Dirección Jurídica Municipal de Celaya, Guanajuato
Expediente 456/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Dirección Jurídica Municipal de Celaya, Guanajuato
- Titular de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, Dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión Y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato
- Antonio Muñiz Hernandez
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto, no fue recurrido en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que, por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, dicha determinación no les irroga perjuicio. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y 18, fracción I, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión por una parte se concedió y por otra se negó la suspensión provisional y definitiva. En el entendido de que deberán conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de constancias originales. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente. Hágase de su conocimiento que para su recepción, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, la cita que se indica deberá gestionarla en los términos indicados en el referido acuerdo. Devolución de tomos de pruebas. Por último, dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase a la sala responsable el tomo de pruebas que allegó a su informe de ley.
- Principal
Informe de autoridad. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde y como hecho notorio, la copia del oficio que remite la secretaria de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de octubre pasado, informa en el juicio de amparo *** del índice de este Juzgado, que respecto a la multa impuesta a los demandados en el juicio de origen, no existe pronunciamiento novedoso alguno. Precedente. Ahora, en términos del artículo 88 del Supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y de la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para este juzgado federal que en el expediente *** de nuestra estadística, el treinta de abril de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo; inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien lo registró con el número de amparo en revisión administrativo ***, quien el siete de octubre de dos mil veintiuno emitió la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado respecto del acto reclamado consistente en la resolución del primer recurso de queja de primer de octubre de dos mil diecinueve. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución pronunciada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, el treinta de abril de dos mil veintiuno, que sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo ***, promovido por **, por propio derecho y en s carácter de ***, en contra de los actos reclamados a la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, consistentes en la resolución de diecisiete de julio de dos mil veinte; y la inconstitucionalidad de los artículos 324 y 327 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dentro de los autos del juicio 1696/4a.Sala/17." Atento a lo anterior, se provee lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. a) Respecto del acto consistente en la resolución del recurso de queja de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, que se reclama como primer acto de aplicación de los artículos 324 y 327 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En primer lugar, cabe señalar que, según la técnica del amparo contra leyes en la vía indirecta, el órgano de control constitucional debe analizar, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si no se actualiza una causa de improcedencia; de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Al respecto, tomando en consideración lo expuesto por la autoridad responsable este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en la resolución de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, en el cual se impuso una multa a la parte quejosa. El dispositivo legal mencionado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". De la citada porción normativa se desprende que esta causal de improcedencia se actualiza cuando a pesar de subsistir el acto reclamado, no puede surtir ningún efecto legal o material, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista; b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado; y, c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí; además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede acaecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de amparo advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, pues no obstante que subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirven de apoyo, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así también robustece lo anterior la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, página 241, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: - La resolución de diecisiete de julio de dos mil veinte, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, dentro los autos del juicio ***** en el cual se le impuso una multa. Sin embargo, se colige que aun cuando existe el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, pues la autoridad responsable previamente informó que no será ejecutada la multa impuesta, dado que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen, y que incluso no se realizó trámite alguno ante el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, para hacer efectiva la multa. Circunstancia que es reiterada en el oficio de cuenta, pues al efecto informa que en la especie no existe un pronunciamiento novedoso. De ahí que se sobrevenga la causal de improcedencia apuntada, pues de concederse la protección constitucional sería para dejar insubsistente la multa reclamada, sin embargo, conforme a lo expuesto por la autoridad responsable, la misma no será ejecutada, por lo que, es evidente que ha dejado de existir el objeto o materia del acto tildado de inconstitucional, ante la mencionada modificación del entorno en el cual aquel se emitió. Por tanto, no tendría razón alguna examinar la constitucionalidad del acto reclamado, si aun cuando se concediera la protección federal, la multa no será cobrada por el fisco estatal. Si bien es cierto que la multa impuesta al quejoso subsiste puesto que la autoridad responsable no lo ha dejado sin efecto, ya no puede lesionar la esfera jurídica de la parte peticionaria de derechos, dado que la misma no será ejecutada. Lo anterior, se corrobora con lo expuesto por la autoridad responsable a quien correspondería, en su caso, ejecutar la multa, director de lo Contencioso adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, quien manifestó que no se ha ordenado acto alguno tendiente a afectar la esfera jurídica del quejoso; así como con el contenido del oficio de cuenta, mediante el cual la secretaria de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, informó que no hay pronunciamiento novedoso alguno en torno a la multa impuesta a la