Diego Martin Magaña Alvarado
Expediente 902/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Diego Martin Magaña Alvarado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veinte.Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veinte.Vista la demanda de amparo promovida por DIEGO MARTIN MAGAÑA ALVARADO Y DIEGO GASPAR MAGAÑA PÉREZ, contra actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida, Yucatán, Subdirector de Mercados Dependiente de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento Constitucional de Mérida, Secretario de Seguridad Pública en el Estado y Director de la Policía Municipal de Mérida; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostienen los quejosos en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio.Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de desalojo de la meseta número treinta y nueve, letra "B" del mercado municipal "5 de Febrero" de la colonia Alemán de esta ciudad, así como el cumplimiento de la misma. Ahora, esta Juzgadora advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, debido a que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia; dispositivos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De los preceptos legales transcritos se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución. Es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo, se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Así lo sostuvo en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro IUS 163152, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la racción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Se afirma lo anterior, dado que los quejosos DIEGO MARTIN MAGAÑA ALVARADO Y DIEGO GASPAR MAGAÑA PÉREZ, son parte dentro de un procedimiento administrativo de ejecución. En efecto, quien aquí resuelve invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación upletoria a la Ley de Amparo, que en este órgano jurisdiccional se tramitó el amparo 49/2019-IV, promovido por los aquí quejosos DIEGO MARTIN MAGAÑA ALVARADO Y DIEGO GASPAR MAGAÑA PÉREZ, donde reclamaron reclama el acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Subdirector de Mercados del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en el que se ordenó el desalojo del puesto 39-B del mercado municipal "5 de Febrero" de la colonia Alemán de esta ciudad, con motivo de la ejecutoria dictada en el expediente 28/2016, relativo al recurso de revisión promovido por Reyna Elvira Magaña Rodríguez, en la cual expresaron que fueron notificados del mismo el quince de enero de dos mil diecinueve, la cual fue desechada de plano, en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, pues no era la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Auto que fue recurrido ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, quien en sesión de once de abril del dos mil diecinueve, declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con número de Tesis VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento. De las constancias que anexaron a su demanda de amparo 49/2019 y a su escrito aclaratorio, se advierte la documental consistente en la resolución de doce de enero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 28/2016, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, así como la resolución emitida en el Amparo Directo 63/2018, en fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito obtenida del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), misma que se invoca como un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la que se ordena glosar en copia certificada a los presentes autos. Encuentra su fundamento porque los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, de donde se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales. Ahora bien, de dichas constancias se advierte que autos del expediente 28/2016, promovido por Reyna Elvira Magaña Rodríguez, contra un acto del Subdirector de Mercados del Municipio de Mérida, se reconoció a los aquí quejosos el carácter de terceros interesados, mediante acuerdo de doce de julio de dos mil dieciséis, por lo que se ordenó correrles traslado de la admisión del recurso de revisión para que se apersonaran al juicio. Siendo que mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se les tuvo por presentado con la contestación de demanda. Seguido su trámite, en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se emitió la resolución en el expediente relativo al recurso de revisión, en la que se estimó procedente y fundado tal recurso, y en consecuencia, procedió a declarar la nulidad de la resolución impugnada por Reyna Elvira Magaña Rodríguez, consistente en el acuerdo contenido en el oficio 815/SM/2016, de catorce de junio de dos mil dieciséis, emitido por el Subdirector de Mercados del Municipio de Mérida, mediante el cual contestó en sentido negativo la petición que realizó para que se le restituya la posesión y uso del puesto 39-B del mercado municipal "5 de Febrero" de la colonia Alemán de esta ciudad. Y para el efecto de que la autoridad demandada se pronunciara respecto de una probanza, y hecho lo anterior, emita la resolución que en derecho corresponda, fundando y motivando su determinación. Inconforme con lo anterior, los aquí quejosos promovieron juicio de amparo, siendo que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante resolución de seis dediciembre del año pasado, dictada en autos del juicio de amparo directo 62/2018, les negó el amparo y la protección de la justicia federal que impetraron. Siendo que con motivo de la ejecutoria de doce de enero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 28/2016, relativo al recurso de revisión, antes citada, el Subdirector de Mercados del Municipio de Mérida, emitió el acuerdo de catorce de enero del año en curso, en el que ordenó el desalojo del puesto 39-B del mercado municipal "5 de Febrero" de la colonia Alemán de esta ciudad, a efecto de restituirle a la referida Magaña Rodríguez la posesión y uso del bien inmueble de dominio público antes señalado, y que por esta vía defienden los quejosos. De ahí que, en el caso al ser parte los quejosos dentro de un procedimiento administrativo, el cual se encuentra en etapa de ejecución, tal y como ya quedó visto, se debe esperar a que se emita la últimadeterminación en dicha etapa, para acudir a esta vía biinstancial, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubieren dejado sin defensa. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, el amparo indirecto solo procede, tratándose de actos de tribunales administrativos, contra la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en la que se podrá hacer valer las violaciones procesales cometidas en esa etapa de ejecución. En tales circunstancias, al haberse actualizado las invocadas causales de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por DIEGO MARTIN MAGAÑA ALVARADO Y DIEGO GASPAR MAGAÑA PÉREZ, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Mismo criterio que sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 50/2019, en sesión de once de abril de dos mil diecinueve, respecto del desechamiento del auto de treinta de enero del propio año, en el citado expediente 49/2019, del índice de este Juzgado. Por otra parte, como lo señala el quejoso, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico que proporcionó al presentar su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020; asimismo, téngase como sus autorizados, a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que designa en su demanda de amparo, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con latramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y,solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se lesnotifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales quese ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente.
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