Diego Sotelo Díaz
Expediente 601/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diego Sotelo Díaz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 601/2018-I-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo que antecede; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jadilson Alonso Navarro Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; por medio de los cuales las autoridades responsables rinden su informe justificado; ahora bien, atendiendo a su contenido, se procede a dictar el siguiente acuerdo: Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS COORDINADOR DE LA FISCALÍA DE DELITOS DIVERSOS DE LA FISCALÍA REGIONAL ZONA METROPOLITANA FISCAL O AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALIA DE DELITOS DIVERSOS DE LA FISCALÍA REGIONAL ZONA METROPOLITANA Asimismo se advierte del escrito inicial de demanda, que la parte quejosa le reclamó a las autoridades antes mencionadas, lo siguiente: "La omisión de acordar en tiempo y forma la petición formulada en mi escrito de fecha 7 de febrero de 2018 en las carpetas de investigación: FRV01/3887/2013 REL FRV01/3937/2013, FRVB/2ª/941/2014, FRV01/177/2014, FRV01/225/2014, FRV01/425/2014, FRV01/3465/2014, y otros por las justificaciones que más adelante se pormenorizaran." Ahora bien, de las constancias que anexó la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos, se aprecia que el tres de mayo de dos mil dieciocho, acordó el escrito presentado por el quejoso el siete de febrero de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación FRV01/3887/2013 REL FRV01/3937/2013, FRVB/2ª/941/2014 REL FRV01/177/2014, REL FRV01/225/2014, FRV/425/2014, REL FRV01/3465/2014, FRV01/266/2017, FRV01/166/2017, y lo notificó personalmente el ocho de mayo del año en curso; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haber acordado la promoción del quejoso presentada el siete de febrero de dos mil dieciocho, y al haber notificado al quejoso la respuesta a su petición, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia de que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Sin que pase inadvertido que en el proveído de tres de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable se refirió al escrito de siete de febrero de dos mil diecisiete; sin embargo, de la lectura integral del mismo y las demás constancias, se advierte que lo correcto es siete de febrero de dos mil dieciocho, tal como quedó asentado en el párrafo anterior. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio de la autoridad oficiante los que designa. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido del mismo con la anticipación debida, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo; tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jadilson Alonso Navarro Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1925/2017-I y UN ANEXO, promovido por MARTÍN CARNALLA DÍAZ, constante de ciento dos fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el diez de abril de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1925/2017-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 144/2018-II del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Martín Carnalla Díaz, por propio derecho, en contra de actos del juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Tribunal Superior del Estado de Morelos y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 17 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Martín Carnalla Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD QUE SEÑALO COMO RESPONSABLE. A) AUTORIDAD ORDENADORA.- C. Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Tribunal Superior del Estado de Morelos. B) AUTORIDAD EJECUTORA.- C. Actuaria Adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Tribunal Superior del Estado de Morelos". IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Por cuanto hace: A) LA AUTORIDAD ORDENADORA: Lo constituye el auto de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017). B) LA AUTORIDAD EJECUTORA: El embargo del bien mueble identificado como Camioneta Marca "Ford" F-200, Modelo 1988, tipo Pick-Up, Ranger XLT, con Motor de 8 cilindros 302 P.C. Transmisión Estándar de 4 velocidades, con número de serie AC2LFE-72552. Misma cuya propiedad pertenece al suscrito, tal y como se acredita con la Factura Número 327. (.)" Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no señaló la existencia de tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (fojas 20 a 25 del expediente de amparo), cuyo titular mediante proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete la registró bajo el número 1925/2017-I; la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formulo pedimento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 39 y 40 del cuaderno de pruebas), tuvo por reconocido el carácter de tercero interesado a la actora en el juicio de origen, Financiera Finca, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple no regulada (SOFOM, E.N.R), en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo y ordenó su emplazamiento por conducto de quien legalmente la represente. La