Doctoranda Ariadna Selene Aguilar Amaya

Expediente 668/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
668/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz
  • Doctoranda Ariadna Selene Aguilar Amaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Notifíquese; personalmente a la parte quejosa Ariadna Selene Aguilar Amaya, al tercero interesado Edgar Villalobos Barragán, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al tercero interesado, la determinación que dice: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, respecto a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando séptimo del presente fallo.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la quejosa, la determinación que dice: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, respecto a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando séptimo del presente fallo.

  4. Incidental

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos aa la quejosa, la determinación que dice: Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se le otorgó a la parte quejosa en resolución interlocutoria de quince de agosto del año en curso, y no exhibió ante este juzgado la garantía que se le fijó por la cantidad de $1,267.35 (mil doscientos sesenta y siete pesos 35/100 M.N); a fin de que siguiera surta efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, toda vez que el término de cinco días que se le concedió para tal efecto ha trascurrido; lo anterior, en virtud de que se le notificó esa resolución mediante lista de acuerdos de dieciséis de agosto de la presente anualidad; por lo que el plazo transcurrió del veinte al veintiséis de agosto de la anualidad que transcurre, sin que así lo haya hecho. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 132 y 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que la suspensión definitiva ha dejado de surtir efectos y, por ende, tienen expeditas sus facultades para ejecutar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada número II.1o.P.77 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO IMPUESTAS POR EL JUEZ NO DEBEN CONSIDERARSE COMO REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA, SINO COMO MEDIDAS DE EFECTIVIDAD." Conforme al artículo 139, primer párrafo, de la Ley de Amparo el auto en el que el Juez de Distrito conceda la suspensión, surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el agraviado no satisface, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; en esas condiciones debe decirse que el Juez Federal goza de amplias facultades para imponer al quejoso las medidas de aseguramiento que estime necesarias para conservar la materia del juicio, sin embargo, estas medidas no deben considerarse como requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, sino como medidas de efectividad, esto es, para que continúe surtiendo sus efectos la cautelar concedida; de tal forma que si el quejoso no exhibe la garantía fijada por el Juez constitucional dentro del término que establece la propia ley, la consecuencia será que la medida cautelar concedida dejará de surtir sus efectos y la autoridad responsable se encontrará en libertad de ordenar la ejecución del acto reclamado, pero de manera alguna, el incumplimiento de esa condición debe influir en la concesión de la suspensión definitiva, la que deberá decretarse con base en los informes previos rendidos por las autoridades responsables o, ante la ausencia de tales informes, en la presunción de certeza de los actos reclamados, tomando en consideración, cuando dicha cautelar no proceda de oficio, los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." (Lo subrayado es propio).

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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