Diana Torres Castillo
Expediente 345/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diana Torres Castillo
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio 4430 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente asunto, radicándolo bajo el número 192/2022. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto de dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante el secretario Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de julio de dos mil veintidós. Vista la papeleta de turno remitida por la Técnico del Enlace Administrativo OCC, Adscrita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de seis de los actuales, al informar que el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, le correspondió conocer por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase al supracitado Tribunal Colegiado, el escrito original de agravios, junto con el testimonio certificado formado con las constancias necesarias para la substanciación del medio de impugnación que se trata. Con independencia a lo anterior, a fin de que el tribunal tenga acceso total al presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diversos 28, 39, 40 y demás aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 5/2022, 7/2022 y 9/2022; que fomenta el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional a través de la utilización de juicios en línea y el envío y recepción de constancias de forma electrónica, se pone a su disposición la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por lo que, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite esa función, con la finalidad de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz, pueda consultar el expediente electrónico del índice de este juzgado, con posterioridad a que la persona encargada en dicho órgano haya relacionado el expediente de su índice, con el presente juicio de amparo, mediante la aplicación de las herramientas denominadas "Vincular con otro órgano" y "Relacionar con expediente de origen", del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de lo expuesto, se instruye al secretario (a) de este juzgado, para que verifique que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado, así como vigilar su coincidencia con el expediente físico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá realizar todas las acciones necesarias para conformar debidamente el expediente electrónico. Cabe destacar que en el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, se rindió el informe justificado en los siguientes términos. "(.) se rinde el informe justificado relativo a la queja de que se trata y dígase al Tribunal Colegiado que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. (.)". Notifíquese; y por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de la impetrante del amparo, a través del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós , en el que se desechó la demanda de amparo; agréguese a los autos una copia del ocurso de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la ley de la materia, se rinde el informe justificado relativo a la queja de que se trata y dígase al Tribunal Colegiado que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En tal virtud y en atención a la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, gírese oficio vía correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; adjuntando copia de los agravios, los datos necesarios para su registro y el turno correspondiente a la normativa vigente (de manera aleatoria o relacionada).
- Principal
(CITATORIO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por ..., por sí y en representación de sus menores hijos, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 345/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN RELEVANTE En virtud que en el presente asunto se encuentran inmersos derechos de menores, se suprimirá su nombre en todos los autos subsecuentes que se dicten en este juicio, asentando únicamente sus iniciales y el nombre de sus progenitores. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Se estima lo anterior, porque el precepto mencionado en último término establece que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y expresa que éstos son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, consideró que dicho numeral ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, mediante una fórmula legal, que los actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Asimismo, estableció que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; una, la exigencia de que se trate de actos ".que afecten materialmente derechos.", lo que sitúa a aquéllos supuestos en que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y, la otra, en que esos derechos afectados materialmente deben ser "derechos sustantivos", y no de naturaleza formal y adjetiva, en los cuales la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del fallo. Luego, estableció que conforme a la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no podía seguirse aplicando la jurisprudencia P/J. 4/2001 en la cual se estableció que el amparo indirecto procedía contra actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, porque dicha jurisprudencia se había generado al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación, lo que no acontece con la legislación de amparo vigente y, por tanto, debía prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a ese ordenamiento legal. Lo anterior se plasmó en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 337/2013, y que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª), cuyos datos de localización y contenido son: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Lo resaltado es propio) Lo que se reiteró en la diversa jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 14/2015, que a la letra señala: "Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. (Lo resaltado es propio)" Precisado lo anterior, de la lectura integra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el consistente en: "El inconstitucional acto dictado en la audiencia revista por el artículo 247 del código de proceder en la materia de día 27de mayo del dos mil veintidós. El inconstitucional auto de 14de junio del presente año" En tanto, en el capítulo de hechos, precisó: "(.)1. El 17 de abril del dos mil veinte, presenté demanda de pensión alimenticia y otras prestaciones en contra de Milton Nava Rivera misma que fue radicada mediante auto de 20 de abril del mismo año del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica Veracruz, bajo el número 314/2020. 2.- En fecha 22 de septiembre del dos mil veinte mi esposo Milton Nava Rivera, fue emplazado por comparecencia. 