Dionicio Arriaga Nava
Expediente 75/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dionicio Arriaga Nava
Actuaciones
- Principal
... Agréguese el oficio número 734/2018, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 1183, por el que este juzgado le envió el original del cuaderno de incompetencia número 75/2018, promovido por DIONICIO ARRIAGA NAVA e informa que una vez que la autoridad responsable cumpla con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo, estará en aptitud de determinar si se avoca o no al conocimiento de la referida demanda; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ...
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por DIONICIO ARRIAGA NAVA, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia, en Materia Civil, con sede en Maravatío, Michoacán. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, este Juzgador considera carecer de competencia legal para conocer de la misma, estimando competente al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 34 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; en tanto que, el artículo 170, fracción I, párrafo primero, establece que dicho juicio procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Por su parte, el párrafo segundo de la fracción I del referido numeral, establece que se entenderán por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Además, el párrafo tercero, de la fracción en comento establece, que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Bajo esa óptica, se tiene que el peticionario de garantías señala como acto reclamado el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Maravatío, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 358/1995, que sobre prescripción positiva promovió el aquí quejoso en contra de Lino Pascual Primitivo, por medio del cual el juez responsable decretó la caducidad de la instancia dentro del citado controvertido, resolución que, en concepto de quien esto resuelve, es de aquéllas que dada su naturaleza deben reclamarse en amparo directo; esto es, conforme a los numerales 34 y 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Amparo, se trata de una resolución que pone fin al juicio de origen y, por tanto, no es jurídicamente factible de reclamarse en amparo indirecto, como lo pretende el promovente. En esa tesitura, es dable sostener que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por lo que sin proveer sobre su admisión, se ordena remitirla de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes, acompañándose el original del cuaderno de amparo número 75/2018, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad. Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas y con una copia de la demanda relativa, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Paracho, número 88, colonia Guayangareo, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Alicia Martínez Mendoza, Juan Manuel Heredia Martínez, Adán Guerrero Jaramillo y Miguel Ángel Salazar Álvarez. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Crispín Ernesto Gamboa Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por DIONICIO ARRIAGA NAVA, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia, en Materia Civil, con sede en Maravatío, Michoacán. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, este Juzgador considera carecer de competencia legal para conocer de la misma, estimando competente al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 34 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; en tanto que, el artículo 170, fracción I, párrafo primero, establece que dicho juicio procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Por su parte, el párrafo segundo de la fracción I del referido numeral, establece que se entenderán por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Además, el párrafo tercero, de la fracción en comento establece, que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Bajo esa óptica, se tiene que el peticionario de garantías señala como acto reclamado el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Maravatío, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 358/1995, que sobre prescripción positiva promovió el aquí quejoso en contra de Lino Pascual Primitivo, por medio del cual el juez responsable decretó la caducidad de la instancia dentro del citado controvertido, resolución que, en concepto de quien esto resuelve, es de aquéllas que dada su naturaleza deben reclamarse en amparo directo; esto es, conforme a los numerales 34 y 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Amparo, se trata de una resolución que pone fin al juicio de origen y, por tanto, no es jurídicamente factible de reclamarse en amparo indirecto, como lo pretende el promovente. En esa tesitura, es dable sostener que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por lo que sin proveer sobre su admisión, se ordena remitirla de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes, acompañándose el original del cuaderno de amparo número 75/2018, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad. Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas y con una copia de la demanda relativa, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Paracho, número 88, colonia Guayangareo, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Alicia Martínez Mendoza, Juan Manuel Heredia Martínez, Adán Guerrero Jaramillo y Miguel Ángel Salazar Álvarez. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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