Diego Ricardoi Ríos Mejia

Expediente 431/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
431/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Jessica Gabriela Mejia Manriquez
  • Diego Ricardoi Ríos Mejia
  • JESSICA GABRIELA MEJIA MANRIQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el doce de junio del año que transcurre, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por auto dictado en este asunto el doce de junio del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento susceptible de devolución exhibido por las partes. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en dicho cuaderno incidental, algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el anexo que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, signado por la Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, a través del cual transcribe el auto de once de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 1174/2017, de su índice, relativo a la controversia familiar por pensión alimenticia; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se le tiene desahogando el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído de cuatro del mes y año en curso. Ahora bien, toda vez que del análisis del auto de once de junio del año actual dictado dentro del expediente 1174/2017, dictado por la Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo sustentado en la Jurisprudencia número 814, visible en la página 553, del tomo VI relativo a Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el numeral y fracción en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la resolución de tres de abril del año en curso, dictada en el controvertido familiar por alimentos 1174/2017, a través de la cual revocó el auto de veintitrés de febrero de la misma anualidad. Precisado lo anterior, de lo informado por la responsable, se desprende que el once de junio del año en curso, derivado de la vista a las partes ordenada en proveído de uno de junio del año actual, recibió un escrito de la aquí quejosa, actora en el controvertido de origen, a través del cual solicitó se diera por concluido dicho asunto en atención a que celebró un convenio con Mauricio Ríos Rodríguez (aquí tercero interesado), dentro de los autos del diverso juicio 388/2018, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad, y en atención a ello la Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, lo declaró sin materia y procedió a darlo por concluido. Entonces, si la autoridad judicial el once de junio del año en curso, dictó un auto en el que declaró sin materia el juicio del que deriva el acto reclamado, tramitado aquél con el número de expediente 1174/2017, y lo dio por concluido, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la resolución dictada el tres de abril del año en curso, que revocó el acuerdo dictado el veintitrés de febrero anterior, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el once de junio de la presente anualidad, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En ese orden de ideas, al haber sobrevenido la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Respecto a la procedencia del sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia, debe atenderse la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas trescientos ochenta y seis, del XVII, marzo de dos mil tres, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que preceptúa: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, signado por la Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, a través del cual transcribe el auto de once de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 1174/2017, de su índice, relativo a la controversia familiar por pensión alimenticia; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se le tiene desahogando el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído de cuatro del mes y año en curso. Ahora bien, toda vez que del análisis del auto de once de junio del año actual dictado dentro del expediente 1174/2017, dictado por la Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo sustentado en la Jurisprudencia número 814, visible en la página 553, del tomo VI relativo a Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el numeral y fracción en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la resolución de tres de abril del año en curso, dictada en el controvertido familiar por alimentos 1174/2017, a través de la cual revocó el auto de veintitrés de febrero de la misma anualidad. Precisado lo anterior, de lo informado por la responsable, se desprende que el once de junio del año en curso, derivado de la vista a las partes ordenada en proveído de uno de junio del año actual, recibió un escrito de la aquí quejosa, actora en el controvertido de origen, a través del cual solicitó se diera por concluido dicho asunto en atención a que celebró un convenio con Mauricio Ríos Rodríguez (aquí tercero interesado), dentro de los autos del diverso juicio 388/2018, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad, y en atención a ello la Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, lo declaró sin materia y procedió a darlo por concluido. Entonces, si la autoridad judicial el once de junio del año en curso, dictó un auto en el que declaró sin materia el juicio del que deriva el acto reclamado, tramitado aquél con el número de expediente 1174/2017, y lo dio por concluido, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la resolución dictada el tres de abril del año en curso, que revocó el acuerdo dictado el veintitrés de febrero anterior, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el once de junio de la presente anualidad, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En ese orden de ideas, al haber sobrevenido la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Respecto a la procedencia del sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia, debe atenderse la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas trescientos ochenta y seis, del XVII, marzo de dos mil tres, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que preceptúa: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante para que en caso de que emita alguna resolución derivada de la vista que dio a las partes mediante proveído de uno de junio del año en curso, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, en un término de veinticuatro horas, siguientes a la fecha en que emita dicha determinación, remitiendo copia certificada de ésta. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Finalmente, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del informe justificado de cuenta, así como de las documentales que anexó, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil dieciocho, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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