3. Mediante auto de fecha 16 de octubre del dos mil veinte, se admite la contestación de mi esposo ... en tiempo y forma, teniéndose por opuestas sus excepciones y defensas, por ofrecidas sus pruebas y por hechas las objeciones, así como interponiendo el recurso de reclamación en contra la pensión alimenticia provisional, y en el mismo escrito me reconviene el divorcio incausado y otras prestaciones. 4.- En fecha 22 de octubre del dos mil veinte fui notificada y emplazada en reconvención. 5.- Por auto de fecha 10 de noviembre del dos mil veinte, se me tiene por desahogada en tiempo y forma la vista en contra de la contestación de demanda principal reclamación, y se turnó los autos a la vista del juzgador, para efectos de resolver sobre el recurso de reclamación interpuesto por mi esposo ..., asimismo, se me tiene dando contestación entiempo y forma a la demanda en reconvención y se deja a vista del actor en reconvención. 6.- Con fecha 2 de diciembre de dos mil veinte se resuelve el recurso de reclamación. 7.- Contra dicha resolución interpuse el juicio de amparo directo mismo que fue radicado bajo el numeral 427/2020 del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito del estado mismo que en la actualidad se encuentra concluido. 8.- Con fecha 24 de marzo de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia prevista por el numeral 345 del código civil. 9. El día trece de octubre del año en curso para la celebración de la audiencia prevista por el numeral 219 del código civil. 10. El día dieciséis de marzo del año en curso para la celebración de la audiencia prevista por el numeral 221 c.p.c. 11. El día veintisiete de mayo del año en curso para la celebración de la audiencia prevista por el numeral 247 c.p.c. En la referida audiencia la ciudadana Juez en términos de lo dispuesto por los artículos 221, 247 y 309 del Código de Procedimientos Civiles, DECLARÓ CERRADO EL PERIODO PROBATORIO Y EN ESE ACTO ABRIÓ LA FASE DE ALEGATOS, mi autorizado reconoció y ratificó los ofrecidos por la suscrita pero en el turno del abogado patrono de la parte demandada en el juicio principal y actora en reconvención solicito un término para ofrecer los alegatos de su representado, acordando la juzgadora. "Acuerdo.- Téngase por formulado los alegatos por escrito de la parte actora..y como lo solicita el abogado patrono dela parte demandada en lo principal. a fin de no vulnerar sus garantías de audiencia este acto se le reconoce el término de tres días para que por escrito sus alegatos." Contra dicto acuerdo en términos de lo dispuesto por los artículos 506 y 507 se interpuso el recurso de revocación mismo que fue resuelto por el juzgador confirmando el auto recurrido. 12.- El día 14 de junio del año dos mil veintidós por formulados alegatos. 13. Es por ello que acudo ante usted toda vez que considero que existe una violación a mis derechos y a los derechos que represento al considerar que hay una violación al procedimiento debido a que después de cerrarse el periodo probatorio y abrirse el periodo de alegatos se debe en ese mismo acto alegar lo que a nuestros derechos convenga y no como lo hizo la juzgadora que sin estar establecido en la ley APERTURA UN TÉRMINO PARA OFRECER ALEGATOS VIOLENTANDO CON ELLO LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 309 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz." En ese orden de ideas, se obtiene que la parte quejosa señala como actos reclamados los autos de veintisiete de mayo y catorce de junio, ambos de dos mil veintidós, dictados a en los autos del juicio 314/2020, del Juzgado Sexto de Primera Instancia de esta ciudad, mediante los cuales, respectivamente, declaró cerrado el periodo probatorio y a petición de su contraparte, le concedió un término de tres días para formular sus alegatos por escrito (decisión que impugnó en revocación y fue confirmada) y en el segundo de los acuerdos, tuvo por formulados los alegatos de la parte demandada, lo que considera violatorio de las formalidades del juicio ordinario civil de origen. De esta manera, las citadas determinaciones reclamadas, no son actos de los considerados de imposible reparación, ya que su finalidad fue conceder un término a la parte demandada para alegar por escrito y posteriormente, una vez presentados éstos, se le tuvieron por formulados. Lo anterior, pone en evidencia que las resoluciones reclamadas, tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio a la impetrante del amparo; de ahí que, dichas resoluciones afectan únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. Por tanto, los actos que en esta vía se impugnan no constituyen actos reclamables en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho material o sustantivo a la parte quejosa; y, a manera de ejemplo son, entre otros, el arresto, la apertura de la correspondencia, derechos de libertad, de secrecía de modo irresarcible, ya que una vez ejecutados los actos, no podrá reponerse al arrestado el tiempo que estuvo detenido, ni volver al secreto el contenido de la correspondencia abierta. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, a la promovente, en caso de estar en lo cierto, lo cual aquí no se prejuzga, solo se le infringirían derechos adjetivos o procesales. De ahí que, en la especie, no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues no se afectan derechos materiales, sino solo formales, esto es, el derecho que reclama la parte quejosa, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tal virtud, los actos que reclama la promovente en el presente juicio de amparo no la dejan sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituyen una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable, o en su caso, de serle desfavorable ello podría ser todavía cuestionado en una eventual segunda instancia o en el juicio de amparo directo y obtener su reparación. En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación los actos reclamados, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado en sentido contratio, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ..., por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Ricardo Talavera Torres, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Estefanny Esther Talavera López, Refugio López Moncayo, José Rafael Talavera López y Jorge Ricardo Talavera López, por así haberlo solicitado expresamente. Se tienen por señalado el correo proporcionado por el impetrante, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la promovente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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