Dolores Clarisa Davila Esquivel

Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
833/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Dolores Clarisa Davila Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de dos de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *******************, contra actos del Director de la Dirección Ejecutiva de Crédito y Cobro de la Subtesorería de Fiscalización, y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 833/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues la parte quejosa no agotó principio de definitividad previo a la promoción del presente juicio de amparo, ya que en contra de los actos reclamados procede el juicio de nulidad previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Al respecto, se transcribe el contenido del artículo 107, fracción IV, constitucional, y del diverso numeral y fracción invocada de la ley de la materia, que a la letra disponen: . De conformidad con lo dispuesto por los dispositivos de ley preinsertos, el juicio de amparo indirecto en materia administrativa es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que ésta establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley ordinaria. El hacer referencia a la inexigibilidad de mayores requisitos significa, que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso deberá agotar los medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias en las que pueda obtener la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Así las cosas, los artículos 3, fracción I, y 31, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, disponen: . En términos de los numerales citados, se establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de actos administrativos de las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que causen agravio a una persona física o moral, como acontece en el presente asunto en el cual se combate el procedimiento llevado a cabo dentro del expediente número SAF/TDCMX/SF/DCOF/FASE07/2020/00000056; el requerimiento de pago del crédito fiscal contenido en el mandamiento de ejecución y la orden de embargo del bien inmueble que señala la quejosa, todo esto emitido por la Dirección Ejecutiva de Crédito y Cobro de la Subtesorería de Fiscalización, de la Ciudad de México. En ese contexto, de conformidad con el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, ésta se divide en Central, Desconcentrada y Paraestatal, de lo que se colige que las autoridades que la parte quejosa señala como responsables adscritas a la Dirección Ejecutiva de Crédito y Cobro de la Subtesorería de Fiscalización, de la Ciudad de México, forman parte de la Administración Pública de dicha entidad; y que con sus actos pueden ocasionar un agravio tanto a personas físicas como a personas jurídicas. En ese orden de ideas, si en la especie, la parte peticionaria de amparo se duele del procedimiento llevado a cabo dentro del expediente número SAF/TDCMX/SF/DCOF/FASE07/2020/00000056; del requerimiento de pago del crédito fiscal contenido en el mandamiento de ejecución y la orden de embargo del bien inmueble que señala la quejosa, todo esto emitido por la Dirección Ejecutiva de Crédito y Cobro de la Subtesorería de Fiscalización, de la Ciudad de México, se colige que dichos actos deben ser combatidos a través del juicio de nulidad, en términos de los numerales 3, fracción I y 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, previo a la promoción del juicio de amparo, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia. Lo anterior es así, habida cuenta de que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad México, prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados, en términos de los artículos 61, 71, 72 y 73, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, para otorgar la suspensión definitiva de los actos. Resulta aplicable por el criterio que sostiene, la jurisprudencia PC.I.A. J/29 A (10a.), publicada en la página 1949, libro 12, noviembre de 2014, tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, sustentada por el Tribunal Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. . Si bien el criterio transcrito da noticia de que el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito arribó a la conclusión de que la entonces Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no preveía un plazo igual o menor al establecido en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional y, por tanto, que los particulares no se encontraban obligados a promover el juicio de nulidad local antes de instar la acción constitucional, también lo es que su aplicación estaba condicionada a un parámetro temporal, esto es, a aquellos casos en que fuera aplicable el primer ordenamiento mencionado vigente, hasta antes de su reforma de veintiuno de junio de dos mil catorce, lo que evidentemente se actualiza con la reforma a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, como enseguida se verá. La razón que explica y justifica tal limitación es que, como consecuencia de tal modificación legislativa, la actual Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ya prevé, en su artículo 61, primer párrafo, que el Magistrado Instructor debe resolver sobre la suspensión provisional de los actos impugnados en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que le es turnada la demanda, lapso coincidente al previsto en la Ley de Amparo. En ese contexto, si se toma en cuenta, por una parte, que la reforma mencionada entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el dos de septiembre de dos mil diecisiete, y, por otra, que la quejosa manifestó haber tenido conocimiento del acto reclamado el veintidós de abril y seis de mayo, ambos de dos mil veintidós, se debe concluir que para esa fecha las reglas que rigen el juicio contencioso local ya no prevén un plazo mayor que la Ley de Amparo para proveer sobre la suspensión provisional; de ahí que no sea aplicable la jurisprudencia referida en el caso y, por tanto, se encuentre vinculada a agotar tal medio de impugnación ordinario. Al efecto, resulta menester transcribir la parte considerativa de la citada jurisprudencia en la que se precisó lo siguiente: "Cabe advertir que no pasa inadvertida la jurisprudencia citada por ambos tribunales contendientes sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 125/2011 (9a.), de rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." . De igual modo, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 496, del Libro II, correspondiente a noviembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo criterio es del tenor siguiente: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. . Al respecto, resulta menester precisar que si bien es cierto que el criterio jurisprudencial antes citado aborda el tema que nos ocupa, a la luz de los artículos relativos a la suspensión del acto reclamado previstos en la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, también lo es que, el criterio que contiene resulta aplicable por identidad de razón, pues por una parte, el tema de que se trata fue analizado tomando en consideración las disposiciones constitucionales relativas a la materia, contempladas en la ley de la materia vigente, y por otra los preceptos legales relativos son similares en esencia, habida cuenta de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a la fecha en que se actúa, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continúa en vigor en lo que no se oponga a la misma. Bajo esa circunstancia, este juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra del acto que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encuentra obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia constitucional, pues no opera excepción alguna a esa institución jurídica. No pasa inadvertido a lo anterior, la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, en el presente caso no se actualiza dicha excepción dado que de las determinaciones que constituyen los actos reclamados, se aprecia que se indican diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, que sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que se concluya que no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. De ese modo, queda claro que la parte quejosa conoce los motivos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Aunado a lo anterior, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Tampoco es obstáculo que la parte accionante de amparo aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría a su arbitrio el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. Siendo el caso, que los actos reclamados son recurribles a través del juicio de nulidad multicitado en párrafos que anteceden. Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, pues no agotó, previo a instar el presente juicio, el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual forma, se tienen como autorizados en términos restringidos, a las diversas personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento de autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretario o Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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