Doctoranda Ariadna Selene Aguilar Amaya
Expediente 788/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Doctoranda Ariadna Selene Aguilar Amaya
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 788/2019, promovido por Doctoranda AriadnaSelene Aguilar Amaya, por propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, y turnado el dos de septiembre del mismo año, a este juzgado Ariadna Selene Aguilar Amaya, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que a continuación se indican: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJAS SENTIDO 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. 137 Admite 2 Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, con residencia en esta ciudad. 141 Niega De quienes reclamó: ". ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD RESPONASBLE ORDENADORA: Una multa consistente en diez días de unidad de medida y actualización, cantidad que asciende a un total de $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) ordenada en proveído del 01 de Junio de 2019, dentro del Expediente Laboral 889/2013-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, impuesta a la suscrita Oficial Mayor de la Secretaria de Educación de Veracruz. ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA: El cobro vía transferencia a la cuenta número 4021514047 de la Institución de Banca Múltiple HSBC México, S.A. perteneciente al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia de una multa consistente en diez días de unidad de medida y actualización, por la cantidad de $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) estipulado dentro de proveído de fecha 14 de junio de 2019, ordenada en proveído del 01 de Julio de 2019, dentro del Expediente Laboral 889/2013-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, impuesta a la suscrita Oficial Mayor de la Secretaria de Educación de Veracruz." En la demanda, la parte quejosa señaló como violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número de juicio 788/2019, y se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; ordenándose el emplazamiento de la parte tercera interesada Martha Benita Romero Alarcón; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclaman actos de autoridad cuya ejecución se materializa en el ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis y jurisprudencia de rubros; "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" de aplicación al caso por identidad de razones. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos del presente juicio, se tiene que Ariadna Selene Aguilar Amaya reclama esencialmente lo siguiente: El auto de uno de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 889/2013-I, del índice del Tribunal responsable, a través del cual se le hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó en auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, consistente en una multa, por diez unidades de medida y actualización, equivalente a $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que así deberá tenérsele para los efectos legales conducentes. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La existencia del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 889/2013-I, a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la ley de la materia, por tratarse de documentos provenientes de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, la autoridad responsable Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye; no obstante, la citada autoridad fue señalada con el carácter de ejecutora, y toda vez que la diversa autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto reclamado, ello desvirtúa la negativa manifestada; razón por la cual, dadas las facultades que la ley le confiere, se le tiene como de inminente ejecución, y por ende, por cierto el acto que se le imputa. Tal consideración tiene apoyo en la tesis emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Causas de improcedencia. Las causales de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; mismas que deberán analizarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. Sin embargo, en el presente juicio las partes no alegan causa de improcedencia alguna, ni el suscrito advierte de oficio su existencia, por lo que se procede entrar al estudio del fondo en el presente asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En este punto es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de establecer un panorama que permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. 1. En el juicio ordinario laboral 889/2013-I, promovido por Martha Benita Romero Alarcón en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz, el siete de octubre de dos mil dieciséis, se dictó el correspondiente laudo, en el que se resolvió lo siguiente: ". PRIMERO. La actora MARTHA BENITA ROMERO ALARCÓN, justificó parcialmente su acción la entidad SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, no acreditó sus excepciones; en consecuencia: SEGUNDO. Se condena a la Secretaría de Educación de Veracruz, a reinstalar a Martha Benita Romero Alarcón, en el puesto de maestra, adscrita al Jardín de Niños "Adela Cruz Lira", clave 30DJN1177V, de la localidad de Veracruz, Veracruz, tal y como se determina en la orden de presentación número 1300049074, de dieciocho de abril de dos mil trece, en horario de ocho treinta de la mañana a doce treinta de la tarde, de lunes a viernes. Para establecer el salario diario con el que se debe reinstalar y pagar sueldos caídos a la trabajadora estatal, es necesario, ordenar la apertura del incidente de liquidación, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, por así disponerlo sus arábigos 13 y 222; a efecto de deducir, el periodo por el cual se paga la cantidad de ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos sesenta y ocho centavos, acreditados por la entidad, ya que se desconoce si el monto asciende al sueldo quincenal o mensual de la empleada, en ese tenor, a efecto de dilucidar el lapso de pago, se orden (sic) abrir el incidente y una vez hecho lo anterior, en el mismo deberá señalarse el monto diario y calcular el pago de salarios