Dionicia Aparicio Bautista
Expediente 10/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2017
Partes del expediente
- Dionicia Aparicio Bautista
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, por medio del cual transcribe el proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, del que se aprecia que dicho órgano constitucional aceptó la competencia declinada por parte de este juzgado federal, quedando registrado con el número de amparo 34/2017-IV. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Cúmplase.
- Principal
Ensenada, Baja California, doce de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la siguiente autoridad: Juez Séptimo de Distrito de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 10/2017-I-B. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Al analizar el escrito de demanda en su integridad, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de su contenido, ya que de su lectura integral se obtiene que el acto que reclama la promovente es el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio oral mercantil 26/2016, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el que no se admitió la demanda promovida por la aquí quejosa en contra del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en virtud de que consideró que al existir sumisión expresa de las partes en el aspecto destacado, se concluye que los tribunales federales y locales de la Ciudad de México, son los que deben conocer y en su caso resolver lo relativo a la demanda que se provee, de conformidad con los artículos 1090, 1092 y 1093 del Código de Comercio; por lo anterior, se estima que un Tribunal Colegiado de Circuito, es el competente para conocer del presente asunto, al ser un auto que sin decidir en lo principal en el juicio de origen, pone fin al juicio. Ahora bien, en relación al acto reclamado, cabe destacar que los artículos que regulan la competencia atendiendo a la especialización por materia, son los siguientes 107 fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 170, fracción I de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - - - I. - - - II. - - - III... - - - a). - - - b). - - - c)... - - - IV... - - - V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a)... - - - b) . - - - c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. (...)." Los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo aplicable, disponen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control (.); Por su parte, el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: - - - a). - - -b) .. c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal (.)" Ciertamente, como se desprende de la demanda de amparo, el acto reclamado planteado ante este juzgado lo constituye el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio oral mercantil 26/2016, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el que no se admitió la demanda promovida por la aquí quejosa en contra del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en virtud de que consideró que al existir sumisión expresa de las partes en el aspecto destacado, se concluye que los tribunales federales y locales de la Ciudad de México, son los que deben conocer y en su caso resolver lo relativo a la demanda que se provee, de conformidad con los artículos 1090, 1092 y 1093 del Código de Comercio; de lo anterior, es evidente que en la especie el acto que se reclama es un acuerdo que sin dilucidar el juicio en lo principal, sí pone fin al juicio mercantil que pretende. En tanto, considera que aún y cuando no dilucida el juicio en lo principal, el acuerdo que por esta vía impugna es el que pone fin al juicio, por lo tanto, debe ser impugnada a través del juicio de amparo directo que se promueva ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, en turno, con sede en Tijuana, Baja California, en términos de los artículos transcritos con anterioridad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del mes de Abril del año 2015, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (registro 2008791), cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Asimismo sirve de apoyo a esta determinación, aplicado por mayoría de razón la tesis aislada número II.1º.C.T.23 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página 369, Tomo IV, del mes de Julio del año 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO DIRECTO TRAMITADO COMO INDIRECTO Y RESUELTO EN AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA. Conforme al artículo 94 de la Ley de Amparo, cuando lo recurrido sea una sentencia dictada en un juicio de garantías en que el acto reclamado sea de los comprendidos en el artículo 44 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión deberán declarar insubsistente tal sentencia y en el caso de la Suprema Corte remitirlo al Tribunal Colegiado de Circuito respectivo para que lo tramite como amparo directo, y en el caso de los Tribunales Colegiados deberá dejarse insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento de tal amparo en la vía directa. La interpretación de dicho precepto en forma gramatical permite cambiar de vía en tratándose del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional, lo que excluiría la posibilidad de aplicar la misma regla en tratándose de la revisión sobre autos que desechen una demanda respecto de actos que deben reclamarse en amparo directo, sin que el Juez hubiere declinado su competencia a favor del Tribunal Colegiado correspondiente. Empero, una interpretación más profunda lleva a concluir que si tal facultad está otorgada, es para que los juicios de garantías se tramiten y resuelvan en la vía que ha creado el legislador, lo cual hace extensiva esa norma a los casos en que lo recurrido no sea una sentencia sino un auto desechatorio de una demanda de garantías, en la que se reclaman actos de autoridad que sean impugnables en amparo directo y pese a ello, el Juez de Distrito no aplique el artículo 49 de la Ley de Amparo, declinando su competencia a favor del Tribunal Colegiado de Circuito respectivo." En esas condiciones, se concluye en que este órgano de control constitucional debe declararse legalmente incompetente, por estimarse que corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, en turno, con sede en Tijuana, Baja California, el conocer de la demanda de amparo en análisis, lo anterior, acorde al contenido del numeral 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 170, fracción I de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata y con el anterior fundamento declina la competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, en turno, con sede en Tijuana, a quien deberá remitirse el escrito de demanda y las copias de la misma, para que, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, decida lo conducente al respecto. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizado en los términos que indica a las personas mencionada en el mismo. De lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Marzo de 1996, página 55, Novena Época, registro 200158; que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor); esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda. Por otra parte, el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; por tanto, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado."
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