parte tercera interesada fue emplazada a juicio por medio de lista publicada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, según se advierte de las constancias de notificación agregadas a fojas 62 a la 77 de autos. Finalmente, a las diez horas con cincuenta y un minutos del trece de febrero de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 84 del expediente de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 85 del expediente de amparo), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente 1925/2017-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 144/2018-II; por tanto, al haber iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de trece de febrero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2ª./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos con efectos de ejecución en Jiutepec, Morelos; esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: a) La diligencia de embargo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, trabado sobre una camioneta marca Ford, modelo mil novecientos ochenta y ocho, serie AC2LFE72552, tipo pick up, desahogada en el juicio ejecutivo mercantil M430/2017 del índice del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Juitepec, promovido por Financiera Finca, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple no regulada (SOFOM, E.N.R), en contra de Sergio Carnalla Millán y otros; así como sus consecuencias jurídicas. Acto reclamado de las siguientes autoridades: ? Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec. ? Actuaria adscrita a ese órgano jurisdiccional. Sobre el particular, no se inadvierte que el solicitante del amparo, señaló textualmente como acto reclamado el auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil M430/2017 del índice del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Juitepec; sin embargo, dado el carácter de tercero extraño en estricto sentido con que comparece a esta instancia constitucional, se fija la diligencia de embargo como acto destacado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec (fojas 33 y 34 del expediente de amparo) y la actuaria adscrita a ese órgano jurisdiccional (foja 45 del expediente de amparo) al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les atribuye, consistentes en el acuerdo en que se ordenó el cumplimiento del auto de exequendo, en específico del embargo trabado sobre un vehículo de motor, en garantía del adeudo demandado en el juicio de origen, así como su ejecución. En consecuencia, debe tenerse por cierto, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que la juez responsable adjuntó a su informe justificado, relativas al juicio ejecutivo mercantil 430/2017-1; actuaciones que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de la copia certificada que obra del juicio natural en un tomo por separado, son los siguientes: 1. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del juzgado Menor Mixto de la Octava Demarcación Territorial de Xochitepec, Morelos, Financiera Finca, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple no regulada (SOFOM, E.N.R), por conducto de sus endosatarias en procuración Olga Miranda Castrejón, Marisela Miranda Castrejón y Cecilio Villalba Pérez, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa de Ana Bustos Aguilar y otros, el pago de $62,092.43 sesenta y dos mil noventa y dos pesos con cuarenta y tres centavos, por concepto de suerte principal y otras prestaciones (fojas 2 a 6 del tomo de pruebas). 2. La demanda fue turnada al Juez Menor Mixto de la citada demarcación territorial, órgano que en auto de cinco de mayo de dos mil dieciséis, la registró con el número 430/2017-1; la admitió a trámite y en términos del artículo 1393 del Código de Comercio, dicto auto con efectos de mandamiento en forma, instruyendo a la actuaria para que se constituya en el domicilio de los demandados y los requiera por el pago del adeudo reclamado y en caso de no hacerlo, se embarguen bienes en garantía de tal adeudo (fojas 13 y 14 del cuaderno de pruebas). 3. Seguido el procedimiento, en atención a que en sesión ordinaria de catorce de junio de esa anualidad, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia el Estado de Morelos, modificó la organización de las Demarcaciones Territoriales de los juzgados Menores, y determinó la extinción del juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación y prorrogó la competencia del juzgado Menor en materias civil, mercantil y penal de Jiutepec, con la denominación de juzgado Mixto Menor de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado; en auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, este órgano aceptó la competencia y ordenó el registro del asunto recibido como el 430/2017(foja 58 ídem). 4. Posteriormente, en auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la juez responsable, en atención a la petición de la parte actora, ordenó hacer efectivos los apercibimientos ordenados en diversos autos a la parte demandada, Sergio Carnalla Millán y autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, con la finalidad de practicar la diligencia de exequendo ordenada a su cargo (foja 61 ídem). 