Dionicio de León Acuña
Expediente 832/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Dionicio de León Acuña
Actuaciones
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Causa estado. En tal virtud, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Tomos de pruebas. Devuélvase a la Magistrada Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el tomo de pruebas que remitió en vía de justificación al juicio en que se actúa. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del citado Acuerdo General, debido a que el treinta de junio de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir de la data en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 segundo párrafo del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable, tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Magistrada Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Apertura de tomo de prueba. Debido a la voluminosidad del anexo que se adjunta, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado para su resguardo, debidamente identificado como tomo I de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, el cual se encuentra debidamente digitalizado en el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Causa de improcedencia hecha valer. De igual manera, se tiene a la aludida autoridad, señalando que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Correo y teléfono de contacto. Como lo solicita la autoridad oficiante, téngasele señalando correo electrónico y número telefónico para comunicaciones no procesales. Estado de los autos. Ahora bien, del informe y anexo que se acompaña, se advierte que en el presente asunto, tal como lo previene la responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester precisar que, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso Dionicio de León Acuña, reclama de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acto que hizo consistir en: - La omisión de velar por el cumplimiento de la sentencia definitiva y omitir aplicar los mecanismos creados para obligar a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la misma, dentro del expediente 2549/21-25-01-8-OT. Al respecto, de las constancias que se acompañan al informe de cuenta, con valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2° del último de los ordenamientos citados, se aprecia que el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la aludida Sala, dictó una determinación en el juicio de origen, expediente 2549/21-25-01-8-OT, en el que, ante la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva así como a la resolución interlocutoria de queja, impuso una multa al Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, apercibiéndolo e informando de su desacato al Delegado de dicho instituto, como superior jerárquico, aunado a que requirió nuevamente a la parte demandada por el cumplimiento de la sentencia, apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento se le impondrá una multa de hasta mil veces la unidad de medida y actualización. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido acuerdo en el que, como se puso de relieve, impuso una multa al Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, apercibiéndolo e informando de su desacato al Delegado de dicho instituto, aunado a que requirió nuevamente a la parte demandada por el cumplimiento de la sentencia, apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento se le impondrá una multa de hasta mil veces la unidad de medida y actualización, requiriendo a su superior jerárquico. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto omisivo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del cuatro de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Magistrada Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Apertura de tomo de prueba. Debido a la voluminosidad del anexo que se adjunta, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado para su resguardo, debidamente identificado como tomo I de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, el cual se encuentra debidamente digitalizado en el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Causa de improcedencia hecha valer. De igual manera, se tiene a la aludida autoridad, señalando que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Correo y teléfono de contacto. Como lo solicita la autoridad oficiante, téngasele señalando correo electrónico y número telefónico para comunicaciones no procesales. Estado de los autos. Ahora bien, del informe y anexo que se acompaña, se advierte que en el presente asunto, tal como lo previene la responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester precisar que, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso Dionicio de León Acuña, reclama de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acto que hizo consistir en: - La omisión de velar por el cumplimiento de la sentencia definitiva y omitir aplicar los mecanismos creados para obligar a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la misma, dentro del expediente 2549/21-25-01-8-OT. Al respecto, de las constancias que se acompañan al informe de cuenta, con valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2° del último de los ordenamientos citados, se aprecia que el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la aludida Sala, dictó una determinación en el juicio de origen, expediente 2549/21-25-01-8-OT, en el que, ante la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva así como a la resolución interlocutoria de queja, impuso una multa al Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, apercibiéndolo e informando de su desacato al Delegado de dicho instituto, como superior jerárquico, aunado a que requirió nuevamente a la parte demandada por el cumplimiento de la sentencia, apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento se le impondrá una multa de hasta mil veces la unidad de medida y actualización. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber emitido acuerdo en el que, como se puso de relieve, impuso una multa al Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, apercibiéndolo e informando de su desacato al Delegado de dicho instituto, aunado a que requirió nuevamente a la parte demandada por el cumplimiento de la sentencia, apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento se le impondrá una multa de hasta mil veces la unidad de medida y actualización, requiriendo a su superior jerárquico. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto omisivo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del cuatro de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio con anexo signado por la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual informa lo relativo al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista con informe. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia del oficio y anexo de mérito, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
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