Divina Guillén Rodríguez

Expediente 550/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
550/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Divina Guillén Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, hágase saber a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, sí así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En la inteligencia de que, se encuentran en aptitud de generar la cita correspondiente, para tales fines; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 1/2022, respecto de su vigencia, con la finalidad de que se les permita el acceso a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el pedimento número 248/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, atento a su contenido, agréguese sin mayor acuerdo, en virtud de que, en auto de veinticuatro de junio del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Cúmplase.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/2279/2022, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, al que acompaña copias certificadas del expediente paraprocesal 36/2021. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que el dieciséis de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la designación de beneficiarios, en la que se determinó declarar como beneficiarias y dependientes económicas, a ************, así como a su hija *****, de acuerdo con su legitimación ad causam y de acuerdo con lo precisado en el último considerando de la referida resolución. En consecuencia, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por DIVINA GUILLÉN RODRÍGUEZ, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; consistentes en: "IV. ACTO U OMISIÓN RECLAMADO DE CADA AUTORIDAD. De la ordenadora: La omisión de emitir LA DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS dentro del EXPEDIENTE PARAPROCESAL NÚMERO 36/2021, y la omisión de turnar el expediente del cual emana el acto reclamado al actuario correspondiente. De la ejecutoria: La omisión de notificar a las partes LA DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS dentro del EXPEDIENTE PARAPROCESAL AL NÚMERO 36/2021." Ahora bien, de las copias certificadas del expediente para procesal 36/2021, que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, acompañó al oficio de cuenta, como ya se dijo, obra la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que determinó declarar como beneficiarias y dependientes económicas a Divina Guillén Rodríguez, así como a su hija Nadia Mercedes Guerrero Guillén; resolución que se notificó a la quejosa mediante instructivo el veintiuno de junio de dos mil veintidós; documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que se resolvió la declaratoria de beneficiarios y se notificó la determinación a la parte quejosa, aquí reclamados, por tanto, ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló en esencia como actos reclamados destacados, como se anticipó, la omisión de emitir la declaratoria de beneficiarios en el expediente paraprocesal número 36/2021, así como la omisión de turnar el expediente al Actuario, también lo es que, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, informó que el dieciséis de junio del presente año, se dictó resolución en el referido expediente en el que se pronunció respecto a la declaratoria reclamada, pues inclusive se determinó declarar como beneficiaria a la aquí quejosa, así como a su hija; resolución que se notificó a la quejosa mediante instructivo el veintiuno de junio de la presente anualidad. Por lo cual, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/2279/2022, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, al que acompaña copias certificadas del expediente paraprocesal 36/2021. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que el dieciséis de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la designación de beneficiarios, en la que se determinó declarar como beneficiarias y dependientes económicas, a ************, así como a su hija *****, de acuerdo con su legitimación ad causam y de acuerdo con lo precisado en el último considerando de la referida resolución. En consecuencia, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por DIVINA GUILLÉN RODRÍGUEZ, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; consistentes en: "IV. ACTO U OMISIÓN RECLAMADO DE CADA AUTORIDAD. De la ordenadora: La omisión de emitir LA DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS dentro del EXPEDIENTE PARAPROCESAL NÚMERO 36/2021, y la omisión de turnar el expediente del cual emana el acto reclamado al actuario correspondiente. De la ejecutoria: La omisión de notificar a las partes LA DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS dentro del EXPEDIENTE PARAPROCESAL AL NÚMERO 36/2021." Ahora bien, de las copias certificadas del expediente para procesal 36/2021, que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, acompañó al oficio de cuenta, como ya se dijo, obra la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que determinó declarar como beneficiarias y dependientes económicas a Divina Guillén Rodríguez, así como a su hija Nadia Mercedes Guerrero Guillén; resolución que se notificó a la quejosa mediante instructivo el veintiuno de junio de dos mil veintidós; documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que se resolvió la declaratoria de beneficiarios y se notificó la determinación a la parte quejosa, aquí reclamados, por tanto, ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló en esencia como actos reclamados destacados, como se anticipó, la omisión de emitir la declaratoria de beneficiarios en el expediente paraprocesal número 36/2021, así como la omisión de turnar el expediente al Actuario, también lo es que, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, informó que el dieciséis de junio del presente año, se dictó resolución en el referido expediente en el que se pronunció respecto a la declaratoria reclamada, pues inclusive se determinó declarar como beneficiaria a la aquí quejosa, así como a su hija; resolución que se notificó a la quejosa mediante instructivo el veintiuno de junio de la presente anualidad. Por lo cual, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

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