Diosmel Guevara Granado
Expediente 1217/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1217/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Diosmel Guevara Granado
- Ailemys Molina Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, uno de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que la parte promovente fue notificada del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que haya impugnado tal acuerdo dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, en su caso, la documentación serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que ha transcurrido en su integridad el plazo de tres días que se concedió al agraviado, para que cumplieran con el requerimiento formulado en proveído de doce de septiembre anterior, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, para todos los efectos legales conducentes; en consecuencia, notifíquese a las autoridades señaladas como responsables que quedan sin efecto las providencias emitidas con antelación a este acuerdo en el presente sumario. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Remite despacho sin diligenciar. Agréguese a sus autos para los efectos legales que haya lugar el oficio y anexo de cuenta firmado electrónicamente por el secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Tabasco, en funciones de juez de Distrito, con residencia en Villahermosa, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 207/2022, con número de orden 272/2022, del índice de este juzgado, por las razones vertidas en la razón de imposibilidad efectuada por el actuario judicial adscrito al juzgado de dieciocho de octubre del año en curso, en virtud que los agraviados ******************** ******************** ******************** fueron puestos en libertad el catorce de octubre anterior, por lo que fue no fue posible notificar el auto de doce de septiembre del año en curso, mediante el cual se decretó la suspensión de plano, y se les requirió a fin de que manifestaran si ratificaban la demanda promovida en su favor por ********************. Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones en el Libro Cuatro de Juzgado de Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, con independencia de lo anterior, se ordena notificar a los agraviados el proveído de doce de septiembre anterior, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones. Notifíquese a ******************** ******************** ******************** el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.................................................................................................................................................................. Auto. Hermosillo, Sonora, doce de septiembre de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Promovente. Visto el escrito de cuenta presentado por José Guadalupe Aldape Flores a favor de Ailemys Molina Alvarez, Diosmel Guevara Granado y Daniel Alejandro Rodríguez Garlobo, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente hace consistir los actos, en la privación ilegal de la libertad e incomunicación (que afecta la libertad de los directamente agraviados), así como la emisión y ejecución de una orden de traslado, de los que según dice son objeto, por parte de la autoridad señalada como responsable; actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, se provee al respecto lo siguiente: 3. Suspensión de plano. En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese cualquier acto de privación ilegal de la libertad e incomunicación (que afecta la libertad de los directamente agraviados), así como la emisión y ejecución de una orden de traslado, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, y toda vez que la parte directamente agraviada se encuentran en riesgo de ser devueltos a su país de origen, se otorga la suspensión de plano, la cual tiene el efecto de que los directos quejosos Ailemys Molina Alvarez, Diosmel Guevara Granado y Daniel Alejandro Rodríguez Garlobo, no sean objeto de deportación fuera de procedimiento o expulsión, ni de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pudieran poner en peligro su vida; además, para que se les permita el acceso de manera prudente a sus familiares y abogados en horas hábiles, ésto, sin alterar el debido orden, medidas de sanidad y seguridad establecidas; procurando en todo caso la protección de los derechos humanos de la parte quejosa; debiendo informar las autoridades responsables dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que dén a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Además, requiérase al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para efectos de que bajo los términos antes señalados comunique a los directamente agraviados, el derecho que tienen al contacto y asistencia consular, pues es obligación de las autoridades informar a los extranjeros sobre la existencia del derecho fundamental, a la asistencia y contacto consular. Apercibida que de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ser consignado ante el agente del Ministerio Público de la Federación por el delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." 4. Se requiere a la parte directamente agraviada para que ratifique la demanda. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin de que se constituya en las oficinas donde se localiza el Instituto Nacional de Migración a través de la Oficina de Representación en Sonora, con residencia en esta ciudad, y solicite al encargado de ese lugar poner a los directamente agraviados ante su presencia para dar fe de su integridad física y requerirlos para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su nombre por José Guadalupe Aldape Flores; además, en el supuesto de que el encargado del resguardo de los directamente agraviados se niegue a ponerlos ante su presencia o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentran en ese lugar, deberá apercibirlo que de persistir en su conducta se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad de funcionario respectivo. Lo anterior, en el entendido de que si los directamente agraviados no hablaran el idioma español, la responsable deberá fijar fecha, en el plazo de ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para que el fedatario adscrito, acompañado del traductor oficial que hasta el momento haya servido para comunicarse, les haga de su conocimiento esta resolución. En el caso de no contar con intérprete, deberá informar a este juzgador, lo siguiente: a) Qué idioma habla la parte quejosa; b) De qué manera se ha comunicado con la parte quejosa; y, c) Si dio vista al consulado del país del cual proviene. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se autoriza al fedatario público para que de ser posible, haga uso de algún instrumento de cualquier índole que le permita comunicarse con los agraviados, cuyas circunstancias deberán quedar asentadas en la diligencia en comento. 5. Notificaciones electrónicas y acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario "JALDAPE17", el acceso al expediente electrónico, para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En esta apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento del promovente de domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el nombre de usuario referido pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 6. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente a los directos agraviados y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de octubre de dos mil veintidós. Del estado de autos, se advierte que obran agregados en el sumario el informe de suspensión de plano rendido por la encargada de despacho de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, con el cual informó que mediante oficio INM/ORSON/EM/HMO/7942/2022, los agraviados Ailemys Molina Álvarez, Diosmel Guevara Granado y Daniel Alejandro Rodríguez Garlobo, fueron puesto a disposición de una diversa Estación Migratoria que se encuentra en Villa Hermosa, Tabasco. Ratificación. Ahora bien, atento a las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable de mérito, este juzgador advierte que los directamente agraviados Ailemys Molina Álvarez, Diosmel Guevara Granado y Daniel Alejandro Rodríguez Garlobo, podrían encontrarse en las oficinas donde se localiza el Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco; lo anterior, toda vez que mediante oficio INM/ORSON/EM/HMO/7942/2022, la encargada de despacho de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, puso a disposición de su homóloga con sede en Villahermosa, Tabasco, los agraviados referidos en párrafo que antecede. En tal virtud, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria, gírese atento exhorto vía electrónica al juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en Turno, para que en el auxilio de las labores de este juzgado notifique personalmente el proveído de doce de septiembre del año en curso, a los agraviados Ailemys Molina Álvarez, Diosmel Guevara Granado y Daniel Alejandro Rodríguez Garlobo, en el domicilio donde se localizan el Instituto Nacional de Migración, a través de la Oficina de Representación en Tabasco, con residencia en Villahermosa, con copia del escrito de demanda, así como del presente auto, y los requiera para que en la propia diligencia de notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida en su favor por José Guadalupe Aldape Flores. Asimismo, en caso de ser necesario y a fin de evitar dilaciones procesales, se faculta al homólogo de referencia, para que habilite días y horas inhábiles para que el actuario de su adscripción realice la diligencia encomendada, lo anterior con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía exhorto a Ailemys Molina Álvarez, Diosmel Guevara Granado y Daniel Alejandro Rodríguez Garlobo. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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