Diego Ricardo Salceda Y de Tomás

Expediente 941/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
941/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Diego Ricardo Salceda Y de Tomás

Actuaciones

  1. Principal

    Oficio de cuenta. Por recibido el oficio 1.21922/2020 del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México, por el que por el que acusa recibo del juicio de amparo 941/2020, promovido por Diego Ricardo Salceda y De Tomás, del índice de éste órgano jurisdiccional, mismo que fue remitido por este Juzgado de Distrito, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintinueve de octubre del año en curso, e informa que no insiste en la incompetencia planteada por dicho órgano jurisdiccional; por tanto, acepta el conocimiento de la demanda de mérito. Determinación. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Oficio con el que se da cuenta. Por recibido el oficio 18000/2020, del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual remite los autos del juicio de amparo 38/2020, de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por Diego Ricardo Salceda y De Tomás, por su propio derecho; contra actos del Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral y otra autoridad. Acúsese recibo. En dicho oficio, comunica la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, a través del cual declina competencia en favor de este Juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo referido. Integración del expediente. Fórmese el expediente 941/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Ahora, no obstante las razones expuestas por en el oficio de cuenta, no se comparte el criterio del homologo federal para declinar la competencia por materia por los motivos siguientes: La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Así, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que el acto reclamado corresponde a la materia penal. Como primer punto, es de vital importancia mencionar que la competencia no debe ser confundida con la procedencia, esto es, con independencia de si el juicio de amparo resulta procedente o no, lo cierto es que sólo el órgano jurisdiccional competente puede emitir el pronunciamiento respectivo. La jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES", no es aplicable para dilucidar la competencia por materia entre jueces de amparo. En efecto, de los precedentes que le dieron origen a esa jurisprudencia se advierte con claridad que derivó de la resolución de conflictos competenciales de órganos jurisdiccionales comunes, en términos del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mas no de juzgadores de amparo. Si se ven dichos precedentes se advierte que los conflictos competenciales que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación se suscitaron entre jueces de primera instancia, tribunales agrarios y otros; de ahí que a consideración de este Juzgador, dicha jurisprudencia no resulta aplicable para dilucidar la competencia por materia tratándose del juicio de amparo. Incluso, de una lectura cuidadosa de esa jurisprudencia se advierte que alude a conceptos que no son propios del juicio de amparo, como son: "naturaleza de la acción", "prestaciones reclamadas", "preceptos legales en que se apoye la demanda" y "actor y demandado". Finalmente, robustece esa conclusión, el hecho de que en el propio texto de la jurisprudencia se estableció lo siguiente: "(.) la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción". Una vez que se ha demostrado que esa jurisprudencia no es aplicable para determinar la competencia por materia entre órganos jurisdiccionales de amparo, es importante establecer cómo se dilucida ese aspecto. La competencia por materia especializa a un juzgado para que conozca, tramite y resuelva asuntos de una misma rama del derecho, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales especializados en la rama civil, penal, del trabajo, administrativa, etcétera, y a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, a fin de cumplir con la prerrogativa de justicia pronta, completa e imparcial, establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal. De los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán, entre otros casos, de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Mientras que los jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán, entre otros casos, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren los artículos 50, fracción II (procedimientos de extradición) y 51, fracción III (leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa consiste en los oficios INE/DJ/DSL/SAP/14398/2019 y INE/DJ/DSL/SAP/14399/2019 ambos de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante los cuales la autoridad responsable determinó no permitir el acceso al perito en grafoscopía y documentoscopía de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a los registros del finado Ángel Cibrián Lueso, Juan Carlos González Robles y Miguel Darío Coronado López, con motivo del requerimiento girado por el agente del ministerio público encargado de la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-8/UI-1 S/D/04773/12-2018. En ese sentido, se estima que la naturaleza el acto es de índole penal, pues del acto reclamado se desprende que fue emitido con motivo de un requerimiento efectuado por el representante social con las facultades de investigación que le imponen los numerales 20, apartado C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 109, fracciones II, XXIV y XXV, y 131 fracciones I y XXIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo que puede advertirse que el fin que persigue es el de recabar información a efecto de integrar la carpeta de investigación de origen, con motivo de hechos probablemente constitutivos de delito. Y si bien del estudio de los actos reclamados se advierte que fueron citadas diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cierto es que el fin que persigue el requerimiento del Agente del Ministerio Público requirente es el de integrar la carpeta de investigación que tiene a su cargo, lo que indudablemente impacta en el ámbito de la materia penal. En tal virtud, si del análisis de los oficios reclamados se desprende que éstos se emitieron con base en el requerimiento efectuado por el representante social dentro de una carpeta de investigación, es obvio que pertenece a la materia penal. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado no acepta la competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Conclusión. Devuélvase el expediente relativo al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; asimismo, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, comuníquese que no se acepta la competencia declinada por las razones expuestas y, atentamente, solicítese el acuse de recibo correspondiente en el que se informe si insiste en declinar competencia. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios a Fernando David Sandoval Calderón, Óscar Sandoval Calderón y Alejandro Mariaca Meléndez, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. En otro contexto, agréguense a los autos para que obren como correspondan los diversos oficios signados por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que solicita se le informe si se aceptó o no la competencia declinada, en virtud de que en líneas anteriores se acordó lo conducente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese.

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