Dionicio Rivera López
Expediente 746/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 47 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Dionicio Rivera López
- Dionicio Rivera López y Otros.
- Juez Segundo Familiar De Primera Instancia, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 6592/2023, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de revisión hecho valer por ********************, en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo del cual deriva este expediente, quedando registrado como amparo en revisión 332/2023. De lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución que respecto de dicho medio de impugnación emita el citado órgano colegiado.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintitrés; de igual forma, que ya se cuenta con las constancias relativas a las notificaciones de la resolución de trato y de la interposición del medio de defensa descrito con anterioridad a las partes. En consecuencia, envíese el original del escrito de interposición del recurso, junto con los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de revisión y formula agravios en contra de la sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintitrés, dentro del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en autos. En tal virtud, con fundamento en el diverso numeral 89 de la invocada ley, se ordena distribuir entre las partes copia del escrito de expresión de agravios; a las responsables mediante oficio con transcripción de este auto; háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Por último, con el fundamento invocado en el párrafo anterior, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren las constancias de notificación a la totalidad de las partes, del presente acuerdo, se deberá remitir el original del escrito de agravios, junto con los presentes autos, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.amsg
- Principal
R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, el que previo escrito aclaratorio, la admitió a trámite mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; pidió el informe justificado a las autoridades responsables; tuvo con el carácter de terceros interesados a Francisca, Javier, Oralia, Rosa María, Maricela y Vicenta, de apellidos López Uribe; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo conforme el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, constitucional, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado, se atribuye a algunas autoridades circunscritas en el ámbito territorial en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo, y al analizar en su integridad la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en: El emplazamiento practicado en el expediente 1024/2016, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de Francisca Uribe Reyna e Ismael López Noyola, y en vía de consecuencia, todo lo posteriormente actuado, incluyendo el desalojo del bien inmueble afecto a dicha sucesión. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos que por esta vía se le reclaman (foja 32), lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la autoridad responsable Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, constituida en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar notificado del oficio por el cual se le requirió dicho informe (foja 24); por lo que, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. En tales condiciones, se tienen como ciertos los actos a ellas atribuidos. Cuarto. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna tanto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, conviene dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, por identidad de razón, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." En la especie, quien aquí resuelve, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que no se entrará al estudio de fondo de los actos reclamados por la parte quejosa. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. En el caso concreto, la parte quejosa reclama como acto destacado el emplazamiento practicado en el expediente 1024/2016, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de Francisca Uribe Reyna e Ismael López Noyola, y en vía de consecuencia, todo lo posteriormente actuado, incluyendo el desalojo del bien inmueble afecto a dicha sucesión.******************** Ahora, de las documentales que el Juez responsable acompañó a su informe justificado, las cuales fueron valoradas previamente, se observa que desde nueve de agosto de dos mil dieciséis, la parte quejosa ya tenía conocimiento del juicio que se instruía en su contra. Lo anterior se estima así, porque mediante el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el ahora quejoso DIONICIO RIVERA LÓPEZ, compareció al expediente 1024/2016, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de Francisca Uribe Reyna e Ismael López Noyola, a fin de hacer valor los derechos que a su criterio le asisten respecto del bien afecto a la sucesión y a ofrecer pruebas de su intención (fojas 217 del tomo de pruebas). Asimismo, mediante los escritos presentados el dos y doce de septiembre, y uno de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el ahora quejoso DIONICIO RIVERA LÓPEZ, compareció al expediente de origen a solicitar que se abra el juicio a pruebas, a exhibir documentos y a promover incidente de tachas, respectivamente (fojas 270, 279, y 320 a 322 del tomo de pruebas). ******************** En consecuencia, es evidente que desde las fechas indicadas en los párrafos anteriores (año 2016), el hoy quejoso tuvo conocimiento del juicio natural, de su naturaleza, derechos que se dirimen, de quien lo promueve, del número y la autoridad que lo tramita y hasta la persona que lo promovieron, pues basta analizar el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, porque de él se advierten dichos datos; incluso, en dicho escrito se promovió incidente de oposición de medida, y mediante resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho (fojas 380 a 384 del tomo de pruebas) se resolvió como no procedente. Por tanto, es incuestionable que desde el año 2016 sabía que se había realizado el emplazamiento en dicho juicio; en consecuencia, resulta evidente que el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la ley de la materia, para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió en exceso, si tomamos en consideración que la demanda de amparo que dio origen al juicio que nos ocupa, se presentó hasta el ocho de junio de dos mil veintiuno; tomando en cuenta lo establecido por el artículo 18 de la propia ley, que a la letra dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Motivo por el cual, al haberse presentado la demanda de amparo hasta el ocho de junio de dos mil veintiuno, es innegable que fue promovida de manera extemporánea; y, por ende, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia invocada; habida cuenta que si la hoy quejosa estima que se le emplazó ilegalmente al juicio de origen, entonces, debió promover su demanda de amparo dentro del plazo de quince días, a partir de que tuvo conocimiento del aludido juicio natural, que se estima, fue mínimo desde el nueve de agosto de dos mil dieciséis (fecha en que compareció a hacer vales sus derechos y a promover incidente de oposición de medida ante el Juez responsable); y, al no haberlo hecho así, sino en forma extemporánea, se reitera, se actualiza la causal de improcedencia de trato. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL ENQUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."1 [lo subrayado es propio]. Consecuentemente, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Ahora, dado el sobreseimiento decretado con base en la causal de improcedencia actualizada, es dable agregar que aún y cuando no se resolvió en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa que se dice agraviada por los actos de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se reitera, no es incompatible con el derecho humano de trato. Sustenta lo dicho, la tesis XVII.1o.C.T.15 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Común, página 2274, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 746/2021, promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, hoy trece de julio de dos mil veintitrés, fecha en la que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Jaime Izaguirre Revilla, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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