Dionicio Rivera López
Expediente 1912/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1912/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Dionicio Rivera López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte tercero interesada mediante escritos presentados el veintiséis de septiembre y siete de noviembre de dos mil veintitrés, sostiene que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracciones X y XI de la Ley de Amparo, al manifestar que los actos aquí reclamados ya fueron materia de análisis en diverso juicio de amparo, por lo que señala que son actos consentidos tácitamente dado que el quejoso siempre tuvo conocimiento de las demandas instauradas en su contra. Dicha propuesta es infundada, en virtud de que su estudio implicaría abordar aspectos relacionados con el fondo del asunto, particularmente la legalidad del emplazamiento reclamado por el quejoso a efecto de concluir, si el quejoso conoció los actos aquí reclamados desde la fecha en que se practicó el emplazamiento, lo cual debe ser analizado al resolver la litis planteada. Aunado a que, el juicio natural del que derivaron los actos reclamados en los juicios de amparo 447/2018 y 746/2021 (a que hace alusión la parte tercero interesada), es distinto al en que emanan los actos reclamados en este juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 135/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, página 5, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." De igual forma, este suscrito juzgador estima que no puede tenerse como conocimiento directo, exacto y completo de los actos aquí reclamados, la notificación a que alude la parte tercero interesada, practicadas al quejoso en el Juicio Sucesorio Intestamentario 1024/2016, del índice de la autoridad responsable, toda vez que, se reitera, se trata de un expediente diverso al en que emanan los actos reclamados en este juicio. Ahora, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer, ni se advierte de oficio alguna diversa, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Suplencia de la queja. Previamente cabe decir, que en el caso se surte la institución de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo; sin embargo, su aplicación se analizará únicamente si en el estudio, este juzgador advierte que favorece a la parte quejosa, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo se tienen por reproducidos en este apartado, sin que sea necesaria su transcripción, dado que no lo exige así el artículo 74, ni algún otro dispositivo de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso señaló, en esencia, en sus conceptos de violación, que los actos reclamados violan en su perjuicio los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dado que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial; de ahí que se violó su derecho de audiencia pues aduce que nunca fue emplazado o emplazado legalmente a juicio por parte de la autoridad responsable, lo que conllevó a que se llevara un juicio a sus espaldas. Asimismo, manifiesta que se violó en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 14 constitucional, ya que se pretende privar de su legítimo derecho de posesión sin que exista juicio alguno en el que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, pues reitera, nunca tuvo conocimiento de la demanda instaurada en su contra, lo que se traduce en una violación a sus derechos de seguridad jurídica, audiencia, debido proceso, tutela jurisdiccional, consagrados en nuestra Carta Magna. Finalmente, señaló que la falta y/o ilegal emplazamiento a juicio trajo consigo el dejarlo en un completo estado de indefensión, ya que los actos reclamados carecen de fundamentación y motivación al haberse seguido un juicio en su contra sin haber sido llamado a juicio, lo que viola en su perjuicio sus derechos humanos y garantías. Este suscrito juzgador estima que los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa son infundados por los motivos que se expondrán a continuación. En primer lugar, es conveniente destacar que el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, destinado a hacer saber al demandado la existencia de una demanda que se ha interpuesto en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica, es considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, por ende, reviste gran importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia, establecido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: ". Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ." De lo anterior, queda claro que el derecho de audiencia consagrado en el precepto constitucional transcrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento, y que de no cumplirse con ellas se infringiría el referido derecho de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Para comprobar si la diligencia de emplazamiento que se combate, cumple con los lineamientos en mención, se inicia con el análisis de constitucionalidad del llamamiento al Juicio Ordinario Civil efectuado en el expediente 417/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad; para lo cual se toma en cuenta lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que regula la forma en que debe realizarse el emplazamiento, cuyo contenido es el siguiente: "ARTÍCULO 67.- Los emplazamientos deberán hacerse conforme a las siguientes reglas: I.- Si se tratare de persona física, directamente a ésta, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y la persona por emplazarse en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazamiento, debiéndose observar lo dispuesto por el artículo 52. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; [.] III.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y será precisamente el lugar en que habita la que deberá ser emplazada, si es persona física, y si jurídica, en el domicilio social, en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de sucursales con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por, o con intervención de ellas. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente, en la diligencia, los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; IV. El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. [.]" Del precepto transcrito, se prevén las reglas para el emplazamiento, las cuales de manera sintetizada consisten en: El emplazamiento debe realizarse de manera personal y se practicará al demandado o con su representante. El emplazamiento deberá realizarse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y este será el lugar en el que habite la parte demandada. En el supuesto de que se encuentre la persona interesada la diligencia se entenderá con esta y se le correrá traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con ella, así como del auto que ordena el emplazamiento. Si la persona interesada no fuere encontrada en su domicilio, se dejará citatorio a los parientes o domésticos del interesado, o cualquier otra persona adulta que viva en el domicilio. El notificador debe cerciorarse de que la persona interesada tiene efectivamente ahí su domicilio, de todo lo cual asentará razón en a diligencia respectiva. Ahora para analizar el actuar del fedatario responsable conviene agregar a este fallo la diligencia que la parte quejosa tilda de inconstitucional, la cual se plasma a continuación para mejor ilustración: De lo anterior se advierte, que las formalidades esenciales en el procedimiento del Juicio Ordinario Civil 417/2021, se encuentran cumplidas pues el fedatario hizo constar que se constituyó en el domicilio correcto, por así coincidir la nomenclatura oficial a la orilla de la calle referida, por el entre cruce de las calles, por el número que identifica el inmueble y el dicho de dos personas vecinas que habitan a los lados continuos del domicilio, que le refirieron al fedatario que efectivamente ese es el domicilio buscado. Asimismo, el fedatario público describió la propiedad, asentando que se trataba de una casa habitación de un piso, color blanco, portón de color blanco, cerca sin pintar. Cercioramiento que, además fue corroborado por la persona que ahí lo atendió quien no obstante no le proporcionó su nombre, si fue descrita físicamente, quien le manifestó estar en el domicilio correcto y que la persona buscada no pudo esperar la cita de espera que dejó previamente el actuario. Posteriormente, procedió a emplazar a la parte demandada (aquí quejoso)********************por conducto de quien atendió la diligencia tal como se desprende de las constancias actuariales que previamente fueron insertadas, con copia de la demanda, del auto de radicación, y demás documentales consistentes en: acta certificada de matrimonio, acta de defunción, acta certificada de nacimiento, constancia, oficio y copias certificadas de expediente 1024/2016, relativo al juico sucesorio intestamentario a bienes de Francisca Uribe Reyna e Ismael López Noyola, denunciado por los CC. Francisca, Javier, Oralia, Rosa María, Marisela, todos de apellidos López Uribe, del índice de la autoridad responsable; constancias que se asentó fueron entregadas debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria de Acuerdos adscrita al órgano responsable. Circunstancia que se corrobora pues del análisis de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, se observa que las documentales descritas en el emplazamiento concuerdan con las que obran en el sumario natural. Colmando así lo establecido en la jurisprudencia 1a./J.39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2020, publicada el viernes dieciocho de septiembre de 2020, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Civil (registro 2022118), del rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO." Y, finalmente le previene para que dentro del plazo de diez días produjera su contestación y le requirió para que expresara lo que a su interés conviniera. Por lo tanto, dado los argumentos vertidos con antelación la diligencia de emplazamiento que se reclama provee la convicción razonable de que la notificación llegó a su destinatario y no transgredió los derechos fundamentales señalados en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que ameriten ser subsanados en este juicio de amparo, pues se reitera, en el caso de origen, se cumplieron las formalidades específicas del emplazamiento aplicables al juicio ordinario civil; por lo que el quejoso estuvo en aptitud de comparecer y hacer valer la defensa correspondiente. En consecuencia, se considera legal y constitucionalmente válido el emplazamiento practicado a la parte quejosa. En consecuencia, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Dionicio Rivera López. Negativa que se extiende a la diversa autoridad Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 2, 37, 73, 74. 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************dentro del juicio de amparo 1912/2023-II, por lo expresado en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, siendo las diez horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria Lucero de León Guevara, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo 1912/2023-II. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando cuenta con el escrito inicial de demanda promovida por Dionicio Rivera López, y documentales adjuntas a la misma; con el escrito de desahogo de la misma; con el informe justificado y anexos, enviados por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad; y, con el escrito de alegatos de la tercero interesada Francisca López Uribe. Asimismo, en este acto la Secretaria da cuenta con el diverso escrito de la citada tercero interesada, a través del cual formula alegatos, el cual quedó registrado con el folio 18963.A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, debiéndose tomar en consideración el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, y por lo que toca a las pruebas documentales y alegatos de referencia, relaciónense en los periodos correspondientes de la presente audiencia. Por lo que respecta al ocurso de cuenta, téngase a la referida tercero interesada formulando manifestaciones a guisa de alegatos, el cual se relacionará en el periodo correspondiente. Luego, por lo que hace a su solicitud de que se dé vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, dado que aduce que el quejoso se dirige con falsedad de declaraciones y exhibiendo un documento falso; sobre el particular, dígase al promovente que en proveído de veintiocho de agosto del presente año, se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por lo que si en el presente juicio se han afirmado hechos falsos que puedan constituir delito, queda expedita la facultad de la representante social adscrita para proceder como en derecho corresponda. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, dando cuenta al Juez con las pruebas documentales relacionadas en los párrafos precedentes. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, que serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, dando cuenta al Juez con las manifestaciones de la parte tercero interesada. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, y en su caso, tómense en consideración al momento de resolver el presente juicio; sin pruebas o alegatos pendientes de acordar se concluye la presente audiencia, ordenando el Juez se dicte la sentencia correspondiente cuando las labores del Juzgado lo permitan.
- Incidental
Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 1383, enviado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al oficio de cuenta; lo anterior, póngase a la vista del peticionario del amparo a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese personalmente. ...
- Incidental
Reynosa, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 1338, enviado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual se le tiene informando actos tendentes a dar cumplimiento a la suspensión definitiva, y al efecto, remite copia certificada del acuerdo de tres de octubre del año en curso, emitido dentro del juicio ordinario civil ******************** del que se advierte que ordenó devolver al quejoso el bien inmueble ubicado en calle Rojo, número 100, esquina con calle Cristal, con las entrecalles Blanca y Lateral del Canal Rodhe, colonia Ampliación Arcoíris, código postal 88778, de esta ciudad, así como el oficio girado a la Jefa de la Central de Actuarios del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo, requiérase al juez responsable para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, remita copia certificada de la diligencia de la que se advierta le haya sido entregada la posesión del bien inmueble de referencia al aquí quejoso, toda vez que resulta necesaria para que este juzgado esté en aptitud legal de pronunciarse sobre el particular. Con el apercibimiento que de no hacerlo de esa manera, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene por recibido el escrito del quejoso ********************, a través del cual hace del conocimiento de este juzgado que la calle correcta del inmueble que defiende es Roja, y el número es 100; con lo anterior, se ordena dar vista a la citada autoridad responsable, a fin de que esté en aptitud legal de dar cabal cumplimiento a la resolución interlocutoria de veinticinco de septiembre pasado. Notifíquese. ... ...
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