Diego Pastor Canales

Expediente 712/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 106 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
712/2016
Año
2016
Actuaciones
106
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Diego Pastor Canales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 106.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Asimismo, de autos se aprecia que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda exhibió diversas documentales; por ello, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante éste juzgado a recoger los documentos que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibido que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que desahogara la vista concedida. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "(.) lo procedente es otorgar a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para que la autoridad responsable y las vinculadas den cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad de fecha siete de enro de dos mil quince, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en los siguientes términos: Restituir a la parte actora en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectadas y el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, realice las acciones a fin de pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República. b) Se le paguen las demás prestaciones económicas a que tenga derecho, entendiéndose como estas, las remuneraciones diarias ordinarias, los beneficios, las recompensas, los estipendios, las asignaciones, las gratificaciones, los premios, las retribuciones, las subvenciones, los haberes, las dietas, las compensaciones o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios, desde el momento en que fue suspendido y hasta aquél en que se realice tal pago." Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en resolución de doce de enero de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión R.A. 337/2016, de su índice, confirmó la sentencia recurrida. En auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se recibieron los autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Este órgano jurisdiccional por acuerdo de treinta de marzo de dos mil diecisiete y con el objeto de fijar la cantidad liquida que corresponde a la parte quejosa por concepto de indemnización constitucional, así como de los haberes y demás prestaciones que dejó de percibir, aperturó el incidente innominado y una vez debidamente integrado el once de diciembre de dos mil diecisiete, resolvió que la cantidad a pagar al quejoso ascendía a $763,577.79 (setecientos sesenta y tres mil quinientos setenta y siete mil 79/100 moneda nacional) por concepto de salarios y demás prestaciones que le corresponden a la parte quejosa y $160.778.76 (ciento sesenta mil setecientos setenta y ocho pesos 76/100 moneda nacional) por concepto de indemnización constitucional. Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de queja, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien dictó testimonio en el toca Q.A. 18/2018 el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en la que confirmó la resolución del incidente innominado derivado del presente asunto. En auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó a la autoridad responsable entregara a la parte quejosa la cantidad precisada en autos. En acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, se le dio vista a la parte quejosa con la cantidad liquida de $676,607.97 (seiscientos setenta y seis mil seiscientos siete pesos 97/100 moneda nacional), por concepto de haberes y demás prestaciones, así como la indemnización constitucional por el periodo comprendido del dieciséis de abril de dos mil once al quince de octubre de dos mil diecisiete, precisada en la planilla de liquidación a favor del quejoso Diego Pastor Canales; exhibida por la autoridad responsable Policía Auxiliar de la Ciudad de México; cantidad con la que estuvo conforme la parte quejosa en auto de veintinueve del mismo mes y año. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Policía Auxiliar de la Ciudad de México informó que el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho se efectuó el pago ordenado a favor de Diego Pastor Canales, por lo que se le dio vista al quejoso a efecto de que manifestara lo que a su derecho convenga, y precisara si ya había acudido ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a canjear el citado documento por el cheque respectivo. En cumplimiento a lo anterior, en acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso manifestó que el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, le fue entregado el contra-recibo por la cantidad de $676,607.97 (seiscientos setenta y seis mil seiscientos siete pesos 97/100 moneda nacional), el cual ya había sido canjeado por el cheque respectivo en la misma fecha. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que en acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso manifestó que las autoridades no le habían pagado la totalidad de las prestaciones a las que tiene derecho, desde el momento en que le fue suspendido el pago de sus emolumentos y hasta el momento en que se realizó el mismo, ya que únicamente se le pago por el periodo comprendido de dieciséis de abril de dos mil once al quince de octubre de dos mil diecisiete, y que en el mismo auto se determinó que faltaba por cubrir al quejoso el periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Ya que si bien es cierto que este órgano jurisdiccional requirió la entrega de la cantidad que faltaba por cubrir al quejoso el periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho y que la autoridad informó las gestiones que se encontraba realizando para entregar la cantidad correspondiente; también lo es que en auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el autorizado informó que el quejoso Diego Pastor Canales falleció el doce de octubre de dos mil dieciocho, causada por acidosis metabólica relacionada con cáncer pulmonar, tal y como se advierte del acta de defunción que remitió en copia fotostática, por lo que se requirió por conducto de los autorizados del finado quejoso a sus beneficiarios para que dentro del plazo de diez días, informaran si era su voluntad continuar con el trámite relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, en caso afirmativo, debían precisar si ya se había designado albacea de la sucesión a bienes promovente del amparo. En autos de ocho de noviembre de dos mil dieciocho y veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en términos del artículo 16 de la Ley de Amparo, se suspendió el trámite relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, por sesenta días hábiles, a fin de que se nombrara albacea de la sucesión del quejoso Diego Pastor Canales. De igual manera se advierte que en acuerdos de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dieciocho de febrero, seis y veintiocho de marzo, veintisiete de mayo, treinta