Diego Jiménez Rodríguez

Expediente 1172/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1172/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Diego Jiménez Rodríguez
  • Juez de Distrito de Toluca

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible y que no existen documentos originales exhibidos por las partes, en términos del artículo 21, inciso b) de dicho Acuerdo, y que no existen originales exhibidos por las partes. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta formulada por el actuario judicial de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente al quejoso Diego Jiménez Rodríguez, la determinación de diecisiete de noviembre del año en curso, toda vez que, al constituirse en el domicilio ofertado por dicho quejoso en el proemio de su demanda de amparo, el ubicado en Circuito Metropolitano, Exterior sin número, San Gaspar Tlajuelilpan, Metepec, Estado de México, por las circunstancias ahí vertidas. En ese sentido, toda vez que de autos no se advierte domicilio diverso del quejoso, notifíquese el auto de fecha diecisiete de noviembre pasado, así como, las futuras determinaciones, por medio de lista que se publique en el local de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto, el mismo señale diverso domicilio procesal. MESA VI. Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de promovida por Diego Jiménez Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito de Toluca: Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa Victoria y Zinacantepec y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1172/2021-VII. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, presentada por la quejosa de mérito, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio, salvo que se trate de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, debido a que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En la especie, la demanda de amparo presentada es promovida por Diego Jiménez Rodríguez, sin embargo, la misma carece de firma autógrafa como incluso lo asentó el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Asimismo, tampoco se actualiza en la especie alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que este Juzgador este en posibilidad de estudiar la demanda de amparo, aun así, omitiendo firmar la misma. En consecuencia, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo que se pretende promover, sin la firma autógrafa de la quejosa, ésta, no expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con la misma se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; además, tampoco se aprecia que se esté bajo el supuesto expreso en el artículo 109 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Quinta Parte, Séptima Época, visible a página 71, que dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Asimismo, orienta sobre el particular, la tesis VI.1º.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Así como la diversa tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, Octava Época, visible a página 213, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." En consecuencia, ante la falta de firma autógrafa de Diego Jiménez Rodríguez, se procede desechar la demanda de amparo presentada, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el que cita en su ocurso inicial de amparo; asimismo, no ha lugar a tener por autorizados a las personas que señalan, ya que no se advierte el nombre completo de los mismos; no obstante, se dejan a salvo sus derechos a efecto de que designe diverso autorizado. En diversa tesitura, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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