Dirección Jurídica de Celaya, Guanajuato

Expediente 555/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
555/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Dirección Jurídica de Celaya, Guanajuato
  • Álvaro Ramírez Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha providencia ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, inciso a) y 18, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión relativo, de depuración, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelar provisional y definitiva, en el entendido que se deberán conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por ser innecesaria la documental -duplicado del expediente administrativo ********************.Sala/20 de su estadística-, que el magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, anexó como sustento de su informe justificado, mediante oficio que derive de este auto, devuélvase dicha probanza a la autoridad en comento para los fines legales conducentes.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; del análisis de las constancias procesales del sumario, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tal disposición normativa estatuye, en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El texto del precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Esta fracción contempla el supuesto de irreparabilidad jurídica del acto reclamado, no la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquel se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio de derechos fundamentales resulte improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpretó la fracción X, del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, cuyo precepto legal es, en esencia, de idéntico contenido al de la fracción XVII del artículo 61 de la vigente Ley reglamentaria en comento; tesis publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, del análisis a la demanda y constancias procesales del asunto presente, se obtiene que la parte quejosa********************, Guanajuato, por conducto ********************acude a esta instancia constitucional en reclamo de la interlocutoria de ******************** de dos mil veinte, dictada por la autoridad responsable magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, en el juicio ********************/1ªSala/20, a través de la cual dirimió el incidente de incompetencia legal plantado por la parte codemandada -aquí quejosa-, en la que resolvió que es legalmente competente, por cuestión de materia, para conocer y resolver sobre el asunto sometido a su potestad -controvertido de origen iniciado por el hoy tercero interesado ********************, en contra del******************** y otras, de quienes demandó la nulidad del oficio a través del cual le niegan la jubilación que solicitó en calidad de Policía Municipal-. Ahora, respecto de la interlocutoria cuestionada, ha operado un cambio de situación jurídica, con lo cual se concretiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de le Ley de Amparo. Ciertamente, en relación con el acto reclamado, el magistrado responsable, aceptó su existencia; pues así lo expresó en su informe de ley; además, en respaldo de este, exhibió la documental pública consistente en el duplicado del expediente administrativo ********************/1ªSala/20; documental pública con eficacia probatoria plena de conformidad con lo establecido por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, segundo párrafo. De la referida documental se aprecia que la interlocutoria reclamada se dictó durante la etapa de instrucción del procedimiento jurisdiccional de origen; sin embargo, posterior al acto reclamado, la sala responsable emitió la sentencia definitiva de ********************, donde resolvió: "(.) PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo. --- SEGUNDO. Se sobresee en el proceso intentado respecto del Ayuntamiento y del Oficial Mayor, ambos de Celaya, Guanajuato, acorde a lo manifestado en el Considerando Tercero de este fallo. --- TERCERO. Se decreta la Nulidad del oficio número ********************, suscrito por el Director de Personal, para los efectos precisados en el Considerando Quinto de esta sentencia. --- QUINTO. No se reconoce derecho ni se establece condena alguna, acorde a lo señalado en el Considerando Sexto de la presente resolución jurisdiccional. --- Notifíquese (.)". Lo expuesto conduce a concluir que conforme a lo establecido en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la resolución interlocutoria reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio constitucional. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que, a la postre, conduce a sobreseer en el juicio, lo que imposibilita el examen constitucional de la resolución tildada de inconstitucional, a virtud de que la sala responsable dictó sentencia definitiva, lo que implica que en el procedimiento administrativo de origen opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones cometidas y reclamadas en el presente juicio de derechos humanos, se consideran irreparablemente consumadas, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica de la parte agraviada. En las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. En respaldo a lo expuesto se invoca por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia VII.P. J/47, localizable en la página 87, del número 85, enero de 1995, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACION JURIDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados." Así, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia en trato, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, es innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las catorce horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte tercera interesada el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, que establece: "Visto lo de cuenta; del análisis de las constancias procesales del sumario, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tal disposición normativa estatuye, en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El texto del precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Esta fracción contempla el supuesto de irreparabilidad jurídica del acto reclamado, no la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquel se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio de derechos fundamentales resulte improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpretó la fracción X, del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, cuyo precepto legal es, en esencia, de idéntico contenido al de la fracción XVII del artículo 61 de la vigente Ley reglamentaria en comento; tesis publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, del análisis a la demanda y constancias procesales del asunto presente, se obtiene que la parte quejosa********************, Guanajuato, por conducto ********************acude a esta instancia constitucional en reclamo de la interlocutoria de ******************** de dos mil veinte, dictada por la autoridad responsable magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, en el juicio ********************/1ªSala/20, a través de la cual dirimió el incidente de incompetencia legal plantado por la parte codemandada -aquí quejosa-, en la que resolvió que es legalmente competente, por cuestión de materia, para conocer y resolver sobre el asunto sometido a su potestad -controvertido de origen iniciado por el hoy tercero interesado ********************, en contra del******************** y otras, de quienes demandó la nulidad del oficio a través del cual le niegan la jubilación que solicitó en calidad de Policía Municipal-. Ahora, respecto de la interlocutoria cuestionada, ha operado un cambio de situación jurídica, con lo cual se concretiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de le Ley de Amparo. Ciertamente, en relación con el acto reclamado, el magistrado responsable, aceptó su existencia; pues así lo expresó en su informe de ley; además, en respaldo de este, exhibió la documental pública consistente en el duplicado del expediente administrativo ********************/1ªSala/20; documental pública con eficacia probatoria plena de conformidad con lo establecido por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, segundo párrafo. De la referida documental se aprecia que la interlocutoria reclamada se dictó durante la etapa de instrucción del procedimiento jurisdiccional de origen; sin embargo, posterior al acto reclamado, la sala responsable emitió la sentencia definitiva de ********************, donde resolvió: "(.) PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo. --- SEGUNDO. Se sobresee en el proceso intentado respecto del Ayuntamiento y del Oficial Mayor, ambos de Celaya, Guanajuato, acorde a lo manifestado en el Considerando Tercero de este fallo. --- TERCERO. Se decreta la Nulidad del oficio número ********************, suscrito por el Director de Personal, para los efectos precisados en el Considerando Quinto de esta sentencia. --- QUINTO. No se reconoce derecho ni se establece condena alguna, acorde a lo señalado en el Considerando Sexto de la presente resolución jurisdiccional. --- Notifíquese (.)". Lo expuesto conduce a concluir que conforme a lo establecido en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la resolución interlocutoria reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio constitucional. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que, a la postre, conduce a sobreseer en el juicio, lo que imposibilita el examen constitucional de la resolución tildada de inconstitucional, a virtud de que la sala responsable dictó sentencia definitiva, lo que implica que en el procedimiento administrativo de origen opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones cometidas y reclamadas en el presente juicio de derechos humanos, se consideran irreparablemente consumadas, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica de la parte agraviada. En las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. En respaldo a lo expuesto se invoca por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia VII.P. J/47, localizable en la página 87, del número 85, enero de 1995, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACION JURIDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados." Así, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia en trato, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, es innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las catorce horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil veintiuno."

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el ocho de abril del año en curso, se agregó al sumario la documental pública exhibida por la autoridad responsable magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, la que constituye el soporte de su informe de ley; por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días, previsto en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las catorce horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil veintiuno.

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