Diocelina Correa Murillo
Expediente 296/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diocelina Correa Murillo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintidós. SE AGREGA SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO. Agréguese a los presentes autos sin realizar mayor pronunciamiento el escrito de cuenta signado por la parte promovente, toda vez que en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós se acordó lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Y AUTORIZADOS Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, suscrito por Diocelina Correa Murillo, parte promovente, a través del cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, hágasele devolución de los referidos documentos, previa acta de desglose que al efecto se levante, sin que haya lugar a dejar copia certificada de los mismos, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Asimismo, se tiene autorizando para recoger dichos documentos a las personas que refiere en su ocurso de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO VIII-926/2019, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante la licenciada, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. En este momento, se da cuenta con la promoción registrada con el número de folio 5287, atento a su contenido, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, atento a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de las principales constancias que integran el juicio de amparo 667/2019-II de su índice, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-926/2019 promovido por Distribuidora Mexicana de Gas L.P., S.A. de C.V. por conducto de su apoderado, contra actos del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no hay persona alguna con el carácter reconocido de tercero interesado. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con el informe justificado que obran en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Asimismo, se hace constar la omisión de las autoridades ejecutoras de rendir su respectivo informe justificado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia; enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Y, respecto de la omisión destacada, téngase en consideración la misma al momento de dictar sentencia. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que llegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, exhibió las principales constancias que integran el juicio de amparo 667/2019-II. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento número 209/2021 presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-926/2019, promovido por Distribuidora Mexicana de Gas L.P., S.A. de C.V. por conducto de su apoderado, contra actos del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, mismo del que por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado federal, Distribuidora Mexicana de Gas L.P., S.A. de C.V. por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señaló en su escrito de demanda y los actos que precisó de la siguiente manera: ".III. La autoridad o autoridades responsables: Como ordenadora: El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. El C. Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como ejecutoras: El C. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El C. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores El C. Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores El C. Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El C. Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El C. Director General Adjunto de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Director General Adjunto de Atención de Requerimientos Especiales, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo: La orden verbal o por escrito tendiente a suspender y/o bloquear cualquier acto, operación, servicio o movimiento que se relaciona con la cuenta bancarias de las cuales es titular mi representada, mismas que se señalan mas adelante. Ello, ya que mi mandante no puede tener acceso para disponer de sus recursos propios, en las precipitadas cuentas bancarias, lo que trae como resultado, un inminente daño irreparable en sus garantías de audiencia y defensa, tal y como será analizado en el presente amparo. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo: El cumplimiento que dieron a la orden verbal o por escrito que giraron las autoridades ordenadoras, para la suspensión y/o bloqueo de cualquier acto, operación, servicio o movimiento que se relaciona con las cuentas bancarias de las cuales es titular mi representada, mismas que se señalan más adelante." Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 1, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Previo cumplimiento a la prevención realizada por este juzgado, en proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se registró la demanda como el expediente VIII-926/2019, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de autoridad con ejecución material dentro de la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: ". el aseguramiento o bloqueo de las cuentas bancarias números 103788709, 103789047 y 103789144 abiertas a su nombre, en la institución bancaria "BBVA BANCOMER S.A."." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se obtiene que negaron la existencia de los actos que se le atribuyen por la parte quejosa. No obstante la negativa de actos vertida por la responsable, lo procedente es tener por cierto el acto reclamado, toda vez que contrario a lo señalado por dichas autoridades responsables, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de emitir medidas que coadyuven al cabal cumplimiento de los estándares internacionales para la prevención de la criminalidad financiera, siendo como tal la inclusión de personas a la Lista de Personas Bloqueadas, emitiendo así el acuerdo 162/2019 en el que se incluyó a la moral aquí quejosa, lo que evidencia la existencia del acto reclamado, ya que derivado de tal hecho es que se suspendieron los actos, operaciones y servicios de la aquí quejosa, entre los que destaca el bloqueo de las cuentas bancarias. La certeza del acto reclamado se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, al haber sido omisas en rendir su respectivo informe. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador considera que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa reclama el aseguramiento de sus cuentas bancarias derivado del referido acuerdo 162/2019. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, relativas al juicio de amparo 667/2019-II, entre las que destaca la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital. De cuyo contenido se advierte que se concedió el protección constitucional a la moral quejosa para el efecto de que únicamente respecto de la empresa "Distribuidora Mexicana de Gas L.P.", Sociedad Anónima de Capital Variable, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejara insubsistente el acuerdo 162/2019, por virtud del cual ordenó su inclusión en la lista de personas bloqueadas, lo que en vía de consecuencia, la concesión abarca todas la actuaciones posteriores que deriven del propio acuerdo, incluyendo desde luego, la ejecución realizada al respecto por parte de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que a la postre, trascendió a que se impidiera la disposición de los recursos depositados en las cuentas bancarias a nombre de la propia solicitante de la protección constitucional. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. En tal virtud, al haber cesado los efectos del acuerdo 162/2019 y del oficio 110/E/370/2019, virtud a que se ordenó la reanudación inmediata de los actos, operaciones y servicios que le habían sido suspendidos a la moral quejosa por su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas, se determina que cesaron los efectos del acto aquí reclamado. Lo anterior se evidencia del contenido del proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en el que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, con lo que quedó sin efectos el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución respectivos, al no reclamarse por vicios propios. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Distribuidora Mexicana de Gas L.P., S.A. de C.V. por conducto de su apoderado, contra el acto y las autoridades señaladas como responsables, en términos del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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