5. En cumplimiento a tal determinación, la diligencia de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, fue entendida de manera personal y directa con el demandado (aquí tercero), en la que al no haber dado el pago de la suerte principal, señaló bajo su más estricta responsabilidad para embargo: la camioneta marca Ford, modelo mil novecientos ochenta y ocho, serie AC2LFE72552, tipo pick up, de una sola cabina, estándar, llantas anchas con rines color verde, de la que se asentó que no exhibió tarjeta, porque cuenta con permiso para circular 49265, vencido el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete; respecto de la cual, en el acto, fue señalado como depositario Enrique Gutiérrez Arriaga quien aceptó y protestó el cargo conferido, señaló el domicilio de depósito y recibió el vehículo y las llaves respectivas (fojas 70 y 71 ídem). Acta que constituye el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese orden, este órgano jurisdiccional de oficio advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Por su parte, los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así, en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa, el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por estar en una situación de derecho concreta. En ese contexto, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1ª./J. 168/2007 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En el caso, se tiene que el agraviado comparece a esta instancia constitucional aduciendo tener un derecho de propiedad respecto del vehículo automotriz que fue embargado en la contienda natural, una camioneta marca Ford, modelo mil novecientos ochenta y ocho, serie AC2LFE72552, tipo pick up. Sin embargo, la factura aportada a los autos es ineficaz para justificar el interés jurídico del quejoso, en atención a que carece de fecha cierta. Se explica. Para que un documento privado adquiera eficacia probatoria en el juicio de amparo es necesario que sea de fecha cierta. La razón fundamental del requisito anterior consiste en que con dicha característica se obtiene convicción de la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable, de que existió en un momento preciso, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos. Ahora, como se estableció, el quejoso comparece aduciendo tener la propiedad del automotor que ampara su adquisición, con la leyenda de cesión de derechos asentada en la factura aportada a los autos. Sobre el tema particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/97, concluyó que legalmente la firma que aparece en el reverso de las facturas que detallan bienes muebles, no constituye un endoso ni una cesión de derechos, sino una operación de compraventa de los bienes muebles detallados en dichos documentos privados. Que las facturas constituyen documentos privados que, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados, que bastan para demostrar el interés jurídico para ejercitar la acción de amparo, siempre y cuando se acredite que: a) Estén expedidas a nombre del agraviado; así como que b) Identifiquen dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. En adición a ello, a fin de garantizar la seguridad jurídica de los contendientes en los juicios naturales, el alto tribunal preciso que quien comparece a reclamar la protección de la Justicia Federal, en relación con el derecho de propiedad que dice ejercer sobre determinado bien mueble embargado en un juicio al que se dice ajeno, y que trata de demostrar con una factura en cuyo reverso aparece la firma de la persona titular de los derechos sobre tal bien, debe cumplir con los requisitos que a continuación se precisarán. Requieren no ser objetados por la contraparte de quien los ofrece, en el caso concreto, del tercero perjudicado en el juicio de amparo y, Que sean de fecha cierta, En suma, en la contradicción de tesis se estableció que por lo que ve al tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. El criterio referido del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificado en la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2001 , es del tenor literal siguiente: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". Ante ese panorama, en el caso, el quejoso al presentar su demanda de amparo exhibió original de la factura 327, en una hoja tamaño carta, expedida por MYLSA TEHUACAN S.A. DE C.V. a favor de Crisanto Figueroa Figueroa. Rancho Viejo Gro. Municipio de Taxco, Gro. Respecto de: 1.- Una camioneta nueva, marca Ford F-200, modelo 1988, tipo pick up Ranger XLT, color rojo, con motor de ocho cilindros 302 P.C. Transmisión estándar de cuatro velocidades. Equipo Opcional: Bola de arrastre, caja pick up alarma de advertencia, dirección hidráulica, accesorios Ranger XLT, radio AM y antena, sistema de alarma anti robo, ventanilla trasera deslizable, acondicionamiento, traslado y R,P.V. 15% I.V.A. Motor: 72552 Serie: AC2LFE-72552 Registro: 8667306 En la cantidad de veintinueve millones quinientos treinta y siete mil pesos 00/100 M. N. En el reverso de la factura, aparecen las siguientes leyendas: 1Cedo los derechos de la presente factura a favor del C. Martín Carnalla Millán. Calle Galeana S/N Colonia Los Presidentes Temixco Mor. (dos firmas ilegibles) la leyenda en letra cursiva: Barbara M de Carnalla cedo los derechos de esta factura. 