Dionisio Hernández Palacios

Expediente 115/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
115/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Elizabeth Espinoza Sierra
  • DIONISIO HERNÁNDEZ PALACIOS y Otros.
  • Natividad Valderrabano Andrés
  • Dionisio Hernández Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de enero de dos mil veintidós. Visto; el escrito de Raúl Patiño Herrera autorizado del tercero interesado; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias a que hace referencia y hágase entrega al promovente o a las autorizados para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger las copias solicitadas, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021. Por otra parte, en cuanto a su diversa petición en el sentido de que se tenga por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio y se ordene el archivo del mismo, dígasele que por auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia y el seis de septiembre del año pasado, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de juez de distrito, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2765/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    (AVISO) NOTIFICAIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ROBERTO SANTIAGO SÁNCHEZ NARVÁEZ.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Dionisio Hernández Palacios, Elizabeth Espinoza Sierra, Perla Coral Sánchez Santana, Natividad Valderrábano Andrés, Lucas Hernández Mar, Francisco González García, Francisco González Hernández y Alicia Morales García, por medio de su apoderado legal Armando Cruz de Luna, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento; motivo por el cual, por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, reponga el procedimiento del trámite del incidente de prescripción de ejecución de laudo hecho valer por la sucesión demandada en el juicio con número de expediente 339/III/2012, desde el acuerdo dictado el veinte de noviembre de dos mil diecinueve -en el que se tuvo por interpuesto- a fin de que se tramite y se resuelva por el Presidente de dicha Junta. Mediante oficio 1625/2021 de dos de julio de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió: El acuerdo de siete de junio de este propio año, dictado dentro del expediente 339/III/2012 de su índice, del cual se advierte que la Junta dejó sin efecto la resolución de trece de febrero de dos mil veinte; asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir del proveído de veinte de noviembre de dos mil diecinueve y dio vista con el fallo protector al Presidente Ejecutor de la junta a fin de que conozca y resuelva sobre el incidente de prescripción de que se trata. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede, en donde obra la actuación concreta con la que la autoridad dio debido cumplimiento. Lo anterior, en razón de que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 1625/2021 de dos de julio de dos mil veintiuno, remitió los acuerdos siguientes: A) El acuerdo de siete de junio de este propio año, dictado dentro del expediente 339/III/2012 de su índice, del cual se advierte que la Junta laboral dejó sin efecto la resolución de trece de febrero de dos mil veinte; asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir del proveído de veinte de noviembre de dos mil diecinueve y dio vista con el fallo protector al Presidente Ejecutor a fin de que conociera y resolviera sobre el incidente de prescripción que promovió Roberto Santiago Sánchez Narváez, como único heredero y albacea de la sucesión de bienes de Santiago Sánchez Sánchez. b) El auto de siete de junio de este propio año, dictado por el Presidente Ejecutor y la Secretaria de Acuerdos de la Junta laboral dentro del expediente 339/III/2012 de su índice, a través del cual determinó darle curso a la incidencia planteada y sustanciar el mismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 761, 762, 763 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; asimismo se ordenó la suspensión del procedimiento hasta la resolución de dicho incidente; además citó a las partes a la celebración de una audiencia de pruebas y alegatos, para las nueve horas del nueve de julio de dos mil veintiuno, con el apercibimiento para las partes que aun cuando no comparecieran a la audiencia se llevaría a cabo, en el entendido que de ser la parte actora incidentista quien no asistiera se le tendría como alegato y pruebas de su parte las señaladas en su escrito de incidencia de veinte de noviembre de dos mil diecinueve; y de ser la parte demandada quien no compareciera se le tendría por perdido el derecho de alegar y ofrecer medios de convicción. De lo que se advierte que la autoridad responsable ordenó reponer el procedimiento dentro del juicio laboral 339/III/2012, a partir del proveído de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, y dio vista con el fallo protector al Presidente Ejecutor de la Junta a fin de que conociera sobre el incidente de prescripción de que se trata; quien le dio curso a la incidencia planteada y ordenó la sustanciación del mismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 761, 762, 763 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; dando cumplimiento al fallo protector en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." "Época: Décima Época Registro: 2017156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Página: 952 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada; a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y autoridad responsable, en la forma prevista por la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha informado el cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio; no obstante que mediante proveído de once de junio del año en curso, se tuvo a la citada Junta informando las medidas tendentes a dar cumplimiento a la sentencia de mérito. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que los tribunales tienen la obligación de proveer lo conducente para que sus determinaciones se acaten a la brevedad posible; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, o las gestiones que esté realizando para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento impuesto en auto de veinticinco de mayo del año en curso, consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); sin perjuicio de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con el numeral 107, fracción XVI Constitucional. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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