Dinah Jacqueline Rivera Lizarraga
Expediente 429/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Dinah Jacqueline Rivera Lizarraga
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y en atención al anexo que acompaña se provee: Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo enviado por el presidente y actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y las documentales anexas a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable radica en la omisión de realizar todas y cada una de las gestiones legales a efectos de lograr el emplazamiento al demandado en el juicio laboral ********************, seguido ante la Junta responsable. Ahora bien, de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, la Junta responsable tuvo a la vista la razón actuarial de dos de mayo del año en curso, suscrita por el actuario adscrito a dicha Junta; y, ante la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento de la demandada en el juicio laboral de origen, ordenó requerir a la parte actora -aquí quejosa-, para que en el término de tres días proporcionara nuevo domicilio, aclarara o precisara en el que debería ser emplazado el demandado en el juicio laboral. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos la omisión delatada, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda de amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que con las actuaciones de las responsables se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado, esto es, terminar la paralización en la que se encontraba el juicio de origen al realizar las gestiones encaminadas al emplazamiento de la parte demandada. Sin que obste a lo anterior que el emplazamiento de la parte demandada aún no se haya llevado a cabo, toda vez que como ya quedó establecido, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de realizar las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada, en el expediente laboral ********************, lo que se traduce en una paralización del procedimiento por parte de las responsables, misma que con las constancias que anexaron a su informe justificados acreditan que la omisión fuente de dicha paralización fue destruida al constituirse el actuario en el domicilio señalado para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento sin poder llevarla a cabo al resultar incorrecto; imposibilidad que no puede ser atribuida a dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" En consecuencia, se deja sin efectos la data señalada para audiencia constitucional, a saber, las once horas con diecinueve minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado, suscrito por el presidente y actuario adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta en su informe; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Requerimiento de constancias. Ahora, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable señalada en el párrafo que antecede, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible, de la constancia de emplazamiento de la parte demanda dentro del juicio laboral ********************; toda vez que este juzgador las considera necesarias para resolver el presente asunto, o bien comunique la imposibilidad que tiene para ello. Bajo el apercibimiento que de incumplir sin causa justificada, conforme lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, tomo: V, febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con diecinueve minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
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