Diliam Montaño Hernández

Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
316/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Diliam Montaño Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    (6) Agréguese la fotocopia del oficio de cuenta suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dirigido al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Hidalgo, del que se advierte le remitió copias certificadas del juicio en que se actúa; ello, en cumplimiento a la vista concedida en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés (fojas 62 a 64). Por otra parte intégrese a los autos el oficio suscrito por ***, Fiscal de la Federación en Apoyo de la Célula II-2 Pachucha en el Estado de Hidalgo, a través del cual solicita se le comunique el estatus del juicio de amparo ***, en atención a lo anterior, se le comunica que el estado procesal que guarda dicho juicio de amparo indirecto es como totalmente concluido, y por tanto en archivo, de conformidad con el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, lo que podrá corroborar con la fotocopia certificada de la totalidad de las constancias que integran dicho juicio constitucional, el cual fue anexado al oficio *** suscrito por el fiscal federal de la adscripción, dirigido al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Hidalgo, entregado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el cual dio origen a esta solicitud que se atiende.

  2. Principal

    (4) Glósese el oficio STPSH/TECA/AMP/558/2023 signado por el Encargado de la Presidencia del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, mediante el cual en atención a los proveídos de veinte de febrero y siete de marzo, ambos del año en curso, manifiesta que debido a la carga de trabajo con la que cuenta dicho Tribunal, se encuentra imposibilitado para cumplir en tiempo con los requerimientos efectuados en los citados autos; por tanto, solicita se conceda una prórroga a efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento a lo solicitado. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad; en primer lugar, porque la oficiante no esgrime mayor argumento, ni exhibe elemento probatorio para justificar que por la carga de trabajo se ve imposibilitado a dar cumplimiento al fallo protector; en segundo lugar, porque el acto reclamado en el caso se hace consistir en la omisión de dictar medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el sumario laboral; y en tercer lugar, porque el primer requerimiento a la responsable se emitió desde el ocho de noviembre de dos mil veintidós, sin que a la data en que se actúa haya logrado el cumplimiento del mismo, a pesar de las gestiones que ha realizado. En ese sentido, concederle la prórroga solicitada coadyuvaría al retraso en el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, incurriendo en la falacia denominada "petición de principio", pues precisamente lo aquí reclamado es que no se han tomado medidas efectivas para cumplimentar el laudo; de ahí que no se provea favorablemente su solicitud. Por el contrario, se hace saber a la oficiante que debe formular requerimientos contundentes y hacer efectivas las medidas de apremio con las que aperciba a las autoridades, pues es lo que generará un verdadero impulso en el cumplimiento del laudo, de lo contrario el retardo en el cumplimiento del fallo protector será su única responsabilidad. Lo anterior, máxime que está obligada a dar observancia al principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Da sustento a los anteriores argumentos, la tesis aislada 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 299, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la oficiante que subsiste el requerimiento y apercibimiento formulados en proveído de siete de marzo del presente año.

  3. Principal

    (4) Glósese el oficio ******************** signado por el Director General de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo, mediante el cual, en cumplimiento del fallo protector, informa la imposibilidad para realizar los muestreos de cloro residual y análisis microbiológicos en la red de distribución del manantial "La Condesa", pues el mismo se encuentra cancelado desde el pasado veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, no obstante continúa realizando semanalmente los monitoreos de cloro residual y análisis microbiológicos en el agua que se suministra en las localidades de San Juan Hueyapan, mediante pipas que se abastecen del manantial "Los Cangrejos", cuyos resultados reflejan que cumple con los parámetros de calidad; asimismo, que desde dos mil dieciocho facilitó vehículos tipo pipa al municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, para atender las demandas de la población afectada. Para tal efecto, remite copias de diversas constancias consistentes en: - Resultados de análisis bacteriológicos realizados en diferentes puntos de la localidad de San Juan Hueyapan, Guadalupe Victoria y Santa María Nativitas, el treinta y uno de enero y seis de febrero de dos mil veintitrés. - Formatos de monitoreo de cloro residual, practicados en las localidades de San Juan Hueyapan, Guadalupe Victoria, y Santa María Nativitas, todas del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil veintitrés. En otro contexto, glósese el oficio sin número signado por el Coordinador General Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en nombre y representación de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, y remite diversas constancias consistentes en: - Oficio ********************, de quince de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Subcomisionado de Legislación y Dictamen de la Coordinación de Regulación Sanitaria de los Servicios de Salud de Hidalgo, en el cual se establecen las acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Oficio ********************, de quince de febrero del año en curso, signado por Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, de la cual se advierte las acciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución emitida, consistentes en visitas de inspección y verificación de la contaminación del Manantial "La Condesa", ubicado en la Laguna de San Juan Hueyapan, adjuntado copia del acta circunstanciada realizada el catorce de febrero de la presente anualidad. - Oficio ********************, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Director General de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, en el cual se precisan las acciones realizadas en las localidades de Santa María Nativitas, Guadalupe Victoria, y San Juan Hueyapan, todas del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, relativas a los monitoreos del cloro residual y análisis microbiológicos, facilitación de pipas para suministro de agua, y realización de obras. Con lo anterior, de conformidad con en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; en el entendido que las constancias remitidas por las autoridades responsables quedan a su disposición en este juzgado para que acuda a consultarlas, y en caso de no hacerlo este juzgado resolverá, en su momento, lo conducente con base a los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

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