2Sergio (ilegible) Cedo los derechos de la presente factura a favor del C. Martín Carnalla Díaz (firma ilegible). Además de la siguiente certificación: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, FRANCISCO RENÉ MARMOLEJO VÁZQUEZ, C E R T I F I C A : QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONCUERDA FIELMENTE CON LA ORIGINAL Y QUE SE ORDENÓ EXPEDIR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1925/2017-. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.- DOY FE CUERNAVACA, MORELOS, 09 DE ENERO DE 2018. EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS. (FIRMADO. FIRMA ILEGIBLE) LIC. FRANCISCO RENÉ MARMOLEJO VÁZQUEZ. Esto, porque durante la substanciación del juicio el solicitante del amparo, solicitó la devolución de ese documento y se expidió copia certificada, la cual fue expedida por el secretario que ahí se asienta. En esas condiciones, de la lectura de la copia certificada de la factura que obra en autos, por una parte, pone de relieve que el adquirente originario no fue quien transmitió la propiedad mediante la leyenda de cesión de sus derechos en la parte posterior, pues aparece que fue Bárbara M. de Carnalla quien cedió sus derechos al aquí quejoso, pues se aprecia que el adquirente original fue Crisanto Figueroa Figueroa; y por otra, ese documento adquirió fecha cierta hasta que fue presentada como prueba con la demanda de amparo al juez de distrito auxiliado (el treinta de noviembre de dos mil diecisiete), y con motivo de ello, previa solicitud del aquí quejoso, se autorizó la devolución del citado documento y se ordenó la expedición de la copia certificada que se estudia, el nueve de enero de dos mil dieciocho. De lo que se tiene, que si la diligencia de embargo que se combate fue celebrada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, era menester que la causa generadora del derecho en el que se sustenta la propiedad del quejoso adquiriera fecha cierta con anticipación a esa data; sin embargo, de autos no se advierte que el acto jurídico traslativo de dominio se hubiese inscrito en un Registro Público; se haya presentado ante fedatario público o funcionario autorizado con tal facultad; o que hubiere fallecido cualquiera de los firmantes; de ahí que la certificación de nueve de enero de dos mil dieciocho, tampoco es eficaz para justificar el interés jurídico del agraviado. No se soslaya que en la demanda de amparo se señalara que en la mañana del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en que se trabó el embargo sobre el vehículo, el quejoso lo prestó a su padre -demandado en el juicio de origen (Sergio Carnalla Millán)-, quien en la diligencia cuestionada refirió carecer de bienes para embargo en garantía del adeudo reclamado y que no obstante esto se efectuó la traba respectiva; toda vez que en esa diligencia no hay elementos que justifiquen en forma alguna, que el demandado hubiese exhibido factura o cualquier otro medio de convicción tendente a demostrar que dicho automotor es propiedad de diversa persona. Además de lo anterior, tampoco pasa por alto que la factura aportada el juicio no fue objetada por el tercero interesado, lo que implicaría el consentimiento tácito de su contenido; pero, como ya se mencionó, es preciso que el acto traslativo de dominio realizado a través de la figura jurídica del endoso, sea de fecha cierta. De ahí que la aludida documental exhibida por el quejoso, no obstante de que no fue objetada por la parte tercera interesada en esta contienda, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico del quejoso, al carecer de fecha cierta con anticipación al acto reclamado. La conclusión anterior, no implica que se esté realizando un pronunciamiento sobre la legalidad del acto traslativo de dominio, sino únicamente se están significando datos que influyeron al valorar tal documental relativa para efectos del presente juicio constitucional. Por lo expuesto se concluye que el quejoso carece de interés jurídico para instar la acción constitucional y, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la actuaria del juzgado Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, porque debiendo sobreseer respecto del acto dictado por la autoridad responsable ordenadora, debe arribarse a la misma conclusión por lo que ve a quienes tengan el carácter de ejecutoras, lo que cuenta sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia , que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En la inteligencia de que el sobreseimiento del juicio, impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Carnalla Díaz, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Venecia Castillo Jiménez, secretaria que firma y da fe, hasta el día de hoy diez de abril de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
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