Dimas Baltazar Sánchez Gómez

Expediente 565/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
565/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Dimas Baltazar Sánchez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.Mgm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a Construcciones y Urbanizaciones Ochoa S.A. de C.V., para el efecto de que el Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ? "Deje insubsistente el proveído reclamado de cinco de septiembre de dos mil diecinueve; y, ? En su lugar, emita uno nuevo en el que, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, determine lo que conforme a derecho corresponda en relación con el recurso de reconsideración planteado por la parte quejosa en términos de lo establecido por la fracción I del artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y examine si el auto impugnado constituye o no una determinación que admite la intervención de terceros en el juicio administrativo natural." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de diez de marzo dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y ??????????????? 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Posteriormente, por oficio presentado el siete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable allegó copias certificadas del acuerdo de diecisiete de marzo de este mismo año, dictado en el expediente JAR- 0293/2019-II, a través del cual, para cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente el proveído reclamado de cinco de septiembre de dos mil diecinueve; y, II. En la materia medular del amparo, la autoridad responsable expuso los motivos o circunstancias por las cuales, en la especie, consideró que no se estaba ante la hipótesis de procedencia del recurso de reconsideración establecida en la fracción I del artículo 298 del mencionado ordenamiento legal, que fue el fundamento que la parte quejosa invocó en el escrito de interposición relativo; al respecto indicó que no se impugnaba algún auto en el que la sala, o en su caso, el pleno del tribunal hubiera admitido o desechado la demanda, la contestación, la ampliación, alguna prueba o la intervención de terceros. III. En ese sentido, procedió a examinar si el acto recurrido, constituye o no un determinación que admita la intervención de terceros en el juicio administrativo de origen y al respecto, luego de analizar la figura jurídica del tercero en los procedimientos judiciales, señaló, que aun y cuando en la solicitud de la Junta y en el acuerdo recurrido se hayan citado fundamentos legales tanto constitucionales como locales en materia laboral, además de citar tesis relativas a la preferencia en el pago de los trabajadores, ello no hacía que lo determinado en el proveído combatido, se traduzca en una intervención de un tercero preferente; dado que en ninguna parte del acuerdo se advertía que se hubiera admitido la intervención de un tercero preferente en el pago, toda vez que, la Junta Especial realizó la solicitud de la puesta a disposición de la cantidad pecuniaria, en su carácter de autoridad jurisdiccional obligada a hacer cumplir sus determinaciones, y no en calidad de tercera interesada, virtud a que ese carácter puede recaer en la persona cuyo interés sea diverso al pretendido por el actor en el juicio, y no a un órgano jurisdiccional con atribuciones expresas para ejecutar sus laudos; además, que aun cuando así se hubiera determinado de cualquier manera resultaba improcedente el recurso reconsideración, porque la fracción I de artículo 298 del Código de Justicia Administrativa, no se refiere a la intervención del tercero preferente en el pago, sino al tercero con un derecho incompatible con las pretensiones del actor, lo cual ocurre, durante la tramitación del juicio hasta antes de la sentencia, más no durante la etapa de ejecución de sentencia. IV. Con base en lo anterior, concluyó que al ser la materia de impugnación una hipótesis de las no previstas expresamente por la norma como susceptibles de recurrir a través del recurso de reconsideración, con fundamento en el artículo 300 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, desechó el medio de impugnación intentado. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados ??????????????? en la ejecutoria de amparo, al haberse dictado un acuerdo de diecisiete de marzo de este año, dentro del expediente JAR- 0293/2019-II, donde se dejó insubsistente el proveído reclamado de cinco de septiembre de dos mil diecinueve y, en su lugar, emitió uno nuevo en el que, con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, citándole la fundamentación y motivación que estimó aplicable, como quedó reseñado con antelación, determinó desechar el recurso de reconsideración planteado por la parte quejosa en términos de lo establecido por la fracción I del artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ya que el auto impugnado no constituye una determinación que admita la intervención de terceros en el juicio administrativo natural, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las ??????????????? resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Autoridad responsable realiza solicitud Finalmente, visto el oficio de cuenta que suscribe el delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, a través del cual solicita información del estado procesal del presente juicio; al respecto, se estima innecesario hacer un mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el contenido del presente acuerdo le será notificado a la responsable a fin de que tenga conocimiento que se ha tenido por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de seis del mes y año en curso, dictado en el expediente del juicio de amparo III-565/2020, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia; Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-565/2020 promovido por Dimas Baltazar Sánchez Gómez, contra actos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: ? El Director de Asuntos Jurídicos Civiles y Penales del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA EL JUEZ: Téngase por relacionado el informe en cita. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente formuló alegatos la agente del Ministerio Público adscrita, a través de su pedimento número 389/2020, presentado en la oficialía de partes de este juzgado el seis del mes y año en curso. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de referencia, con los cuales se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder al dictado de la correspondiente resolución. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 565/2020-III, promovido por Dimas Baltazar Sánchez Gómez, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido el mismo día por razón de turno a este juzgado, Dimas Baltazar Sánchez Gómez promovió demanda de amparo indirecto contra la autoridad referida con antelación, de quien reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".De la autoridad ordenadora, reclamo el querer despojar al suscrito del predio que más adelante detallaré. De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo la posible ejecución del acto reclamado.". El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de garantías, misma que quedó registrada con el número 565/2020-III; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dió intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que tuvo lugar en esta misma fecha; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos cuya ejecución reclama dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMADA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consisten en: ? La pretensión de despojarlo de un bien inmueble que aduce es de su propiedad, así como su ejecución, el cual consiste en la totalidad del predio rústico denominado Sótano y/o El Sótano, ubicado en San Nicolás Obispo en la localidad de Capula, municipio de Morelia, Michoacán, con una superficie de 07-85-99.41 hectáreas, y con las siguientes medidas y colindancias, al Noreste 372.77 metros, iniciando del Sur en línea quebrada continua con propiedad privada y propiedad de Alberto Mora; al Noroeste 235.10 metros, partiendo del poniente en línea quebrada continua con propiedad de Eloísa Melchor y propiedad privada; al Sureste 361.35 metros, iniciando del norte en línea quebrada continua con brecha sin nombre y propiedad privada y; al Suroeste 226.20 metros, partiendo del sur en línea quebrada continua con propiedad privada y propiedad de Santos Gaona. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su respectivo informe justificado, la autoridad responsable Director de Asuntos Jurídicos Civiles y Penales del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, se desprende que negó la existencia de los actos que el quejoso le reclama. A pesar de ello, el promovente no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tal manifestación; por lo que con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad citada en el párrafo que antecede. Apoya lo anterior, la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.- Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.- 3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia que se inserta enseguida: "Época: Séptima Época Registro: 818546 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 14, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 63 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL NEGOCIO. En la resolución en que se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo, resultan improcedentes las consideraciones que hagan un examen previo de los calificativos y valoraciones de los actos reclamados propuestos por los quejosos, adelantando el examen de la constitucionalidad de los actos reclamados, que deben reservarse para el fondo del negocio. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coagraviados. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Sexta Parte, Común, tesis 181, página 325, bajo el rubro "SOBRESEIMIENTO.". Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, página 49." CUARTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Dimas Baltazar Sánchez Gómez, por propio derecho, contra los actos de la autoridad precisada con antelación, por las razones expuestas en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veinte. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase a la promovente copia de la sentencia que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-Mgm

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