Diego Romo Arreola

Expediente 505/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
505/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
15/03/2018

Partes del expediente

  • Diego Romo Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que no se cuente con las constancias de notificación de los oficios 3024 y 3025 dirigidos a las autoridades responsables Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Dirección General de Apoyo Técnico del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual se les notificó la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, toda vez que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo estarán legitimadas para recurrir los fallos de amparo que afecten el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, y en el caso, se desprende que dicha resolución no afecta a las citadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número XX.1K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a fojas ciento veintisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de mil novecientos noventa y cinco, que, a la letra, dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SOLO ESTAN FACULTADAS A INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN QUE RESULTEN AFECTADAS.- Es de explorado derecho que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, de lo que se determina que las responsables y en general todas las demás partes, sólo está legitimadas para recurrir los fallos de amparo que únicamente les afecten". De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a fojas ochenta y cuatro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que, a la letra, dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. REMISIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado la Delegada Autorizada de la Comisión de Honor y Justicia del XXII Ayuntamiento de Mexicali, las cuales fueron agregadas mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 100), en virtud, de ser innecesarias en el presente juicio de amparo, toda vez que a la presente data es un asunto totalmente concluido. REQUERIMIENTO PARA RECIBIR DOCUMENTOS OFRECIDOS POR LA PARTE QUEJOSA Requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente expediente, y en caso de no hacerlo en ese plazo, en su oportunidad serán destruidos dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con la fracción II, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas precedentes. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal y el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. Por otro lado, en términos de la fracción III, del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo Cuarto del acuerdo normativo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Primera Secretaria en funciones de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite las constancias solicitadas en auto de diez de noviembre del año en curso, las cuales serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por el quejoso DIEGO ROMO ARREOLA, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2º, se autoriza la expedición de copias certificadas de las constancias que solicita a costa del promovente, previa identificación y toma de razón de recibo que se deje en autos.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta que presenta la Delegada Autorizada de la Comisión de Honor y Justicia del XXII Ayuntamiento de Mexicali y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, téngasele haciendo valer causales de sobreseimiento, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, respecto a la manifestado por la responsable, con apoyo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días, computados legalmente, remita copias certificadas del expediente 1091/2017 de su índice, en virtud de ser necesarias para resolver el presente juicio. Apercibida que en caso de no hacerlo así, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo.

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