Dinorah Yalina Alvarado Guerrero
Expediente 177/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 28 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 24/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Dinorah Yalina Alvarado Guerrero
- Congreso del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. REMISIÓN DE CONSTANCIAS A LA RESPONSABLE Ahora, toda vez que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas relativas al Proceso Legislativo, Exposición de Motivos, Dictamen Número 31, emitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, oficios remitidos a los Ayuntamientos, Declaratoria de Procedencia, Decreto Número 215, y Periódico Oficial Tomo CXXII de fecha trece de febrero de dos mil quince, referente a Iniciativa de Reforma al artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, remitidas por la autoridad señalada como responsable Congreso del Estado de Baja California, devuélvanse a la citada autoridad las constancias en cuestión constante de un tomo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de las fracciones II y III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el presente cuadernillo, para que el Centro archivístico que le corresponda su resguardo proceda a la destrucción del mismo atendiendo a la calificación y acervo documental que contiene. En ese orden, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. En la inteligencia de que los cuadernos incidentales no deberán glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que éste es destruible mientras que el incidente es depurable, lo anterior acorde a los lineamientos contenidos en la página 25 del "Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de diciembre de dos mil doce. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio remitido por el Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, en relación con la vista otorgada la parte quejosa manifestó que no se ha cumplido la ejecutoria de amparo en virtud de que estima que la respuesta emitida por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no es clara ni precisa, toda vez que la responsable aduce que: ".la responsable me ha venido descontando desde tiempo atrás un porcentaje mayor del que tiene autorizado legalmente para retenerme, no puede ser considerado de ninguna manera como un argumento válido para que ésta se exima de la responsabilidad de cumplir con lo mandatado en la sentencia de amparo, pues es claro que cuando la suscrita tuve conocimiento de que se pretendía afectar mi esfera jurídica entre otras cosas, con el aumento del porcentaje que va del 12% al 16%, inmediatamente acudí ante la Justicia Federal a defender mis intereses, es decir, no consentí jamás la autorizaba al ISSSTECALI, efectuar la retención únicamente por el 12%, lo que queda claro del contenido de los propios decretos, específicamente del artículo 5 de la ley reformada, que contempla como cuota obligatoria el 16%, mismo que no tendría sentido de insertarse en la reformada pretendida si esto ya venía aconteciendo de forma legal, entendiéndose además que hasta ese momento los trabajadores del estado no teníamos conocimiento de la modificación unilateral efectuada a la cuota de aportación por lo que no pudo ser consentida de forma alguna." En mérito de lo anterior, este Juzgado procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente procede establecer que ejecutoria dictada el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta localidad, concedió el amparo y protección a la quejosa DINORAH YALINA ALVARADO GUERRERO, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a los siguientes efectos: Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los Decretos 203 y 204, emitidos por el Congreso del Estado de Baja California, publicados en el Periódico Oficial del Estado, en diecisiete de febrero de dos mil quince; a través de los que respectivamente se expidió la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social y, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Por lo anterior, las autoridades responsables Secretario de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta localidad, a efecto de acreditar el cumplimiento del presente juicio remitieron el oficio original 121.14.16/2651, dirigido a la aquí quejosa Dinorah Yalina Alvarado Guerrero, de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dirigido al Director de Administración de Personal, signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y constancia de notificación relativa al oficio DG/210/2016, de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dirigido a la quejosa Dinorah Yalina Alvarado Guerrero, signado por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. De igual forma, por oficio sin número signado por la delegada del Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta localidad, manifestó que de acuerdo a la relación de retenciones de nóminas quincenal de trabajadores que se remiten por los organismos patronales inscritos en el régimen de seguridad social integral de ISSSTECALI para su resguardo y conforme a la recepción y registro de cuotas de seguridad social integral enteradas al Instituto Asegurador por Gobierno del Estado de Baja California (Magisterio Mexicali) ente patronal de Dinora Yalina Alvarado Guerrero, con número de afiliación ISSSTECALI 56747, durante el período del quince de noviembre de dos mil catorce al quince de febrero de dos mil quince, bajo la vigencia de la Ley de ISSSTECALI del veinte de diciembre de mil novecientos setenta, y del período del veintiocho de febrero de dos mil quince al treinta de junio de dos mil quince, bajo la vigencia de la Ley de ISSSTECALI vigente a partir del dieciocho de febrero de dos mil quince; en el cual se precisa que los importes por cuota de seguridad social integral recibidos y registrados para la asegurada Dinora Yalina Alvarado Guerrero, quincenal y mensual se han manitenido en los mismos porcentajes, sin que exista diferencia en el ingreso de los enteros realizados al fondo de pensiones y jubilaciones que administra el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por lo que el porcentaje que deberá estar aportando, será el mismo que aportaba antes de las reformas de la Ley tildada de inconstitucional. Esquema de la ley anterior conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California del veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Cuota 12% Cuota 4% (9% + 3%) (3% + 1%) Fecha de nómina Fondo de pensión (B4) Servicio médico (B3) Tipo de nómina 15/11/2014 924.32 308.10 Nómina sueldos y y prestaciones 30/11/2014 942.88 314.29 Nómina sueldos y y prestaciones 15/12/2014 924.32 308.10 Nómina sueldos y y prestaciones 31/12/2014 942.88 314.29 Nómina sueldos y y prestaciones 15/01/2015 924.32 308.10 Nómina sueldos y y prestaciones 31/01/2015 942.88 314.29 Nómina sueldos y y prestaciones 15/02/2015 924.32 308.10 Nómina sueldos y y prestaciones Esquema de la ley actual conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California del dieciocho de febrero de dos mil quince. Cuota 12% Cuota 4% (9% + 3%) (3% + 1%) Fecha de nómina Fondo de pensión (B4) Servicio médico (B3) Tipo de nómina 28/02/2015 942.88 314.29 Nómina sueldos y y prestaciones 15/03/2015 924.32 308.10 Nómina sueldos y y prestaciones 31/03/2015 942.88 314.29 Nómina sueldos y y prestaciones 15/04/2015 924.32 308.10 Nómina sueldos y y prestaciones 30/04/2015 942.88 314.29 Nómina sueldos y y prestaciones 15/05/2015 924.32 308.10 Nómina sueldos y y prestaciones 31/05/2015 942.88 314.29 Nómina sueldos y y prestaciones Con lo anterior, resulta evidente que al inaplicar los preceptos establecidos en el fallo protector se reintegra a la quejosa al esquema de la ley anterior, restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de las normas impugnadas, en el que contribuía el 12% (doce por ciento), por cuota de seguridad social integral y el 4% (cuatro por ciento), derivado del acuerdo SE/013/27-12-05, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil cinco que no fue impugnado por la quejosa. Es entonces, que si el amparo de la Justicia Federal concedido a la aquí quejosa, fue para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa los Decretos 203 y 204, emitidos por el Congreso del Estado de Baja California, publicados en el Periódico Oficial del Estado, en diecisiete de febrero de dos mil quince; a través de los que respectivamente se expidió la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social y, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, lo que en el caso ya aconteció; es evidente que PROCEDE TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. Por lo anterior, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, haciendo de su conocimiento que cuentan con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese para que obre como corresponda el escrito que presenta la quejosa DINORAH YALINA ALVARADO GUERRERO, en atención a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que aduce en su ocurso, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE AGREGA A LOS AUTOS OFICIO Y ANEXOS DE CUENTA SIGNADOS POR LA RESPONSABLE CON EL QUE INFORMAN DEL CUMPLIMIENTO DADO AL FALLO PROTECTOR, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA A EFECTO DE QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABLE, APERCIBIDO QUE DE NO HACER MANIFESTACION SOBRE EL PARTICULAR ESTE TRIBUNAL DE AMPARO RESOLVERÁ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DADA LA NATURALEZA DE LA CONCESIÓN OTORGADA.
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