caídos, cuya condena se fija a partir del treinta de agosto de dos mil trece hasta la reinstalación material en el empleo de Martha Benita Romero Alarcón. Se condena a la Secretaría de Educación de Veracruz a pagarle a Martha Benita Romero Alarcón, treinta días de aguinaldo, correspondientes del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; para determinar cantidad liquida a pagar, se ordena abrir incidente de liquidación con base en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la ley de la materia, por así disponerlo sus arábigos 13 y 222, dado que se desconoce el monto del sueldo diario para emitir cifra cierta; con base en los motivos y fundamentos de derecho, señalados en el considerando tercero de la resolución. TERCERO. Se absuelve a la Secretaría de Educación de Veracruz, de pagar a Martha Benita Romero Alarcón, diferencias de salario y prima de antigüedad; con base en los motivos y fundamentos de derecho expresados en el considerando tercero del laudo." 2. Por resolución de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de liquidación correspondiente a las cantidades a las que fue condenada la parte demandada, determinándose que la Secretaría de Educación de Veracruz, adeuda a la parte actora la cantidad de $611.027.70 (seiscientos once mil veintisiete pesos 70/100 moneda nacional). 3. Dentro de la etapa de ejecución del laudo, por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a la Secretaría de Educación de Veracruz, para reinstalará a la aquí quejosa en su fuente de trabajo, así como para que hiciera pago de las cantidades a las que fue condenada, esto es, la suma total de $681.430.38 (seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta pesos 38/100 moneda nacional), apercibiéndole que de no hacerlo así, se haría acreedor, por conducto del Oficial Mayor, a una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización. 4. Ante el incumplimiento de la Secretaría de Educación de Veracruz, por auto de uno de julio de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte demandada en el citado auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, girándose oficio a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que procediera a su cobro. (Este acuerdo constituye el acto reclamado). SEXTO. Conceptos de violación. La impetrante de amparo expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la peticionaria, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Asimismo, cobra aplicación al respecto la jurisprudencia V1.20. J/129, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de Ia Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." No obstante lo anterior, para mejor comprensión del tema a estudio, es necesario puntualizar que la parte quejosa alega que se violan los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que, en su consideración, el acto reclamado carece de la suficiente fundamentación y motivación, por los motivos siguientes: 1. Refiere que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente fundado, al establecer que el proveído se sustentó en el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, el cual va concatenado al artículo 199 Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, donde se establece que las medidas de apremio deben realizarse de manera fundada y motivada, imponiéndole la multa de diez unidades de medida y actualización. 2. Señala que el referido proveído trasgrede el contenido del artículo 16 Constitucional, al pretender imponerle una multa excesiva por la cantidad de $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), pues por fundamentación se entiende que la autoridad en el cuerpo del acto reclamado debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, que debe señalar con exactitud las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, además de que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. 3. Refiere que el tribunal responsable se excedió en el ejercicio de sus funciones para obtener el cumplimiento del pago a que fue condenada la Secretaría de Educación de Veracruz, pues en diversos escritos se informó las gestiones y la buena fe de la dependencia para dar cumplimiento, pero dicha situación pasó inadvertida por la autoridad ordenadora, quien emitió el acto reclamado si mediar la garantía de audiencia que se debió conceder a la quejosa, para demostrar que efectivamente estaba dando seguimiento al mencionado cumplimiento. 4. Indica que en el acto reclamado se le negó el derecho de presentar las diligencias realizadas para dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral de origen, así como la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas a efecto de acreditar su derecho, fincar su defensa en contra de dicha resolución, alegar para que se dictara una resolución que respetara el principio de congruencia entre lo aducido y lo resuelto, dirimiendo las cuestiones debatidas, por lo que al no hacerse así, dejó a la quejosa en estado de indefensión. 5. Aduce que la Secretaría de Educación de Veracruz en diversas ocasiones ha reiterado al tribunal responsable las medidas necesarias para dar cumplimiento a los diversos requerimientos hechos a esa dependencia, pero la autoridad responsable pretende que la quejosa haga uso de sus recursos para el pago de una multa por una supuesta omisión, sin tomar en cuenta que carece de autoridad para obligar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para que realice el deposito del numerario necesario para cumplir con la condena establecida en el laudo SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se anticipa que, por cuestión de método y, conforme lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, tales motivos de disenso serán examinados en forma distinta a la propuesta. Al respecto, resulta pertinente citar la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), que contempla: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Ahora bien, resultan infundados los conceptos de violación sintetizados en los puntos 1 y 2 del considerando anterior, relativos a lo siguiente: En que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente fundado, al establecer que el proveído se sustentó en el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, el cual va concatenado al artículo 199 Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, donde se establece que las medidas de apremio deben realizarse de manera fundada y motivada, imponiéndole la multa de diez unidades de medida y actualización. (Punto 1) El referido proveído trasgrede el contenido del artículo 16 Constitucional, al pretender imponerle una multa excesiva por la cantidad de $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), pues por fundamentación se entiende que la autoridad en el cuerpo del acto reclamado debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, que debe señalar con exactitud las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, además de que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. (Punto 2) En principio, conviene traer a colación el contenido del artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que establece: "Artículo 198.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Salas en su caso, podrán emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia sea indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I.- Multa, hasta de 15 veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción; II.- Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III.- Arresto hasta por treinta y seis horas." De la transcripción que antecede se advierte que el artículo 198 faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Salas, en su caso, para emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia sea indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. En efecto, dichos medios de apremio, son: I. Multa, hasta de quince veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción; II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. Conviene destacar que la multa prevista se impone para asegurar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio tribunal. Ahora bien, como se advierte de las constancias de autos, mediante proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, se efectuó a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, un requerimiento a fin de que realizara a favor de la tercera interesada al pago de lo adeudado, así como para que se le reinstalara en su fuente de trabajo, con el apercibimiento que de no cumplir con ello se haría acreedor a una multa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198, fracción I, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Dicho requerimiento se notificó a la parte demandada el nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante instructivo que se dejó en poder Carlos Yosafath Ponce de los Santos, quien dijo ser empleada de ese lugar, el cual contenía el acuerdo de uno de julio de ese mismo año. Posteriormente, al estimar incumplido el requerimiento realizado a la Secretaría de Educación de Veracruz, por conducto de su Oficial Mayor, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y, por tanto, se le impuso una multa equivalente diez días de unidad de medida y actualización, esto es, por la suma de $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional). Atento a dicha relatoría de actuaciones, deviene infundado lo alegado en el sentido de que el acuerdo reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues el tribunal laboral se apoyó en el artículo 198, fracción I, de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, el cual expresamente faculta al tribunal laboral a emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Entre dichos medios de apremio, como se indicó, destacan: I. Multa, hasta de quince veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción; II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. Incluso, en el acuerdo de apercibimiento de veinte de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable citó el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual, en su artículo tercero transitorio establece que "todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización". En mérito de lo anterior, si de las constancias del juicio laboral de origen se advierte que la autoridad demandada fue omisa en cumplir con el laudo emitido en el juicio laboral, ya que no cumplió con esa determinación; entonces, es jurídicamente correcto que se haya hecho efectivo el apercibimiento decretado en contra de la aquí quejosa, consistente en una multa como medida de apremio a la dependencia demandada, a través de su Oficial Mayor. Lo anterior, en razón de que el artículo 30, fracción XII, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, prevé que son obligaciones de las entidades públicas, cumplir con las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de ahí que a quien le corresponda cumplir con las determinaciones del tribunal laboral y no dé cumplimiento con lo que le sea requerido, se encuentra obligado en solventar de su propio peculio, las medidas de apremio impuestas a la entidad que representa. En tal virtud, si de conformidad con el artículo 223 del citado ordenamiento legal, la autoridad laboral está obligada a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, emitir todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes; por tanto, es jurídicamente válido que haya empleado una medida de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, la cual se encuentra expresamente regulada en la referida ley burocrática; entonces, es infundado lo aducido por la quejosa, al sostener que la autoridad responsable no fundamentó ni motivó su actuar, pues como ya quedó de manifiesto, la multa decretada sí tiene sustento legal y motivación. En otro orden, es pertinente destacar que el artículo 199 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Veracruz, establece lo siguiente: "Artículo 199.- Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano, sin sustanciación alguna y deberán estar fundadas y motivadas. A los abogados, litigantes o representantes de las partes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se les impondrá una multa de cien a un mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado." Del análisis del referido precepto legal, se obtiene que prevé la forma en que serán impuestas tanto las correcciones disciplinarias como las medidas de apremio, así como los requisitos que se debe cumplir para su imposición. También establece que cuando alguna de las partes legitimadas para intervenir en el procedimiento laboral burocrático realicen acciones que resulten notoriamente improcedentes con la finalidad de retardar u obstaculizar el trámite y resolución del juicio en que intervengan les será impuesta una multa, precisando los límites mínimo y máximo de la misma, es decir, este último párrafo prevé circunstancias específicas por las cuales se puede imponer una multa, lo cual resulta más severa respecto a la prevista en el artículo 198 ya estudiado en párrafos que anteceden, atento a los motivos por los cuales se puede imponer como lo es obstaculizar o retardar el procedimiento. Así las cosas, al realizar una valoración a fin de verificar si entre ambas disposiciones existe una relación que impida su aplicación disociada, se llega a la conclusión de que si bien existen cuestiones que implican una relación entre ambas, como lo es el primer párrafo del artículo 199 de la Ley de referencia que dispone la forma y requisitos para imponer las correcciones disciplinarias y las medidas de apremio, también lo es que el segundo párrafo del citado artículo 199, a juicio de quien aquí resuelve, no se encuentra vinculado con el diverso 198 de tal ordenamiento. Lo anterior, pues el artículo 198 en cita prevé de manera genérica la imposición de medidas de apremio que se pueden hacer efectivas en cualquier etapa del procedimiento laboral burocrático, siempre que se cumplan las condiciones para ellas previstas; en cambio, el artículo 199, último párrafo, establece la fijación de una sanción, por una causa en concreto, que sólo puede tener verificativo por circunstancias o motivos específicos, como lo es retardar u obstaculizar el procedimiento respectivo. Por tanto, estas diferencias implican que cada una de esas hipótesis legales son independientes y autónomas entre sí, por lo que basta con que se cite alguno de tales numerales y que la conducta a sancionar encuadre en la hipótesis, ya sea en la forma genérica (198) o en el supuesto específico a que se refiere el 199, último párrafo, para tener por satisfecha la fundamentación del acto. Así, bajo las consideraciones anteriores, se estima que son infundados los conceptos de violación en escrutinio. En otro tenor, en relación a los conceptos de violación descritos en los puntos 3 y 4 del considerando anterior, referentes a lo siguiente: El tribunal responsable se excedió en el ejercicio de sus funciones para obtener el cumplimiento del pago a que fue condenada la Secretaría de Educación de Veracruz, pues en diversos escritos se informó las gestiones y la buena fe de la dependencia para dar cumplimiento, pero dicha situación pasó inadvertida por la autoridad ordenadora, quien emitió el acto reclamado sin mediar la garantía de audiencia que se debió conceder a la quejosa, para demostrar que efectivamente estaba dando seguimiento al mencionado cumplimiento. (Punto 3). El acto reclamado se le negó el derecho de presentar las diligencias realizas para dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral de origen, así como la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas a efecto de acreditar su derecho, fincar su defensa en contra de dicha resolución, alegar para que se dictara una resolución que respetara el principio de congruencia entre lo aducido y lo resuelto, dirimiendo las cuestiones debatidas, por lo que al no hacerse así, dejó a la quejosa en estado de indefensión. (Punto 4). Se afirma lo anterior, porque de autos se desprende que la Secretaría de Educación de Veracruz fue condenada en el juicio natural al pago de la cantidad adeudada y a la reinstalación de la tercera interesada en su fuente de trabajo. Posteriormente a ello, el tribunal responsable emitió la resolución de liquidación del laudo, de la que requirió su cumplimiento, por lo que mediante proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a la parte demandada, por conducto del Oficial Mayor de esa dependencia -cargo que desempeña la aquí quejosa-, al pago de la cantidad adeudada y a la reinstalación laboral de la actora en el juicio laboral, con el apercibimiento que de no realízalo así, se le impondría una multa equivalente a diez días de unidad y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198, fracción I, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, del cual fue notificado el doce de abril de dos mil diecinueve. De lo narrado, se puede advertir que desde esa fecha la parte quejosa tenía conocimiento que se encontraba obligada a cumplir dicho requerimiento, esto es, en acreditar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que se encontraba realizando las gestiones correspondientes para realizar el pago adeudado y la reinstalación de la parte actora. Así, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia ordenada en proveído de veinte de marzo pasado, en la que personal del tribunal responsable en compañía de la parte actora, se constituyeron en las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz, a efecto de requerir a la demandada el cumplimiento del laudo al que fue condenado; sin embargo, no fue posible su cumplimiento, toda vez que quien atendió la misma refirió que se encontraban realizando las gestiones pertinentes para tal efecto. No obstante lo anterior, la parte demandada ni la Oficial Mayor de esa secretaría acreditaron que continuaron con las gestiones para cumplir con el laudo al que fue condenada. En esas circunstancias, el tribunal responsable en atención a lo anterior procedió a multar a la Secretaría de Educación de Veracruz, por conducto de su Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, por la suma de $844.90 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional). De ahí que, la parte quejosa, como autoridad requerida en el juicio laboral de origen, tuvo expedito su derecho para comparecer al procedimiento de ejecución de laudo y manifestar