parte quejosa, por lo que es evidente, que en el caso, el magistrado responsable no ha remitido la multa para hacerla efectiva. De ahí que, si en el caso, las responsables afirman que no se ha ordenado la ejecución de la multa ni, evidentemente, se ha ejecutado, es evidente que el objeto o materia de la misma ha dejado de existir. En ese orden de ideas, se reitera que el acto reclamado en el juicio de amparo debe concretarse y trascender a la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que, si en el caso, aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, al aseverar la responsable, que la multa impuesta al quejoso no ha sido enviada para su cobro, este juicio es improcedente, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de julio de dos mil veinte. Por tanto, al resultar improcedente el juicio de amparo respecto de la resolución de diecisiete de julio de dos mil veinte (acto de aplicación), trae como consecuencia que en el juicio de amparo que se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del citado acto, y por consecuencia también de la impugnación de los artículos 324 y 327 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dado que no es posible desvincular su estudio del que concierne a su acto de aplicación, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice para arribar a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional decretó el sobreseimiento del asunto en términos similares a los que ahora se exponen y que tal determinación fue revocada y se repuso el procedimiento en el amparo en revisión administrativo *** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pues tal determinación quedó superada por el propio órgano colegiado al emitir sentencia en el diverso amparo en revisión administrativo **, determinación que se invocó como hecho notorio en párrafos precedentes. A fin de evidenciar lo anterior, es necesario transcribir un extracto de lo determinado en dicha resolución: ".El motivo de impugnación hecho valer es infundado; sin que pase inadvertido lo resuelto por este Tribunal Colegiado en los amparos en revisión **, ***, ** y ***, pues una nueva reflexión conduce a determinar que sí se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por la cual el Juez de Distrito sobreseyó fuera de audiencia. b) Respecto del acto consistente la resolución de uno de octubre de dos mil diecinueve, la cual según el dicho del quejoso y de las constancias de autos se desprende que fue notificada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. De lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Sobre los plazos, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos establecen lo siguiente: a. Por regla general, el término para la promoción del juicio de amparo es de quince días, excepto cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, cuando se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b. El término de quince días para la presentación de la demanda de amparo que se menciona en el párrafo anterior, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo en que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, el acto que se reclama en la presente instancia constitucional no es de aquellos que se enumeran en el ordinal 17 de la ley de la materia, pues consiste en el auto de la resolución de uno de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la autoridad responsable, en la cual se resolvió un recurso de queja. En tal virtud, de lo expuesto en el escrito inicial de demanda, así como de las constancias de autos, se desprende que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso fue notificado del acto reclamado. Dicha notificación, surtió sus efectos el día siguiente de que fue realizada, esto es, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en términos del artículo 44 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Por lo que, el plazo para la presentación del juicio de amparo inició el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve para concluir el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. De ahí que, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintidós de septiembre de dos mil veinte, debe considerarse que se presentó de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del acto consistente en la resolución de uno de octubre de dos mil diecinueve, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Por lo expuesto en el presente proveído, y dado el sentido de la resolución, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional.
- Principal
Informe Visto el oficio que signa el director de lo Contencioso, adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la titular de la Oficina Recaudadora de Celaya, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, por el cual en atención al comunicado 11701/2021, informa que en cuanto a la multa impuesta a la parte quejosa dentro del procedimiento de origen, no tiene registro de su ejecución, por lo que no existe pronunciamiento novedoso al respecto. Asimismo, se le tiene informando que la denominación actual de dicha autoridad es Oficina de Servicios al Contribuyente de la ciudad de Celaya, adscrita a la Subdirección General de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, de lo que se toma nota.
- Principal
Por recibido el oficio que firma el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, capital, al que adjunta copia certificada de la resolución pronunciada, en el recurso de revisión administrativo *, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, interpuesto por la parte agraviada, en la que se determinó: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado por el juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, dentro del juicio de amparo 456/2021-III. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 456/2021-III, promovido por **, para los efectos destacados en el último considerando de esta resolución." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y remítase vía electrónica el acuse de recibo solicitado. Por tanto, en cumplimiento de lo ordenado por la superioridad, se deja insubsistente el auto de treinta de abril del año en curso dictado por este Tribunal y se continúa con el trámite del presente juicio, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. Se fijan las trece horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, informe el estado procesal del juicio de origen y, en su caso, si respecto de la multa impuesta a la parte quejosa, existe algún pronunciamiento novedoso. Con apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En atención al artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, glósense únicamente las actuaciones originales que se encuentren en el cuaderno de antecedentes y una vez hecho lo anterior, el referido cuadernillo deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude dicho artículo; mientras transcurre tal término, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado.
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