Diego Prado Laguardia
Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Diego Prado Laguardia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución dictada en este juicio de amparo de seis de abril del año en curso, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó la citada resolución a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el seis de abril de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por DIEGO PRADO LAGUARDIA, en representación de su hijo menor de iniciales D.A.P.C., por medio del cual informa bajo protesta de decir verdad, que el aludido menor quejoso, ya fue inoculado con las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Sentado lo anterior, es menester traer a colación que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto que la parte impetrante reclamó, medularmente lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de inocular al menor quejoso, con las dos dosis de la vacuna antes referida. Ahora bien, en la especie, debe decirse que respecto de los actos reclamados por el aquí quejoso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el mismo." Ello, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado por parte de las responsables, pues así lo ha sostenido el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 283, visible a fojas 190, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese sentido, se estima conveniente precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y convencional cuyo objeto constituye reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin último de restituirlo en el pleno goce de tales derechos que le han sido violentados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige a su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a pronunciarse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya instado. La causa de improcedencia antes señalada, se encuentra orientada por la imposibilidad de realizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, a fin de que se le restituya al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la señalada fracción XXII del invocado numeral 61, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo, si no se puede alcanzar su objetivo protector, cuando como en el caso el acto reclamado por la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En efecto, se arriba a la convicción de que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en que subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, la que se actualiza cuando el órgano de control constitucional advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte amparista, ni podrán concretarse, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que fue emitido. Lo anterior es así, porque de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estime violentadas, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues aun cuando subsista el acto reclamado, si se modifica la situación jurídica que surgió con motivo de él, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado susceptible de ser reparada, ello impide que el acto reclamado y sus efectos trasciendan a ésta última y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad específica. Los razonamientos expuestos encuentran punto de apoyo en la tesis 2ª.XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Se afirma lo anterior, toda vez que de las propias manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad del padre del menor, se desprende que el menor agraviado ya fue inoculado en el extranjero con las dos dosis de la invocada vacuna. Motivo por el que, si bien existe la omisión de las autoridades responsables, de inocular al menor quejoso, con las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, lo cierto es que, dicho acto de autoridad que en su momento generó molestia al quejoso, ya no le repara ningún perjuicio con motivo de haberse vacunado al menor quejoso en el extranjero (Texas, Estados Unidos de América) tal y como puede observarse de la COVID- 19 VACCINATION RECORD CARD, adjuntada con su escrito de mérito. De ahí que, ya no se le puede restituir en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, es inconcuso que en el caso, los efectos del acto de autoridad impugnado, consistente en la omisión de las autoridades responsables, de inocular al menor quejoso, con las dos dosis de la vacuna, aún y cuando en el fondo del asunto sean inconstitucionales, resulta jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estimare violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, precisamente en virtud de la vacunación realizada al menor en otro país (Texas, Estados Unidos Mexicanos). En las relatadas condiciones, debe concluirse que en la especie sobrevino la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Asimismo, déjense sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales, derivados del presente juicio de amparo y sin efectos la audiencia incidental para el NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, uno de abril de dos mil veintidós. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta, en el sentido de que hasta la presente fecha las autoridades foráneas con sede en la Ciudad de México, no han rendido sus informes previos, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con el que se les requirió; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que las responsables tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Por tanto, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que diversas autoridades que tienen su residencia en la Ciudad de México, aún no han rendido su informe justificado ni obran en autos las constancias de acuse de recibo de los oficios con los cuales se les solicitó. Ahora bien, de la revisión de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa se duele esencialmente de la omisión de aplicar de manera congruente la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 5 a 17 años sin comorbilidades, se aplique la vacuna Pfizer BioNtech al menor quejoso, con sus dos dosis. Acorde a lo anterior, se desprende como hecho notorio para esta Juzgadora que la emisión y los lineamientos de la Política Nacional de Vacunación para la aplicación de la vacuna "Pfizer-BioNTech" contra el virus SARSCoV2, corresponden a la autoridad denominada Secretaría de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, a fin de integrar con prontitud el presente expediente, y ante la falta del informe justificado de las diversas autoridades responsables de la Ciudad de México señaladas por los quejosos en su demanda de amparo, prevéngase a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, indiquen si insiste en señalar como responsables a las siguientes autoridades: -TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD. - TITULAR DEL COMITE NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA SECRETARIA DE SALUD. - PRESIDENTE CONSEJERO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. Todas las nombradas con sede en la Ciudad de México, ello a fin de estar en aptitud de integrar y resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento para la parte quejosa, que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se seguirá el presente asunto, sin tener a dichas autoridades como responsables, y únicamente se resolverá el juicio por cuanto a las autoridades residentes en la ciudad de México, cuyo informe justificado ya obra glosado en autos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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