lo que a su derecho importara, en relación con los actos que hubiere realizado tendentes a cumplimentar el laudo relativo, así como exhibir las constancias que acrediten sus aseveraciones; caso en el que el tribunal responsable estuvo obligado a pronunciarse sobre dichas manifestaciones y pruebas; sin embargo, de lo narrado, no se advierte que la parte quejosa que haya ofrecido pruebas para acreditar que efectivamente se encontraba realizando las gestiones necesarias para cumplir con el laudo; de ahí que no existe la vulneración al derecho fundamental de defensa en relación con la medida de apremio. Sin que se soslaye la circunstancia de que la parte quejosa haya ofrecido como pruebas de su parte diversas documentales referentes a las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 889/2013-I; sin embargo, con independencia del valor probatorio que pueda asignarse a dichas documentales, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse sobre las mismas, pues con ese proceder se estaría incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, que prevé que el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, lo que significa que debió ser aquella autoridad la que se pronunciara en forma primigenia en relación a esas documentales. En otro orden de ideas, respecto al concepto de violación descrito en el punto 5 del considerando anterior, en el que aduce que la Secretaría de Educación de Veracruz en diversas ocasiones ha reiterado al tribunal responsable las medidas necesarias para dar cumplimiento a los diversos requerimientos hechos a esa dependencia, pero la autoridad responsable pretende que la quejosa haga uso de sus recursos para el pago de una multa por una supuesta omisión, sin tomar en cuenta que carece de autoridad para obligar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para que realice el deposito del numerario necesario para cumplir con la condena establecida en el laudo; resulta inoperante. Ello es así, en razón de que de las constancias que remitiera el tribunal responsable, no se aprecia que esos argumentos se hayan hecho valer ante dicha autoridad obrera, pues en especial de aquéllas relativas al requerimiento realizado por la autoridad responsable, así como de la diligencia en que se pretendía materializar lo condenado en el laudo que culminó el procedimiento de origen, no se aprecia que quien atendió la diligencia respectiva haya realizado manifestación en el sentido que alega la quejosa, sino que se limitó a manifestar que se encontraban realizado las gestiones para tal efecto; por lo que, al no haberse efectuado ante la autoridad responsable esas manifestaciones resulta indiscutible que existe una imposibilidad técnica para efectuar el estudio que pretende el impetrante de amparo, porque la autoridad responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse acerca de esos argumentos defensivos, de ahí que se considere inoperante el concepto de violación de que se trata. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." De lo anterior, se advierte que la Secretaría de Educación de Veracruz lejos de cumplir con la condena, pretende evadir su responsabilidad de pago, al aducir que a quien corresponde dicha obligación es a una autoridad diversa y que carece de los medios necesarios para ese efecto. En las narradas circunstancias, al resultar por una parte infundados y por otra inoperante los conceptos de violación expresados, lo procedente es negar a Ariadna Selene Aguilar Amaya el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución, por ser consecuencia inmediata del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora. Por último, debe decirse que en esta sentencia se citaron diversos criterios, los cuales aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en esas condiciones, lo que en ellos se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. OCTAVO. Transparencia y acceso a la información pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOVENO. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su numeral segundo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Ariadna Selene Aguilar Amaya, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, respecto a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando séptimo del presente fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa Ariadna Selene Aguilar Amaya, a la tercera interesada Martha Benita Romero Alarcón, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil diecinueve en que concluyó el engrose por así haberlo permitido las labores de este juzgado, ante Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.
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Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días que se le dio a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para que esté en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, transcurrirá del dos al once de los cursantes; en consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes."
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Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita la autoridad responsable, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados a los mencionados en el oficio que se provee, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, de la ley en cita. Respecto a su solicitud en el sentido de que se le autorice la revisión del juicio de amparo en que se actúa en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; al respecto, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico, atendiendo a que proporciona como usuario el identificado como ksalgado1969, por lo que se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el registro del usuario antes referido en el sistema precitado, a fin de que la autoridad responsable esté en aptitud de acceder al expediente electrónico.
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Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, desglósese la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias que se desglosaron, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído.
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