de abril, quince y veintiséis de mayo todos de dos mil diecinueve; doce de marzo de dos mil veinte y quince de junio de dos mil veintiuno, se requirió a los autorizados en términos amplios y a Ángeles Esperanza Hernández Sampayo acreditaran con los documentos idóneos quien era el albacea de la sucesión del quejoso y, a la fecha de la presente determinación transcurrió el plazo otorgado sin que fuera nombrado albacea, por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, se emite el acuerdo correspondiente conforme al artículo 16 segundo párrafo de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 16 de la Ley de Amparo precisa que si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción, y si la sucesión no interviene dentro del plazo de 60 días siguientes al en que se decrete la suspensión, el Juez ordenará lo conducente, según el caso de que se trate; y, en esta hipótesis, no obstante los diversos requerimientos efectuados en autos, a fin de que se lleve a cabo el apersonamiento del representante de la sucesión a bienes del finado quejoso, no se ha obtenido respuesta alguna. Es decir, la falta de apersonamiento del representante de la sucesión, provoca que los intereses de la parte quejosa no se encuentren debidamente representados, y por tanto impiden que pueda requerir a la autoridad responsable que faltaba por cubrir al quejoso del periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. . En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los intereses de la parte quejosa fallecida, cuya falta de tramitación del juicio de sucesión es atribuible en el caso al abogado patrono de la parte quejosa, impide al juzgador requerir el cheque correspondiente a la autoridad responsable, pues constitucionalmente no es válido que se requiera el pago de la cantidad referida a nombre de Ángeles Esperanza Hernández Sampayo sin llamar a juicio a las personas cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución, en el caso, el representante de la sucesión a bienes de la quejosa; o los familiares, si los hubiere, que tengan derecho a la sucesión. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por el no apersonamiento del representante de la sucesión, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de las partes. Por lo que no influye en esta determinación que el monto a devolver respecto del periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho no haya sido cobrado hasta la fecha, dado que la autoridad requerida cumplió con la obligación de acreditar las actuaciones que se encontraba realizando, empero, la parte quejosa fue omisa en informar el albacea de la sucesión del quejoso, a fin de que se emitiera el titulo de crédito; sin embargo, ello no es materia de la ejecutoria, pues como se advierte en líneas precedentes, la autoridad responsable acreditó las actuaciones realizadas, siendo responsabilidad de la parte quejosa realizar lo conducente a fin de nombrar albacea de la sucesión. Por tanto, la conducta omisiva, de las personas que en todo caso tienen derecho a la sucesión, notificados con la anticipación debida, no puede condicionar el cumplimiento de la obligación de la responsable. Esto es así, pues el procedimiento de ejecución de la sentencia no puede quedar indefinidamente sin resolver ante el desinterés de la parte quejosa. Sin que ello implique que no pueda acudir ante la autoridad con posterioridad a solicitar la entrega de la cantidad relativa al periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete al veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, se estima que la ejecutoria dictada en autos, se encuentra cumplida. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la Magistrada Instructora en la Ponencia Uno de la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual informa que los autorizados de la parte quejosa no han informado respecto de la sucesión a bienes del quejoso, es decir, no desahogaron el requerimiento formulado en auto de ocho de junio del presente año, no obstante que les fue debidamente notificado. Asimismo, informa que el apoderado legal de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, informa que solicitó se requiriera a la parte quejosa, lo que fue reservado por la citada Sala hasta en tanto se apersone el albacea o persona legitima que represente los intereses de la sucesión de Diego Pastor Canales; asimismo exhibe la planilla de liquidación. Lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes y se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de veintiséis de agosto del presente año, quedando sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Ahora bien, de autos se advierte que en acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en términos del artículo 16 de la Ley de Amparo, se suspendió por sesenta días el trámite relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, a fin de que se nombrará albacea de la sucesión del quejoso Diego Pastor Canales y, a la fecha de la presente determinación transcurrió el plazo otorgado sin que fuera nombrado albacea, por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, se emite el acuerdo correspondiente. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por el no apersonamiento del representante de la sucesión, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación a lo referido en párrafos que anteceden; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento respecto de la imposibilidad jurídica por falta de interés jurídico con base en los elementos que obran en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que no obra en autos constancias en las que se advierta si existe algún beneficiario o albacea en sus actuaciones y las actuaciones que se encuentra realizando a fin de que la autoridad demandada dé cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad ********************. Por ello, y toda vez que es obligación de este órgano jurisdiccional velar por el cumplimiento de las sentencias de amparo, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (antes Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México) para que el en término de cinco días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe el estado procesal que guardan los autos del juicio de nulidad ********************, en el entendido que deberá precisar si existe algún beneficiario o albacea en sus actuaciones y las actuaciones que se encuentra realizando a fin de que la autoridad demandada dé cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad ********************. En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias que estimen pertinentes para acreditar su dicho; en su defecto, manifestar la imposibilidad que tengan para hacerlo. Se apercibe a las autoridades que de no cumplir con el requerimiento, se les impondrá a cada una, una multa de cincuenta unidades de medida de actualización, conforme al artículo 237, fracción I, de Ley de Amparo. Notifíquese.

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