambos procedimientos: A. Procedimiento de investigación. . De conformidad con los preceptos normativos en cita, el procedimiento de investigación consiste en que, la autoridad investigadora, sea de oficio o previa denuncia, realiza diligencias de investigación respecto a presuntos actos u omisiones que la ley señala como faltas administrativas, en contra de servidores públicos y una vez concluidas dichas diligencias, califica como grave o no grave la falta administrativa que hubiere advertido y con base en ella, realiza un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual, presenta ante la autoridad substanciadora a efecto de que ésta última inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del servidor público. Por su parte, el procedimiento de responsabilidad administrativa da inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admiten el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, ordena el emplazamiento del presunto responsable y lo cita para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial; una vez celebrada ésta, desahogadas las pruebas y recibidos los alegatos, la autoridad substanciadora dicta el cierre de instrucción y emite una resolución en un plazo no mayor a treinta días hábiles. Ahora bien, conviene mencionar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé medios de impugnación a interponerse contra actuaciones realizadas en la substanciación de ambos procedimientos; en lo que interesa, encontramos el recurso de reclamación -que procede contra el acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en términos de los artículo 213 y 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se reproducen a continuación: . Descritas las etapas procesales que conforman los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa en comento, resulta necesario hacer una narración de lo acontecido en el caso que no ocupa. En términos del capítulo antecedentes de la demanda de amparo que se provee, así como de una lectura efectuada a las constancias anexas a la misma, se advierte que el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en su carácter de autoridad investigadora, previa denuncia, inició un procedimiento de investigación en contra de la aquí quejosa por presuntas faltas administrativas, al cual le asignó el número de expediente *********************. Adicionalmente, agotadas las diligencias de investigación, la autoridad investigadora determinó la existencia de faltas administrativas no graves -acto reclamado, señalado con el número 4 de la demanda de amparo- y en consecuencia, emitió un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de veintiuno de junio de dos mil veintidós -acto reclamado, señalado con el número 3 de la demanda de amparo-, presentándolo ante la autoridad substanciadora, Titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que procediera con el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la quejosa. Así, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, la autoridad substanciadora emitió el acuerdo de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y ordenó emplazar a la quejosa para que compareciera personalmente a la celebración de la audiencia inicial. En contra del acuerdo de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de veintisiete de junio de dos mil veintidós, la ahora quejosa interpuso recurso de reclamación R.A. 017/2022; en el cual, mediante resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, la autoridad determinó confirmar el Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa no Grave -acto reclamado, señalado con el número 1 de la demanda de amparo que nos ocupa-. Derivado de lo anterior, la autoridad substanciadora emitió el oficio URPM-AR-622-2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, señalando nueva fecha para la celebración de audiencia inicial dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa incoado en contra de la aquí quejosa -acto reclamado señalado con el número 2 de la demanda de amparo-. En ese contexto y dados los antecedentes del acto reclamado, es dable concluir que no existe ejecución irreparable ya que las consecuencias de la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de reclamación R.A. 017/2022, que determina confirmar el Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa no Grave, no constituye una determinación definitiva, que genere un daño de imposible reparación en la esfera jurídica de la justiciable, toda vez que aún no se ha emitido una resolución final en el procedimiento de responsabilidad administrativa incoado en su contra, como lo exige el inciso a), fracción III, del artículo 107 de la ley de Amparo. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la autoridad substanciadora aún no ha determinado que efectivamente se incurrió en una falta administrativa no grave y por ende, que procede imponerle a la aquí quejosa alguna de las sanciones administrativas previstas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto es, amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión, o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. En consecuencia, al no existir todavía una resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa, las consecuencias que acarrean las determinaciones reclamadas, traen efectos meramente procesales en la esfera jurídica de la justiciable, que en el momento oportuno puede hacer valer como una violación procesal en el medio de impugnación correspondiente contra la resolución definitiva que se emita en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, recaída al recurso de reclamación R.A. 017/2022 y el oficio URPM-AR- 521-2022, que contiene el acuerdo de emplazamiento a la audiencia inicial, no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende, no generan un daño de imposible reparación en su esfera jurídica, toda vez que la justiciable no ocupa el cargo de agente del Ministerio Público, perito, ni miembro de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, quienes, de estar frente a un procedimiento administrativo en el cual se pudiera determinar la destitución de su empleo, cargo o comisión, tienen el riesgo de sufrir un daño irreparable pues, aun cuando la autoridad jurisdiccional resolviera que la resolución de separación fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tuvieran derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio. Lo anterior, en términos del artículo 123, inciso B, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que a continuación se transcribe: . En ese contexto, es dable concluir que no existe ejecución irreparable ya que las consecuencias de la resolución que confirmó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa y el oficio que contiene el acuerdo de inicio de dicho procedimiento, pueden llegar a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la gobernada y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque la violación que pudiese haber generado es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución que se emita en dicho procedimiento; por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo expuesto, al tratarse de un acto que no amerita ser analizado mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar al dictado de la resolución definitiva; es que, con fundamento en el artículo 113, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, debe desecharse de plano la demanda de garantías, promovida por ***********************, contra actos del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado y otra autoridad. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Por lo que hace el correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.5 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.6 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano