Dionicio Leonardo Avila Hernandez
Expediente 1685/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1685/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Dionicio Leonardo Avila Hernandez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por DIONICIO LEONARDO ÁVILA HERNÁNDEZ, por su propio derecho y en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, en términos de la copia certificada del nombramiento expedido por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, contra actos del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y otra autoridad , fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 1685/2019-II. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13º.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: El juicio de amparo es incoado por DIONICIO LEONARDO ÁVILA HERNÁNDEZ, por su propio derecho y en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos; quien reclama esencialmente la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del recurso de revisión RR/1274/2019-III, promovido por ALBERTO FRANCO TRUFINO. Una vez precisado lo anterior y, a criterio de quien resuelve, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el artículo 7, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". Así, en el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 7 de la Ley de Amparo se prevé que las personas morales públicas podrán promover el juicio de amparo cuando algún acto afecte su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Ahora bien, el suscrito considera que, en el caso concreto, no se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley de Amparo, pues el amparo lo promueve DIONICIO LEONARDO ÁVILA HERNÁNDEZ, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. A mayor abundamiento, es preciso señalar lo siguiente: 1. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, recibió una solicitud de información pública presentada por ALBERTO FRANCO TRUFINO. 2. En fecha tres de septiembre del año en curso, ALBERTO FRANCO TRUFIÑO (persona diversa al peticionario de la información pública), presentó recurso de revisión, ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística por no haber sido contestada su solicitud de información pública. 3. El quince de noviembre del presente año, la parte quejosa fue notificada de la resolución emitida en el recurso de revisión RR/1274/2019-III, por los integrantes del pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Precisado lo anterior, es necesario, citar el texto del artículo 7 de la Ley de Amparo: "Artículo 7º. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." (Lo resaltado es propio). De acuerdo al artículo antes citado, las personas morales oficiales pueden promover el juicio de garantías siempre y cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, para que resulte procedente el ejercicio de la acción constitucional, es necesario que la lesión patrimonial derive de un acto emitido por una autoridad que, en determinado caso, tenga establecida materialmente una relación de supra a subordinación con la persona moral oficial, relación en la que esta última se encuentra desprovista de imperio, es decir, en la que su actividad se equipara a la de un particular, dado el sometimiento a las normas cuya aplicación corresponde a la autoridad que emite el acto que se reputa violatorio de derechos fundamentales. Resulta aplicable la Tesis Aislada, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1453, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, con número de registro 177928: "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI). LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES DE AQUÉL." Así como también, la diversa Tesis Aislada, pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1073, Tomo XIX, Febrero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, con número de registro 182169: "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI). LAS PERSONAS MORALES OFICIALES OBLIGADAS POR AQUEL ÓRGANO A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LOS PARTICULARES, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito I.15º.A.42 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Página: 1554, del rubro siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. PUEDEN PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO, DESPROVISTAS DE IMPERIO, EL ACTO RECLAMADO AFECTE SUS INTERESES PATRIMONIALES.". Sentado lo anterior, a juicio del suscrito, en el caso que se analiza no se satisfacen los requisitos de procedencia previstos en el artículo 7 de la Ley de Amparo, pues en el procedimiento seguido en forma de juicio (recurso de revisión RR/1274/2019-III), el promovente no actúa en un plano de igualdad respecto del particular, pues la autoridad comparece al proceso en defensa de la legalidad de un acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojado de imperio. Así lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J. 36/2014 (10ª.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, página 627. Registro: 2006609, aplicable por analogía y que lleva por rubro: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO". En consecuencia, por analogía si bien las personas morales oficiales pueden promover juicio de amparo cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas dentro de un juicio. En el caso, al tratarse de un procedimiento seguido en forma de juicio, se actualiza lo analizado con anterioridad, pues DIONICIO LEONARDO ÁVILA HERNÁNDEZ, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, no se ubica en un plano de igualdad respecto del particular que promovió ese procedimiento. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 374/2016, sostuvo que si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio. De dicha contradicción de tesis surgió la jurisprudencia 2ª./J. 128/2017 (10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 47, Tomo II, Página 1022, Octubre de 2017, registro IUS: 2015321 que lleva por rubro "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN". Inclusive, en esa contradicción la Sala sostuvo que el solo hecho que una autoridad pretenda reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, deviene en una falta de legitimación para promover el juicio de amparo, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "[.] En efecto, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en tales procedimientos, provienen, precisamente, del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis X.A.T. J/2 (10ª.), Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo III, página 1753, registro IUS: 2010040, de rubro: "PERSONAS MORALES PÚBLICAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN DEFENSA DE ACTOS EMITIDOS EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD." De igual forma, es aplicable por analogía la Jurisprudencia 2ª./J.45/2003, con número de registro, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo XVII, Junio 2003, Página 254, se rubro: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA." Sin que pase inadvertido el contenido de la jurisprudencia 1ª./J. 16/2018 (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo II, página 875, registro IUS: 2017263, de rubro: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS." Lo anterior, en virtud de que en este juicio la parte quejosa acude como ente vinculado al cumplimiento de una resolución emitida en el recurso de revisión RR/1274/2019-III, promovido dentro del procedimiento de acceso a la información; es decir, en una relación jurídica en la que se le obliga a actuar en uso de sus facultades para llevar a cabo su debido cumplimiento, por lo que la afectación que la resolución combatida pudiera generarle no deriva de una relación jurídica en la que haya actuado como gobernado, sino como autoridad obligada por disposición legal, a cumplir un mandato. En ese sentido, la Ley de Amparo faculta a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados, frente a los abusos del poder público, pero no las faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando actúan con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una contienda entre los mismos órganos de poder lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de garantías, lo que solo es permitido por disposición de la ley cuando el Estado, por una ficción legal actúa como persona moral de derecho privado, y puede entrar en relaciones de naturaleza civil con los particulares, con los poseedores de otros bienes, y es capaz, por tanto, de adquirir derechos y contraer obligaciones y, como consecuencia de ello, puede resultar afectado por una ley o acto de autoridad en sus bienes propios, de que es poseedor y que le son indispensables para ejercer sus funciones, lo que en el particular no acontece; por lo que si el quejoso no promueve el juicio de garantías con el carácter de entidad jurídica privada en defensa de sus derechos privados, sino como entidades públicas, no se encuentran dentro de la hipótesis que establece el artículo 7 de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda sustento en la tesis de registro 220555, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Febrero de 1992, página: 202, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO ACTUAN CON EL CARACTER DE AUTORIDAD." De lo anterior, se colige que lo que reclama el promovente, es en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos; es decir, en su carácter de entidad pública y no como entidad jurídica privada en defensa de sus derechos privados desprovista de imperio, dado que promueve el juicio de amparo en defensa de sus derechos públicos, con objeto de protegerse contra actos de otra autoridad. Asimismo, resulta aplicable la tesis III.3º.T.6 K (10ª.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Página: 2475, del rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9º. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7º. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2ª./J. 105/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2007-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Página: 471, del rubro siguiente: "AMPARO. PROCEDE POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL PARTICULAR SE VEA AFECTADO EN SU ESFERA JURÍDICA POR ACTOS EMITIDOS POR UN NIVEL DE GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL, QUE CORRESPONDEN EN EXCLUSIVA AL MUNICIPIO." Además, tomando en consideración la resolución que combate, emitida dentro del recurso de revisión RR/1274/2019-III, en su considerando quinto, la autoridad apercibió a la parte quejosa, que en caso de no cumplir con dicha determinación de manera pronta y adecuada, se le harán efectivas las medidas de apremio contempladas en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, consistentes en una amonestación, amonestación pública o multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; motivo por el cual, se advierte diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que a la letra se dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En efecto, el artículo 5°, de la Ley de Amparo, define las partes en el juicio de garantías y establece que el quejoso es aquél quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, quien ejerza la acción constitucional y no reúna tales características, el juicio será improcedente al tenor de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, al disponer la improcedencia del juicio de amparo: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."., lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Ese lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, el peticionario de amparo reclama la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del recurso de revisión RR/1274/2019-III, en la que en su considerando quinto se le apercibió que en caso de incumplimiento, se le harán efectivo las medidas de apremio contempladas en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Sin embargo, dicho apercibimiento consistente en una amonestación, amonestación pública o multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, al no producir por el momento una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto que está condicionada a que el obligado, en este caso, el inconforme cumpla o no con lo requerido, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado en cuanto a imponer efectivamente el apercibimiento con que se le requirió mediante resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, por lo que tal acto no es inminente, y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta respecto a dicha medida de apremio, en términos del numeral antes invocados, en relación con la fracción XXIII, del ordinal 61, de la Ley de la Materia, dicho de otro modo, es incierto que se haga efectivo el apercibimiento y se le multe, o bien se le imponga alguna otra medida contemplada en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; pues tal evento depende de la actividad previa del propio peticionario frente al mandato y que el Instituto determine que sí es procedente aplicar alguna medida de apremio. Al respecto, se aplica por analogía la jurisprudencia número PC.I.L. J/14 L (10ª.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2321, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el artículo 7, ambos de la Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo, en términos antes precisados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.. Tomando en consideración que el promovente de amparo señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia oficial de este juzgado; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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