Diego Romero Hernández
Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2022
Partes del expediente
- Diego Romero Hernández
- DIEGO ROMERO HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, mediante el cual remite las constancias que integran el exhorto local 73/2022, derivado del juicio de amparo ****, mismo que devuelve sin diligenciar, pues en el domicilio proporcionado para tal efecto no fue localizado el quejoso ***. ANOTACIONES Dese de baja dicha comunicación del libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Sin que haya necesidad de girar el acuse de recibo respectivo, en virtud que la misiva y anexos de cuenta, fueron recibidos vía electrónica, y, por ende, al momento de su correcto envío y entrega al destinatario, el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), arroja constancia de ello. En consecuencia, se ordena que la notificación del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, al quejoso antes citado, se le haga por lista que se fije en los estrados de este Juzgado; lo anterior, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), e la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese; y por lista al quejoso el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós.
- Principal
Ensenada, Baja California, once de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, aceptó la competencia declinada por parte de este juzgado federal, quedando registrado con el número de amparo 1105/2022. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena Destruir el cuaderno de antecedentes, ya que se actualiza la hipótesis del inciso j), del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, al ser un expediente auxiliar en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, ocho de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto.
- Principal
A las nueve horas del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al quejoso ********, el auto de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 392/2022-I-D. En cumplimiento al auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, ocho de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México. 2. Comisario General G.N., Comandante de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México. 3. Titular de la Estación San Luis Río Colorado, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Sonora, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora. 4. Dirección General de Investigación, con sede en Ciudad de México. 5. Coordinación Nacional Antisecuestros, con sede en Ciudad de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 392/2022-I-D. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Al analizar el escrito de demanda en su integridad, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de su contenido, ya que de su lectura integral se obtiene que el acto que reclama el promovente es: "1.- Lo constituye el oficio número GN/UOEC/DGSCI/5787/2022 de once de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. Que tiene como antecedente el oficio número: GN/SPAyL/M.Movs./0187, de fecha 08 de junio de 2022. 2.- El oficio GN/SPAyL/M.Movs./0187, de fecha 08 de junio de 2022, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que el mismo no lo tengo en mi poder, por lo que desconozco quien lo suscribe. 3.- La omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el cual se determinó la sanción administrativa consistente en Cambio de Unidad y/o Dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional." Ahora, debe señalarse que la competencia legal es de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, y por tanto no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que carece de competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto por las razones que a continuación se expondrán: En principio debe señalarse las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 42 a 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro :"COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. " Como se precisó previamente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materias; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) La primera radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que el acto reclamado después de su emisión requiere de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda, constituye una variante de la anterior, pues parte también del supuesto que el acto reclamado tenga ejecución material, y señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera, establece que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 de la Ley de Amparo tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado. Precisado lo anterior, para determinar con claridad si se actualiza la causal de improcedencia invocada se precisa de manera destacada, que la parte quejosa reclama, lo siguiente: ? El oficio número GN/UOEC/DGSCI/5787/2022 de once de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, donde le comunican a la parte quejosa el cambio de adscripción. ? La omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el cual se determinó la sanción administrativa consistente en Cambio de Unidad y/o Dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se observa lo siguiente: ? El quejoso es un elemento activo de la Guardia Nacional, con el grado de Oficial en la Estación San Luis Río Colorado en el Estado de Sonora, desde el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. ? Por oficio GN/UOEC/DGSCI/5787/2022 de once de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, en el que se le notificó a la parte quejosa, nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la Ciudad de México. En el caso concreto, de la manifestación bajo protesta de decir de verdad del quejoso que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, se advierte que la parte quejosa será cambiado de la Estación de San Luis Río Colorado en el Estado de Sonora, a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) en la Ciudad de México, a partir del uno de junio de dos mil veintidós, lo que conlleva un principio de ejecución material, en consecuencia, al haber manifestado la parte quejosa que su domicilio y adscripción de trabajo se encuentran en el Estado de Sonora, en la ciudad de San Luis Río Colorado, es evidente que su ejecución se llevara a cabo en el lugar en el que se encuentre. De manera que, si los actos reclamados tendrán su ejecución en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, se concluye que la suscrita juzgadora carece de competencia por razón de territorio, aunado a que el quejoso no exhibe ningún documento que demuestre que efectivamente se llevó a cabo algún acto que le cause perjuicio en ésta ciudad, por tanto, no se comprueba que exista jurisdicción en más de un distrito. Lo que hace patente que dichos actos reclamados causarían un perjuicio a la parte quejosa, en una jurisdicción distinta en esta ciudad de Ensenada, Baja California. En esas condiciones, esta juzgadora carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, pues se reitera, en dicho lugar es donde el quejoso se duele de sentir una afectación a sus derechos, por lo que la ejecución de los actos reclamados se van a llevar a cabo en ese lugar. En tal virtud, es claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón territorio para conocer del presente asunto, pues en todo caso su conocimiento corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado del aquí quejoso constituye en su reasignación a dicho Estado, por tanto, como se indica, la competencia de tal acto, no se surte en favor de este juzgado, por no tener jurisdicción en la citada localidad. Al respecto, son aplicables las tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." "COMPETENCIA EN AMPARO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en sus párrafos tercero y cuarto, establece que es competente el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción resida la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, cuando ésta no requiera ejecución material, y en aquéllos casos en que, exigiendo ejecución material el acto que se reclama, el propio acto, por su mero pronunciamiento, viole garantías individuales, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. El mismo artículo 36, en su párrafo primero, dice que es competente el Juez dentro de cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto impugnado. Podría pensarse en que, al menos en apariencia, hay contradicción entre el párrafo primero y el párrafo cuarto del citado artículo 36. La contradicción, en el supuesto de existir, habría de resolverse en favor del párrafo primero, ya que en su texto coincide con el contenido del artículo 107 constitucional, fracción VII, según la cual "el amparo... contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Ahora bien, cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto, de conformidad con el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Pero si la resolución impugnada exige ejecución material, es competencia el Juez Federal dentro de cuyo territorio se encuentra el lugar en que se ejecutará o pretenda ejecutarse, salvo que, además de combatirse el acto como violatorio de garantías individuales en sí mismo, se acredite que no se han iniciado aún los trámites para ejecución, y ésta, por otra parte, no se impugne como inminente." "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto - quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo; así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta Juzgadora se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto, conforme a los motivos y los fundamentos antes expuestos. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Como de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Serna, número 308-A, Santa Ana Centro, c.p., 84600, Sonora; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito, en turno, con residencia en Nogales, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, para lo cual deberá utilizarse la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notificar el presente proveído al quejoso Diego Romero Hernández, por propio derecho y en representación de los menores D.A.R.L., y J.E.R.L., en el domicilio señalado con antelación. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arcadio Álvarez Marcelo, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 del citado ordenamiento legal, a *******ya que no cuentan con su cédula profesional registrada en dicho sistema.
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