Dimpna Ordaz Mendoza

Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
922/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Dimpna Ordaz Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    (1) I. Trámite del incidente. Vistas las fotocopias de la demanda y, atento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado por ***, por propio derecho, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades;. II. Informe(s) previo(s). Así las cosas, pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe previo, que deberá(n) rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole(s) al efecto fotocopia sin certificar de la demanda de control constitucional; por lo que, en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrá(n) por cierto(s) los actos reclamados y se le(s) impondrá(n) multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe, o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. III. Audiencia Incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, señalan las nueve horas con quince minutos del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Precisión de los actos reclamados. Que en cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, y conforme a los artículos 138, fracción I, 139 y 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados sobre los que se admitió el juicio de garantías, son los siguientes: "1) Reubicación de ***, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once al dormitorio Nueve, zona Dos, estancia once, que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra *** por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de ***, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio cuatro, zona tres, estancia diez, que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional y a su dignidad. 4) Reubicación de *** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio cuatro, zona uno, estancia cuatro, que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de ***, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia cinco, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de ***, del dormitorio en cuatro, zona tres, estancia ocho, a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de *** y *** del dormitorio cuatro, zona tres, estancia nueve, a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de *** del dormitorio cuatro, zona tres, estancia doce, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de *** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia doce, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de ***, del dormitorio cuatro, zona tres estancia siete, a otro diverso que genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de *** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia diez, a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofísica. 12) Reubicación de *** del dormitorio diez a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional. 13) Traslado de los quejosos de la penitenciaria, de la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional" V. Concesión de la suspensión. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional respecto de los actos reclamados, para efecto que no se ejecuten. La medida cautelar de mérito se emite respecto de traslados decretados por autoridades administrativas, no por autoridades judiciales, facultadas constitucional y legalmente al efecto para ordenar tales medidas conforme a los numerales 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el entendido de esta medida cautelar no surtirá efectos si la orden de traslado reclamada deriva de alguno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, en casos de 1] delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; 2] riesgo objetivo para la integridad y la salud de(los) quejoso(s); y 3] que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario, dado que la autoridad penitenciaria se encuentra facultada legalmente podrá ordenar y ejecutar el traslado, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. La suspensión decretada tampoco surtirá efectos si la orden de traslado de centro penitenciario fue emitida por autoridad distinta a las señaladas en el escrito de demanda o si, al momento de emisión de este proveído, ya fue ejecutada. Lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten en su más estricta responsabilidad la medida cautelar otorgada. Es aplicable a lo anterior, por las razones que expone en su parte conducente, la jurisprudencia de contenido siguiente: Registro digital: 2023063 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1760 Tipo: Aislada "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." VI. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente cuaderno incidental, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes previos; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VII. Autorizados y domicilio ad litem. Por otro lado, conforme a la certificación de la secretaría, con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario ***, correspondiente al Defensor Público Federal ***; no obstante que los quejosos se encuentren recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, pues este no se señaló específicamente como domicilio para oír y recibir notificaciones. Tiene sustento a lo anterior, la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Época: Undécima Época Registro: 2025391 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 21 de octubre de 2022 10:31 h Materia(s): (Común, Penal) Tesis: 1a./J. 104/2022 (11a.) NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen.

  2. Principal

    (2) Notifíquese personalmente.

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