Diego Navarro Chávez
Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/08/2023
Partes del expediente
- Diego Navarro Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el citado proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes en trámite. b) En términos de los artículos 14, fracción III y 20, fracción I del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) El incidente de suspensión, es destruible, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva. d) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente y el cuaderno incidental serán destruidos una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de quince de junio de dos mil veintitrés, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación y exhibiera el pago que amparara lo anterior, a efecto de emplazar a este sumario al tercero interesado Mauricio Hernández Callejo; sin que se haya pronunciado al respecto. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el auto de referencia; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Lo anterior, toda vez que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), 5, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Por su parte, en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia se establece: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [...] b). Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se proporcione en que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último señalado para oír y recibir notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De igual forma, en el ordinal 5, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal se dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [.] b). La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agravio o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. [.]." De los preceptos en cita se deduce que en los juicios de amparo, en caso de no poder realizarse el emplazamiento al tercero interesado en forma personal, el mismo se practicará por edictos a costa del quejoso, para lo cual se pondrán a su disposición los ejemplares correspondientes para que los recoja y publique en el Diario Oficial de la Federación y en el de mayor circulación de la República Mexicana. En caso de que el inconforme no acredite haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el procedimiento constitucional. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), publicada en la página 1859, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Y, es que las determinaciones que se adoptan en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, de ahí que la falta de su emplazamiento a este asunto es atribuible al quejoso por la falta de publicación de los edictos y, por ende, lo torna improcedente pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a la contienda a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De manera que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, -a costa de la parte quejosa-, para lograr el emplazamiento del tercero interesado en cuestión, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio impetrante. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese a las partes que se deja sin efectos la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las las once horas con cinco minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de quince de junio pasado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Mauricio Hernández Callejo a través de edictos, en atención a las consideraciones expuestas en dicho acuerdo. Ahora de la primera certificación de cuenta, se advierte que se encuentra en transcurso el término de veinte días otorgado a la parte quejosa, en el referido acuerdo de quince de junio del año en curso, a fin de que acredite haber entregado los edictos correspondientes para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior. En diverso orden, de la segunda certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para su celebración el día de la fecha, no obstante para dar tiempo a lo expuesto en el párrafo que precede, se difiere, y en su lugar se señalan las once horas con cinco minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés, para su verificativo
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial de la adscripción para llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado ******, en el domicilio ubicado en "*****", por los motivos que ahí refieren. Circunstancia de la que se toma conocimiento. Ahora bien, del estado de autos del presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, de la cual se advertía la imposibilidad para poder llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados "Financiera Independiente y Conexia, Sociedad Anónima de Capital Variable" y ******, por los motivos expuestos, se requirió a la parte quejosa a fin de que proporcionara mayores datos para obtener su localización. Posteriormente, en proveído de catorce de abril pasado, se tuvo por recibido un escrito signado por el quejoso, mediante el cual, proporcionaba mayores datos de localización de la parte tercera interesada, y en atención a lo ordenado, se dejó de tener como terceros interesados a Financiera Independiente y Conexia, Sociedad Anónima de Capital Variable, y se procedió a ordenar el emplazamiento en el domicilio ahí mencionado únicamente por cuanto hace a ********************, y en veintiuno de abril siguiente, se dio vista a la parte quejosa con una nueva razón de imposibilidad, respecto de la diligencia ordenada. En veintisiete de abril del año en curso, la parte quejosa desahogó la vista ordenada el veintiuno de abril pasado, sin embargo, no se acordó favorable la práctica de la diligencia en el domicilio proporcionado, toda vez que existía identidad entre la dirección donde ya se había practicado la diligencia de emplazamiento, sin resultados favorables; por lo cual en dicho acuerdo se ordenó la búsqueda y localización del tercero interesado en comento; y mediante acuerdo de tres de mayo del año en curso, la parte quejosa proporcionó datos a nombre del tercero de referencia, los cuales solicitó se incorporaran a la búsqueda y localización ordenada el veintisiete de abril pasado, por lo cual se ordenó reexpedir los oficios a las autoridades descritas en dicho acuerdo. En ese sentido, una vez que se contó con la totalidad de los informes rendidos por las autoridades Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Valle de México Sur Zona Toluca, Secretaría de Relaciones Exteriores en Toluca, Estado de México, Secretaría de Finanzas en Toluca, Estado de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Director General del Instituto de la Función Registral del Gobierno del Estado de México, Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de México "1", con sede en México e Instituto Nacional Electoral, Delegación Estado de, el trece de junio del año en curso, se comisionó al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituyera en el domicilio ubicado en "*****"; diligencia que no se practicó en virtud de la razón de imposibilidad de cuenta. En esa tesitura, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que este Juzgado de Distrito ha agotado los medios necesarios para lograr la localización del tercero interesado ****; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, y en aras de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procédase a emplazar al citado tercero por medio de edictos, los cuales correrán a costa de la parte quejosa. Ello es así, porque de acuerdo con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, los edictos deberán contener una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, se hará saber al citado tercero interesado que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, la instauración de este juicio, así como el derecho que tiene de apersonarse al mismo si a sus intereses conviniere, requiriéndolo para que señale domicilio en esta ciudad de Toluca, Estado de México para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto haga lo propio y déjese a su disposición copia de la demanda de amparo en la Secretaría I de este Juzgado de Distrito y del auto admisorio, haciendo de su conocimiento en el acto que comparezcan a juicio la hora y fecha que se encuentre señalada para la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 38/2017 (10a.), publicada en la página 714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro y contenido son: "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." Asimismo, la jurisprudencia P./J.22/2015 (10a), Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, Décima Época, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo. " Además la jurisprudencia P./J.23/2015 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo tanto, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se dejan a disposición del quejoso ***** los edictos, en el local que ocupa este juzgado, para que se presente a recogerlos; asimismo, se le requiere, para que dentro del plazo de veinte días computado legalmente, acredite haberlos entregado para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior; apercibido que en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en este juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), publicada en la página 1859, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad. " De igual forma, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), localizable en la página 27, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo."
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes
- Diego Gorostieta Solorzano390/2022
- Diego Gorostieta Solorzano1727/2022
- Diego Gorostieta Solorzono1228/2023
- Diego Iván Hernández Gutiérrez51/2020
- Diego Jiménez Rodríguez1172/2021
- Diego Mondragón Durán254/2023
- Diego Raúl Medellín Aguilar603/2021
- Diego Ricardo Garza Taboada1013/2022
- Diego Salvador Lemus Archundia1806/2022
- Diego Uribe Margarita664/2021
- Diego Uribe Margarita33/2021
- Diego Vázquez González78/2023